Las conversaciones sobre el rescate han comenzado ya. La negociación de las condiciones con el BCE comenzó la semana pasada y, con ella, las consultas a la gran banca española. Según han revelado a Vozpópuli fuentes de esas conversaciones, Economía y Presidencia han discutido con las grandes entidades españolas los términos en que debería solicitarse esa ayuda.
Las entidades consultadas (que piden no ser identificadas) aseguran que la semana pasada tuvieron lugar “conversaciones” como parte de los contactos frecuentes que mantienen con el Ejecutivo. Esas fuentes niegan que se tratara de “presiones a Rajoy” para que pida el rescate pero todas las entidades han trasladado al Gobierno un mismo diagnóstico: los intereses que los mercados cobran a la banca española se rebajarían sensiblemente si España pide asistencia financiera a la UE.
Todas las entidades apuestan por una combinación de medidas: una petición de rescate que permita que el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) haga compras de deuda en el mercado primario –el que compra deuda directamente a los Estados—mientras el BCE actúa en el mercado secundario –comprando las entidades españolas deuda soberana emitida por el Tesoro.
El Presidente pide tiempo y apuesta por una línea precautoria preventiva
El Presidente del Gobierno ha pedido tiempo para no quedar “vendido” en una negociación sobre las condiciones y ha trasladado a las entidades su apuesta por una fórmula: una “línea de crédito precautoria condicionada”, según fuentes de esas conversaciones.
Los problemas de solvencia bancaria pueden dificultar el acceso a la fórmula de rescate que estudia el Gobierno
Oficialmente, el Gobierno no ha querido comentar las conversaciones y Economía tampoco ha querido comentar esos contactos.
Esa línea supone pedir un crédito con dos o tres años de vigencia para apoyar las políticas de saneamiento, evitando así el estigma de un rescate total. Técnicamente, España no estaría cualificada para pedir esa fórmula (porque exige la “ausencia de problemas de solvencia bancaria”) pero el Gobierno sostiene que la solvencia bancaria no está en cuestión y que España sí cumple con las condiciones macroeconómicas generales (deuda pública sostenible, acceso a los mercados de capital).
