En plena crisis de la luz, el Gobierno ha puesto el foco en las centrales hidroeléctricas. Unidas Podemos ponía, de nuevo, encima de la mesa la posibilidad de crear una eléctrica pública que frenará, entre otras cosas, que la energía del agua se pague ‘a precio de gas’. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se ha negado en varias ocasiones a la creación de este ente público, concedía a sus socios la posibilidad de quedarse con las presas cuando se le terminase la concesión a empresas como Iberdrola, Endesa o Acciona. Un escenario para el que quedan diez años.
Según explican fuentes del sector a Vozpópuli, aludiendo al informe de la asociación ciudadana Observatorio de la Sostenibilidad, hasta 2031 no se termina la concesión de las 45 principales centrales hidroeléctricas que hay en España. Los datos apuntan en que en total existen 1.350 centrales, de las que 1.300 serían consideradas minicentrales. La gestión de estos puntos de producción eléctrica se iniciaron en torno a 1950, en la época de la dictadura de Francisco Franco, y se concedían por períodos de 75 años.
Los datos que facilitaba el Ministerio para la Transición Ecológica a eldiario.es limitaba estas centrales por renovar en 2031 a 31 centrales, con una potencia de 700 megavatios frente a los 20.000 megavatios de potencia instalada que tiene la hidráulica en España. Que, como informaba El Confidencial, llevaría a que en diez años el Gobierno solo pudiera tomar el control del 3,5% de la electricidad que se genera del agua.
“La alternativa que pone Teresa Ribera encima de la mesa, tras la presión de Unidas Podemos, no soluciona, ni de lejos, el problema de altos precios eléctricos que tenemos y que se mantendrán, como mínimo, hasta 2022”, detallan fuentes solventes del sector eléctrico. “Ofrecer soluciones a cinco o diez años vista en estos momentos es ofrecer nada. No se sabe ni qué mercado eléctrico habrá, cuántos cambios se habrán hecho por los diferentes gobiernos y que tipo de necesidades energéticas tenemos”, añaden.
Una de las medidas que se plantean es poder cambiar las condiciones de las concesiones y hacer algo así como una concesión por operación y mantenimiento. Un escenario donde la empresa podría recibir una recompensa por la gestión de estos activos y el ingreso de estas centrales sea para el Estado. “Es una fórmula que puede funcionar en el futuro, porque el conocimiento y los profesionales que existen en las grandes centrales son empleados de Iberdrola, Endesa, EDP o Acciona”, matizan.
El Gobierno contra las empresas
Teresa Ribera señalaba este mismo viernes a Iberdrola por haber recurrido a la energía de estas centrales para rentabilizar la concesión y "vaciar los pantanos". Una nueva brecha entre el ejecutivo de Pedro Sánchez tras aceptar el envite de Podemos e insinuar la intención de hacer públicas las centrales.
Un punto que las empresas no consideran que sirva para bajar el precio. “No creemos en la intervención del mercado”, detallan fuentes del sector. “Creemos en un mercado otorga mayor nivel de eficiencia en cualquier sistema y, por mucho que hubiera existido una empresa pública que hubiera gestionado un paquete de centrales, se seguiría con los elevados precios del mercado que estamos viviendo”, puntualizan.
Otro de los argumentos que defienden los ‘anti’ gestión pública de las centrales hidráulicas es que la experiencia reciente no ha sido buena. En 2019, dos centrales de Aragón pasaron de Endesa al Gobierno autonómico. Dos años después, siguen paradas y el Ejecutivo aragonés ha decidido realizar una concesión temporal a Acciona mientras busca un adjudicatario a largo plazo.
“Es un ejemplo de dos microcentrales, pero que muestra que el expertise y la mejor gestión está en manos de las empresas”, analizan desde el sector. “Otro cosa es que esta crisis abra un proceso por el cual se revise y analice las condiciones de estas adjudicaciones que, obviamente, están desfasadas”, concluye.
