La Seguridad Social dedica cada año 22.871 millones de euros (el equivalente al 1,6% del PIB) a afrontar gastos que no le corresponden, distintos al pago de pensiones contributivas, según ha informado este miércoles el ministro José Luis Escrivá.
Aunque estas partidas no suponen el grueso del gasto del sistema de Seguridad Social, que cada mes desembolsa unos 9.000 millones de euros en el pago de pensiones, sí suponen un importante coste para el sistema, cuyo déficit se verá incrementado este año hasta el 2% del PIB.
Por esta razón, Escrivá propone transferir estos gastos al Estado, para que sea la Administración Central la que los asuma. Esta idea está en la agenda del ministro desde el día que tomó el cargo, como ya contó Vozpópuli.
En concreto, quiere delegar el coste de pagar políticas no contributivas, que le cuestan al sistema 11.305 millones de euros; y los gastos de funcionamiento del propio sistema, que actualmente se pagan con las cotizaciones sociales de los trabajadores, y suponen un coste de 3.911 millones de euros.
Prestaciones que pagaría el Estado
Quiere delegar también el pago de prestaciones como la que conceden por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones de euros), el pago del complemento por maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales -Mar, Agrario o contratos de formación- (1.014 millones de euros), y el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión de jubilación (788 millones).
Por último, Escrivá cree que la Seguridad Social no tendría que asumir ciertas reducciones en la cotización, como las tarifas planas de los autónomos, las reducciones del Sistema Especial Agrario, las del Sistema Especial de las Empleadas del Hogar, o las reducciones para la contratación del Régimen General. Todas estas deducciones suponen un coste de 1.818 millones de euros.
El ministro ha propuesto a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados que hagan una recomendación sobre la separación de fuentes del sistema, es decir, que propongan que todas estas partidas pasen a ser financiadas por el Estado.
El hecho de que este gasto de 23.000 millones tenga que asumirlo la Seguridad Social provoca una "imagen distorsionada de desequilibrio del sistema, generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población", considera el ministro, que cree que si ese déficit no tuviera que asumirlo el sistema la gente estaría más tranquila sobre el futuro de sus pensiones.
