Miles de afectados por la estafa de las preferentes esperan que el Gobierno les de una solución satisfactoria, a sabiendas de que Bruselas va a imponer sus reglas en el caso de aquellas entidades que han recibido dinero público. La semana que viene desfilarán por el Congreso de los Diputados la ex vicepresidenta Elena Salgado, el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato, entre otros. El problema de las preferentes será agitado por los principales grupos parlamentarios de la oposición y el PP ya tiene preparada su artillería para organizar su defensa.
Las claves de esta estrategia pueden encontrarse en la última intervención que ha tenido el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte en la Diputación Permanente del Congreso. Ha pasado completamente desapercibida, pero en ella dejó caer que el ex ministro Miguel Sebastián, en su etapa como director de la Oficina Económica de Moncloa, presionó a Carlos Arenillas, entonces vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que el regulador permitiera comercializar las preferentes a clientes minoristas, con el fin de responder al interés de algunas entidades necesitadas de liquidez.
El PP acusa a Sebastián de mediar ante la CNMV para defender el interés de algunas entidades financieras
Fue a partir de entonces, en el año 2004, a los pocos meses de aterrizar José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, cuando se inició la venta de estos productos a clientes que carecían de una mínima cultura financiera. El PSOE dejó sin respuesta las dos preguntas claves del diputado Pujalte: “¿Están ustedes seguros de que un señor que se sentaba en la Oficina Económica de Presidencia no llamó al vicepresidente de la CNMV para decir, por interés de algunas entidades, que se comercializaran [las preferentes]?”. “¿Ustedes me aseguran que no se produjeron esas llamadas de la Oficina Económica del presidente y luego ministro al vicepresidente –esposo de una ministra- de la CNMV?” La ministra en cuestión a la que se refiere el portavoz económico del PP es la ex titular de Educación Mercedes Cabrera, casada con Carlos Arenillas.
Con esta intervención de ex altos cargos socialistas es, a juicio del PP, cuando los ciudadanos corrientes empezaron a “encontrarse presos” de las preferentes, pues hasta 2004 solo se habían puesto en manos de clientes institucionales.
El aviso del PP al PSOE hay que interpretarlo en el contexto de las dificultades que está encontrando el ministro Luis de Guindos para pactar con los socialistas un escenario de no agresión en el escándalo de las preferentes, después de las reuniones mantenidas por el ‘número dos’ de Economía, Fernando Jiménez Latorre, con el ex ministro Valeriano Gómez.
El pasado martes, en su estreno en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, advirtió que la solución en la que trabaja el supervisor para las preferentes parte de dos restricciones: las reglas sobre ayudas de Estado que rigen en Bruselas y las imposiciones que deriven del memorando que se firmará mañana viernes para desbloquear el rescate bancario.
El Banco de España se someterá a las reglas de Bruselas sobre ayudas de Estado y a las imposiciones que marque el memorando del rescate bancario
El Gobierno sabe que el de las preferentes es un escándalo político y económico de envergadura que puede derivar en un duro enfrentamiento en los próximos meses, de ahí que para prevenir el incendio ya se haya puesto en contacto con los portavoces del PSOE, CiU y PNV.
El grueso del problema se concentra en las cajas intervenidas, pues el resto ya ha buscado soluciones no demasiado lesivas para los clientes. En mayo de 2011, cuando comenzaron los canjes por otros productos menos complejos, había 22.000 millones de saldo vivo en preferentes. Ahora, hay 7.500 millones de euros en preferentes sin canjear, la mayoría en entidades que han recibido dinero público. De ellos, Bankia tiene 3.200, Novagalicia, 961, y Catalunya Caixa, alrededor de 500. Los que fueron máximos responsables de estas entidades se explicarán en el Congreso a partir de la semana que viene.
