Aena está amenazando a los comercios de los aeropuertos que siguen cerrados por la pandemia con cobrarles el triple del alquiler si no abren, según ha podido saber Vozpópuli.
El gestor aeroportuario, participado en un 51% por el Estado español, está enviando cartas a los inquilinos advirtiéndoles de que los contratos firmados antes de la crisis sanitaria incluyen una cláusula que le permite exigir el pago de una penalidad diaria de tres veces la renta.
Fuentes cercanas a las tiendas involucradas alegan que sigue sin recuperarse el 50% del tráfico internacional, por lo que no les compensa abrir y/o sacar a sus empleados de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
"No podemos pagar a empleados como si hubiera el 100% del tráfico cuando hay el 30%; nos aboca al concurso", dice una de estas fuentes. Inciden a la vez en el cambio sobrevenido de las circunstancias que ha supuesto la covid.
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En una carta enviada por Aena el pasado 22 de julio a uno de los negocios cerrados, la empresa semipública advierte que "en virtud de la cláusula Acceso al local y horarios de apertura del contrato" que "el local deberá estar en todo caso abierto de forma permanente durante todos los días en que el aeropuerto permanezca abierto, iluminado y con sus instalaciones y equipos en marcha".
En caso de que el adjudicatario incumpla esta obligación, "estará sometido al pago de una penalidad diaria de tres veces la Renta diaria, sin perjuicio del derecho que asiste a Aena de resolver el contrato y reclamar la correspondiente compensación. En su caso, la penalidad prevista en este párrafo se añadirá a dicha compensación", continúa el escrito, al que ha tenido acceso este medio.
En este sentido, y por medio de la comunicación formal, Aena insta al inquilino del local a proceder a la apertura del mismo "con carácter inmediato" y "en un plazo no superior a 48 horas desde la recepción del correo electrónico". Y en caso de que el requerimiento no sea atendido, advierte de que "podrá imponer la penalidad prevista en la cláusula antes reproducida".
Ello, además, "sin perjuicio del derecho de Aena de instar la resolución del contrato por dicho incumplimiento y reclamar la compensación que, por tal motivo, proceda", sentencia en el escrito la empresa dirigida por Maurici Lucena.
La batalla de Aena con sus inquilinos
Aena se encuentra sumida en una batalla judicial con gran parte de sus inquilinos comerciales por el pago de la renta del alquiler durante los meses de pandemia. El gestor aeroportuario ofreció a sus inquilinos a principios de este año un descuento del 100% de la renta mínima durante el primer estado de alarma y del 50% entre junio de 2020 y septiembre de 2021; aunque no todos los clientes comerciales aceptaron.
Si todos los clientes hubieran aceptado estas condiciones, la empresa hubiera /perdonado" alrededor de 800 millones de euros entre 2020 y 2021, según cálculos de Aena. Sin embargo, los que han aceptado sus nuevas condiciones solo representan alrededor de la cuarta parte del negocio por este concepto del gestor aeroportuario.
Con la reactivación de los viajes aéreos a medio gas, todavía parte de los comercios de los aeropuertos continúan cerrados. De hecho, algunos clientes han mostrado su descontento por este asunto en redes sociales: "No entiendo que con una Ibiza casi al 70% no haya en el aeropuerto ningún lugar donde comprar la prensa ni revistas", reclamaba un usuario en Twitter.
En respuesta a este mensaje, la empresa semipública aseguraba que algunos de los contratos "vencieron en el peor momento de la pandemia" y está "diseñando las licitaciones públicas para reabrir los locales lo más pronto posible". Por otro lado, a los inquilinos que todavía no han recuperado su actividad, les está reclamando la apertura de dichos locales con el horario estipulado en los contratos.
Por contra, la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA) creada por el despacho Fieldfisher Jausas, que busca agrupar a los pequeños comerciantes 'rebeldes' de Aena, esgrime que la oferta del operador cuyo principal accionista es el Estado les obliga a pagar hasta un 75% más de lo que consideran razonable, partiendo de que consideran que la del operador semipúblico es una posición de partida 'monopólica'.
En los últimos días, se han dirigido por carta a la flamante nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que intermedie en favor de que las rentas de los inquilinos de Aena se liguen directamente a sus ventas, un extremo que levanta ampollas en todo el sector inmobiliario.
