Los supuestos tratos de favor por parte de la Bankia de Rodrigo Rato hacia Lazard, la firma para la que había trabajado el ex presidente del Gobierno con José María Aznar antes de aterrizar a Caja Madrid, empiezan a desmenuzarse en la extensa documentación aportada en la instrucción del caso Bankia. No sólo el juez de la Audiencia Nacional investiga a fondo los cinco contratos entre Bankia y Lazard. También los peritos Víctor Sánchez y Antonio Busquets. Los dos técnicos solicitaron a la entidad documentación sobre un contrato, por importe de 1,7 millones, que se pagó a Lazard el 20 de febrero de 2012.
En la documentación aportada por el nuevo equipo gestor de Bankia a los peritos, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se certifican una serie de irregularidades en este contrato. Destaca, especialmente, que Lazard inició sus trabajos el 1 de julio de 2011, pero, sin embargo, no fue hasta seis meses después cuando el comité de medios de Bankia aprobó dicho contrato. Concretamente, el 23 de diciembre de 2011. Obviamente, no existió concurso algo entre diferentes firmas para llevar a cabo estos trabajos.
Además, también existen diferencias en cuanto al objeto del contrato y la vigencia de éste. El concepto inicial del contrato quedó reflejado como ‘Honorarios de éxitos por servicios prestados’, según el acuerdo firmado con fecha 6 de febrero de 2012. Curiosamente, en este documento alguien había escrito a mano "por error", como se reconoce en la documentación, que el concepto de la misma era ‘la salida a Bolsa’. Sin embargo, Bankia ha aportado dos informes, basados en información pública no verificada por la firma Lazard, en el que se cambia el objeto de dicho contrato que queda titulado como 'Consideraciones sobre políticas de dividendos' de octubre y noviembre de 2011 en varias versiones.
Existen diferencias en cuanto al objeto del contrato y la vigencia de éste y en el plazo de ejecución de los servicios
Precisamente, los peritos solicitaron información sobre dichos informes en cuanto a la fecha de recepción en Bankia y la difusión que tuvieron en la entidad. La tercera diferencia se basa en el plazo de ejecución de los servicios. Según la factura, fechada en febrero de 2012, el acuerdo abarcó 8 meses (desde el 1-07-2011 hasta el 29-02-2012). Sin embargo, el comité de medios de Bankia lo aprobó para un período de 5 meses (entre el 1-07-2011 y el 30-11-2011).
Andreu lleva más de 23 meses investigando la relación de asesoramientos financieros entre la Bankia de Rato y el banco de inversión Lazard, presidido por Jaime Castellanos, ex socio del imputado banquero. En el curso de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción descubrió que la entidad encargó a Lazard una operación de la que no existe ningún tipo de registro a nivel contractual, según adelantó Vozpópuli el pasado mes de noviembre.
Se trata de la fallida venta del Banco de Valencia, por entonces filial del grupo BFA-Bankia, pocos días después de que el Banco de España descubriera una necesidad de provisiones y capital por importe de 1.200 millones de euros que evidenciaba su situación de insolvencia. Rato encargó a la firma presidida por su amigo Jaime Castellanos la elaboración del cuaderno de venta y las gestiones para la desinversión de esta participada, de la que BFA, la matriz de Bankia, controlaba un 27%. Un mandato que, en noviembre de 2011, se llegó a confirmar por ambas partes.
Sin embargo, este mandato no dejó ningún rastro de documentación. No existe contrato alguno, ni evidencia de que se efectuase un proceso de selección entre varias firmas para poner en marcha la venta ni tampoco la típica carta de nombramiento en la que Bankia, en este caso, hubiera comunicado a Lazard que había sido la firma designada para promover la desinversión del Banco de Valencia. Tampoco aparece registrado pago alguno a Lazard, según confirman estas fuentes. En Bankia no quisieron hacer comentario alguno sobre esta situación. "Toda la documentación existente sobre la relación de la anterior etapa de la entidad con Lazard se envió a la Audiencia Nacional", explican desde la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.
La labor de colocador de Lazard apenas llegó al mes. El 21 de noviembre de 2011, el Banco de España decidió intervenir la entidad valenciana por su delicada situación de solvencia y liquidez. El supervisor destituyó al equipo gestor de la entidad por personal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Además, el Estado tuvo que inyectar 1.000 millones de euros para reforzar sus niveles de capital, así como concederle una línea de crédito de otros 2.000 millones con vistas a garantizar su liquidez.
En la documentación remitida por Bankia al Juez Andreu, de la que informaba este medio el pasado 18 de octubre, no aparece tampoco rastro alguno de este contrato 'fantasma' con Lazard. El 5 de febrero de 2013, el juez Andreu dictó una providencia por la que reclamaba a Bankia y al Banco Financiero de Ahorros (BFA) los expedientes de los cincos contratos que la entidad financiera firmó entre mayo de 2011 y abril de 2012 con el banco de inversión presidido por Castellanos. El magistrado solicitaba toda la documentación "justificativa de la tramitación para la adjudicación formal y pago" de los mismos. El actual equipo de la entidad remitía un mes después toda la información sobre los mismos que obraba en sus archivos.
En ella se detallaba que el primero de dichos contratos tenía como objeto "la prestación del servicio de asesoramiento financiero para la salida a Bolsa de Bankia". El 6 de mayo se firmaba por un importe cercano a los 2,9 millones de euros. Cuando Bankia remitió a la Audiencia Nacional el escrito, la totalidad del mismo ya había sido abonado.
El segundo contrato bajo sospecha tiene fecha del 6 de febrero de 2012 y es sobre el que los peritos solicitaron información adicional. El siguiente acuerdo bajo sospecha fue firmado el 11 de abril de 2012. Con él, Bankia esperaba recibir "asesoramiento financiero en operaciones corporativas". Cuando se aprobó, el Consejo de Administración de la entidad financiera fijo un presupuesto máximo de 10,6 millones de euros. No obstante, el contrato contaba con una cláusula por la que Lazard percibiría dicha retribución en función de una escala prevista en el documento.
Bankia informó al juez que el banco de inversión no llegó a girar ninguna factura por dicho asesoramiento "y, en consecuencia, ni BFA ni Bankia realizaron pago de importe alguno"
Finalmente, Bankia informó al juez que el banco de inversión no llegó a girar ninguna factura por dicho asesoramiento "y, en consecuencia, ni BFA ni Bankia realizaron pago de importe alguno". El escrito remitido por el equipo jurídico aclara que el contrato fue resuelto el 18 de junio de 2012, dos meses y siete días después de su firma, aunque no especifica las causas.
Curiosamente, el cuarto contrato entre Bankia y Lazard se aprobó por el Comité de Medios de la primera entidad el mismo día que se rubricaba el anterior, aunque la firma del mismo se había producido ocho días antes, el 3 de abril de 2012. Por él, el banco de inversión de comprometía a ofrecer "servicio de asesoramiento financiero en la venta de participaciones de Fondos de Capital Riesgo pertenecientes a Bankia" por un importe cercano a los 1,2 millones de euros. Cuando el documento llegó al juzgado en marzo de 2013, de dicho importe aún quedaba por abonar dos partidas. Una primera, de 293.225 euros, Iva incluido, que Lazard ya había facturado pero que no se le había pagado. Y un segundo de 17.556 euros por los que el banco de inversión ni siquiera había emitido aún documento de cargo.
Finalmente, el quinto documento investigado ahora por la Audiencia Nacional fue el contrato firmado el 26 de abril de 2012 por el que el banco de inversión daba "servicio de asesoramiento financiero para la determinación de estructura de capital de BFA". El mismo fue el de menor cuantía de todos, 363.000 euros, con un incremento sobre el importe previsto ya que, como destacaba el escrito aclaratorio de Bankia remitido al juez Andreu, el aumento al 21% del Iva supuso un alza final del coste. El pago fue autorizado el 25 de junio siguiente y se abonó en su totalidad.
Estos cinco contratos han fomentado las sospechas de Anticorrupción que quedaron patentes durante el interrogatorio del fiscal Alejandro Luzón a Rodrigo Rato por el asunto de las tarjetas Black. El fiscal anticorrupción preguntó al ex vicepresidente del Gobierno sobre el origen de los 6 millones de euros que recibió de Lazard en 2011.
