El sindicato de controladores aéreos USCA ha alcanzado un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid en el que se compromete a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por la huelga de diciembre de 2010.
Según han informado a Efe fuentes de USCA, dicha medida, con la que se pretende "evitar la locura" y los problemas derivados de la celebración de un juicio, queda condicionada a la aceptación del mismo acuerdo en Mallorca, donde 84 controladores, en torno al 53 % de la plantilla, se encuentran procesados por posible sedición, delito castigado con más de ocho años de prisión.
De momento, los perjudicados personados en la causa que actualmente instruye un juzgado de Instrucción de Madrid ya han comenzado a percibir sus indemnizaciones, unos 1.000 euros más posibles gastos, cifras superiores a las fijadas para el resarcimiento por daño moral, como adelanta hoy El Mundo.
El acuerdo requiere, una vez que los pasajeros reciban tales cantidades, la retirada de la denuncia por parte de todas las acusaciones particulares ya que, en caso contrario, el caso continuaría su curso hasta llevar a juicio a los 133 controladores contra los que se dirige el proceso en la capital.
Una circunstancia que también se produciría de ser rechazado en el segundo y último procedimiento activo de los 22 inicialmente interpuestos, en Palma, donde la Audiencia Provincial ordenó retomar las pesquisas en 2014 a instancias de la Fiscalía tras un primer archivo por parte del juez de Instrucción.
Negociaciones "muy avanzadas"
En su auto de procesamiento, dictado en 2016, el magistrado sostenía que el cierre del espacio aéreo durante aproximadamente 20 horas, entre la tarde del viernes 3 al sábado 4 de diciembre de 2010, que afectó a más de 600.000 personas al comienzo del puente de la Constitución, "fue una consecuencia inevitable de la ausencia de controladores en sus puestos de trabajo".
Hechos que "pueden ser constitutivos de delito y no un mero conflicto laboral", relataba el escrito, que reproducía parte de las conversaciones entre la torre y el centro de control de Palma que pondrían de manifiesto un concierto entre los controladores para paralizar los servicios como medida de presión sobre el Gobierno.
Desde USCA apuntan a que las negociaciones en la isla, si bien quedan "algunos flecos", se encuentran "muy avanzadas", e insisten en la importancia de alcanzar este acuerdo para poner fin a un conflicto que dura ocho años y que, aseguran, pasa factura a la concentración de una plantilla "que requiere de atención extrema".
Además, añaden que un supuesto juicio podría suponer reducir el flujo aéreo "más de la mitad" en un momento de crecimiento exponencial del tráfico, que en los dos primeros meses del año ha aumentado más de un 8 % respecto a 2017.
