STC se impacienta con el Gobierno. La operadora de telecomunicaciones saudí no entiende la demora del Ejecutivo de Pedro Sánchez para autorizar a la compañía hasta llegar al 9,9% de la teleco española.
Vozpópuli avanzó hace semanas que una nutrida representación de Arabia Saudí se reunió con el Ministerio de Defensa en Madrid para desbloquear la operación y Margarita Robles terminó por convencerse para que, por primera vez, entrase una compañía de origen saudí en Telefónica.
Cabe recordar que STC ya ostenta un 4,9% del total de la operadora dirigida por José María Álvarez-Pallete. STC adquirió el 4,9% de forma directa y actualmente ya es uno de los principales accionistas de la compañía, si bien estaba a la espera de la validación del Gobierno para poder escalar a la cifra anteriormente citada. El resto de títulos lo tenía en forma de instrumentos financieros, pero una vez que se dé el visto bueno ya podrá tener en su poder el total de títulos con los que pretendía en un principio.
La operación llevada a cabo está valorada en unos 2.300 millones de euros, una cifra similar a la que ha desembolsado la Sepi, vehículo inversor del Estado, para acceder al accionariado de Telefónica. El Gobierno decidió realizar este movimiento para protegerse de posibles movimientos de STC dentro de la teleco.
Este periódico también informó que el martes 5 de diciembre se iba a aprobar en Consejo de Ministros la culminación de la irrupción en Telefónica. Sin embargo, la DANA que asoló Valencia trastocó los planes del Gobierno y los anuncios que se esperaban sacar adelante se frenaron para implantar ayudas a los damnificados. Las dos reuniones posteriores a la tragedia solo trataron de los apoyos que Moncloa brindará a las familias y empresas que lo han perdido todo.
Pero STC esperaba que la semana pasada se concluyera, de una vez por todas, la operación. A pesar de las especulaciones, fuentes del Ejecutivo avanzaron antes de la celebración del Consejo de Ministros que se iba a demorar, al menos, una semana. El diario Cinco Días adelantó recientemente que, esta vez sí, habrá fumata blanca el próximo martes.
Esta larga espera no ha sentado nada bien en las oficinas de la operadora saudí y fuentes del sector remarcan a este periódico que “STC ha presionado al Gobierno de Pedro Sánchez para que se dé por finalizada la entrada”. Además, indican que la compañía necesita acometer sus planes antes del fin de año”.
Fuentes gubernamentales arguyen que el proceso, que va para casi un año, se ha dilatado ante la dificultad de la operación, puesto que Telefónica es una compañía estratégica y que, a su vez, ha tenido que pasar por la Junta de Inversiones Exteriores. Dicho organismo se compone de un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), otro de la dirección operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, y uno de cada ministerio, con rango mínimo de subdirector general.
Este último paso ya se ha superado y solo falta que se valide en el Consejo de Ministros. A priori, y tal y como avanzó Cinco Días, se espera que esta misma semana salga adelante la orden de Moncloa. Será en este momento cuando STC pueda escalar hasta el 9,9%.
Cambios en el Consejo
Una vez que STC controle el 9,9% se iniciará una batalla por los asientos del Consejo de Administración. Como informan fuentes del sector, lo lógico es que STC pida un asiento en el órgano ejecutivo. En la actualidad, el consejo de administración consta de 15 miembros. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica no está obligada a aumentar el número de asientos, algo que tampoco contempla la propia compañía. Esta situación origina un verdadero juego de tronos entre los accionistas para aumentar su participación en el órgano.
Cabe destacar que el máximo accionista de la compañía es el Estado, a través de la Sepi. Pero es de esperar que, con la nueva reconfiguración, Moncloa pida un segundo asiento, al igual que Criteria Caixa.
La Sepi, que ya tiene el control del 10% de la operadora, se suma al incipiente interés de Criteria Caixa y de STC. El grupo saudí espera que el Gobierno le dé el beneplácito para transformar los derivados en acciones, lo que supondría tener una participación del 9,9% y, así, solicitar la entrada en el consejo de administración. La entrada de un hipotético nuevo consejero obligaría a que fuera mujer para cumplir con la ley de paridad aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
