El Ministerio de Trabajo ha vuelto a la carga con su intención de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021 y ha asegurado que en este mes se conocerá el dictamen de su comité de expertos sobre cuánto debe subir en los próximos tres años y a qué ritmo, a pesar de que dentro de este grupo existen dudas aún sin resolver.
"El Gobierno no ha abandonado esa idea y está esperando a que las conclusiones del grupo de expertos se produzcan de forma definitiva. Han hecho un trabajo con rigor científico muy importante, les ha llevado mucho tiempo y análisis no precisamente sencillos. Confiamos en que a lo largo del mes de junio la comisión pueda dar un dictamen sobre qué salario hay que fijar y qué senda de crecimiento del SMI para los próximos años hace falta para que converja con el 60% del salario medio", ha recalcado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, en la rueda de prensa para comentar los datos de paro.
Sin embargo, la misión que tenía encomendada ese grupo no ha sido nada fácil y hace unas semanas todavía no habían sido capaces de definir cuál es el salario medio en España y, por tanto, cuál sería en euros el 60% de ese salario medio, para conocer hasta dónde debe subir el SMI, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas al grupo.
La complejidad es técnica o incluso aritmética, ya que ni la Unión Europea ni la OCDE han dado directrices sobre cómo se debe calcular cuál es el salario medio o mediano de un país.
El objetivo es que el salario mínimo llegue a suponer el 60% de éste para poder cumplir con la Carta Social Europea, pero para poder alcanzar ese objetivo primero hay que definirlo. Fuentes del diálogo social han apuntado que esta cuantía podría oscilar entre los mil y los 1.200 euros, pero nunca se ha confirmado la cifra oficialmente.
Trabajo usará el informe en la mesa de diálogo social
Una vez superada la dificultad de definir hasta qué cantidad hay que subir el SMI, desde los 950 euros en catorce pagas en que se sitúa actualmente, el Gobierno tendrá que ir a la mesa de diálogo social, a la que previsiblemente presentará el informe del Comité de Expertos.
Este Comité, que fue creado de forma unilateral por la cartera de Yolanda Díaz, está integrado por un grupo de siete académicos; un representante de este ministerio, Manuel Lago Peñas (quien fue compañero del padre de Yolanda Díaz en CCOO y posteriormente miembro de En Marea en el Parlamento gallego, hasta trasladarse a Madrid para ser asesor de la ministra); César Veloso Palma, por parte del Ministerio de Hacienda, y Carlos Cuerpo Caballero, director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y exdirector de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Trabajo también invitó a ese grupo a los agentes sociales, pero mientras UGT y CCOO decidieron participar, los representantes de CEOE y Cepyme no han querido acudir, al no tratarse de la mesa de diálogo social y no estar de acuerdo en la conveniencia de subir de nuevo el Salario Mínimo, después de las subidas del 27% acumuladas en los últimos dos años.
El Ministerio de Nadia Calviño se alineó con los empresarios en esta postura en la recta final de 2020 y consiguió paralizar la subida del SMI mientras no se consolidara la recuperación económica.
De hecho, el Gobierno no incluyó en su Plan de Recuperación enviado a Bruselas su intención de subir este indicador, pero bien es cierto que tampoco trasladó a la Comisión su voluntad de derogar la reforma laboral del PP de 2012 y, aún así, Yolanda Díaz ha insistido recientemente en que sigue entre sus planes.
Dada la negativa por parte de los empresarios a subir el SMI, parece difícil que el Gobierno pueda aprobar esta medida con un acuerdo en la mesa de diálogo social.
Recomendaciones del CES respecto al Salario Mínimo
En este sentido, el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo de Moncloa en materia económica y laboral, ha señalado en su Memoria anual, publicada este miércoles, que hay evidencia empírica de que las subidas del Salario Mínimo que no son consensuadas pueden generar un impacto negativo a nivel macroeconómico. Lo mismo sucede si el SMI se sube por encima del 60% del salario medio de una economía.
"Históricamente se ha producido un impacto negativo en la economía si se ha ajustado de manera abrupta y sin acuerdo", advierte Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas y experto nombrado por el Ejecutivo en el CES.