El Gobierno se prepara para la batalla judicial que podría arrancar en caso de que la enmienda que rebaja los alquileres de Aena se apruebe este jueves en el Congreso. Esta propuesta está incluida en el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y fue aprobada la semana pasada en el Senado con el apoyo de PP, ERC, Bildu, JxCat y CC; y con el voto en contra del PSOE.
El objetivo es promover rebajas en la renta mínima garantizada anual (RMGA) que pagan los inquilinos de los comercios ubicados en los aeropuertos españoles, adaptándolas a las caídas de tráfico respecto a 2019. Una medida que Aena considera "inconstitucional" y que generaría "inseguridad jurídica", según informan a Vozpópuli fuentes cercanas a la compañía semipública.
La enmienda afectaría a todos los operadores, con independencia de que ya hubieran aceptado la oferta de Aena de rebajar el alquiler en un 50% o hubieran perdido ante el gestor aeroportuaria unas medidas cautelares en los tribunales. Esto tendría un perjuicio multimillonario para la empresa de la que es propietario el Estado en un 51%, que ha contratado a PwC como asesor legal para dar la batalla en caso de que salga adelante.
El TC y Bruselas, las vías del Gobierno
Fuentes conocedoras de la situación aseguran a este medio que el Gobierno confía aún en poder salvar el resultado en la votación; pero si finalmente se aprobara por mayoría simple, tiene opciones legales previstas. Una de las vías posibles sería recurrir la decisión al Tribunal Constitucional (TC) al considerarlo "inconstitucional".
Para interponer el recurso de inconstitucionalidad están legitimados el presidente del Gobierno, el defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Los propios jueces y tribunales también podrían plantear la cuestión de constitucionalidad ante el TC.
El Gobierno también podría llevar el conflicto a la Comisión Europea (CE), pues el Ejecutivo comunitario "podría considerar que se están dando ayudas de Estado a las empresas, algo que la UE prohíbe, aunque con la pandemia se ha abierto un poco la mano", comentan las fuentes cercanas a Aena consultadas por Vozpópuli.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las ayudas de Estado que beneficien a determinadas empresas y falseen la competencia, aunque en ciertos casos pueden ser autorizadas. En este caso, serían los inversores (entre ellos, el Estado) los que deberían registrar la demanda de arbitraje ante Bruselas.
Deja sin efecto todos los acuerdos
La enmienda recoge, por un lado, que "la parte proporcional de Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) establecida en los contratos correspondiente al periodo de tiempo que se extiende entre el 15 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y no será exigible su pago por Aena". El gestor aeroportuario ya había propuesto esta medida a sus inquilinos.
A partir del 21 de junio de 2020 y hasta septiembre de este año, Aena había propuesto a los comerciantes reducir la renta en un 50%, volviendo a cobrar el 100% a partir de octubre. Sin embargo, la enmienda recoge que la renta mínima "quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros del aeropuerto" respecto a los niveles de 2019 y "se aplicará en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros sea igual al de 2019".
Además, esta modificación "tendrá carácter obligatorio para Aena y producirá plenos efectos jurídicos aún cuando las partes hubiesen alcanzado acuerdos diferentes". Hay que recordar que varias empresas han librado sus propias batallas en los tribunales para modificar los contratos y lograr una quita en el alquiler, y Aena había ganado algunos de los pleitos.
Hasta 2.000 millones en juego
Por otro lado, los propios comerciantes están haciendo fuerza para que la enmienda salga adelante. El presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (Aeoca), Manuel Zea, se ha dirigido por carta a varias formaciones políticas explicando la importancia de su aprobación. En ella recuerda que el 70% de las empresas inquilinas son pymes, aunque sólo representan el 15% de los ingresos por alquileres del operador público.
Entre las firmas de lobby legal que han logrado frenar los alquileres de la empresa estatal en el Senado y esperan conseguirlo en el Congreso está la consultora Acento, que dirigen los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), tal y como ha avanzado este miércoles El Mundo. También han contratado a Llorente y Cuenca para estos servicios, algo que fuentes cercanas a Aena califican de "paradójico" por el coste que ambos contratos puede tener.
Además de los pequeños comerciantes, los gigantes Dufry, Áreas, o SSP están librando este pulso multimillonario contra Aena. Las multinacionales podrían ahorrarse hasta 1.500 millones de euros si el Congreso aprueba este jueves la enmienda, tal y como ha avanzado Vozpópuli. La cuantía total que está en juego asciende a 2.000 millones, según las estimaciones realizadas por el Banco Santander y avanzadas por Expansión.
Distintas asociaciones de comerciantes y restauradores han expresado su preocupación y malestar por la situación "extremadamente grave" que se generará si Aena vuelve a cobrar el 100% del alquiler desde este mes de septiembre. La Cámara Baja aprobó la enmienda el pasado mes de junio y este jueves, tras completar su tramitación en el Senado, el proyecto vuelve al Congreso, que votará las modificaciones realizadas en la Cámara Alta.
