El Gobierno publicará la lista de los 100 mayores beneficiarios "en los próximos días" y, según avanza el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca la presencia de las administraciones públicas. Sólo España y otros dos países (Francia y Luxemburgo) no han difundido aún esta información, como marca el reglamento europeo desde este año.

El pasado 16 de octubre -un día después de que finalizara el plazo que, tal y como avanzó este periódico, la Comisión Europea marcó a los Estados miembros que aún no habían adoptado esta medida de transparencia- el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso remitió una pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez para que respondiera por escrito cuándo tiene previsto publicar la lista.

Un mes después, el pasado 17 de noviembre, el Gobierno respondió asegurando que "con el fin de dar la máxima transparencia más allá de las exigencias de la normativa comunitaria, en los próximos días se va a publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios del Plan de Recuperación así como las 50 principales empresas adjudicatarias de licitaciones".

En el mismo escrito, el Gobierno avanza que "la lista de principales beneficiarios de ayudas y licitadores de obras refleja el importante peso de las grandes inversiones en movilidad sostenible -impulso de la red ferroviaria, movilidad urbana sostenible y PERTE del vehículo eléctrico y conectado- en la parte ya ejecutada del Plan de Recuperación. También cabe señalar el importante papel de los ayuntamientos en el despliegue de las inversiones".

"Es importante recordar el carácter finalista de estos fondos, que deben dirigirse a los objetivos marcados (por ejemplo, zonas de bajas emisiones, zonas verdes o carriles bici) para mantener el flujo de pagos del presupuesto comunitario y evitar su devolución por parte de las Administraciones públicas y empresas beneficiarias", explica el Gobierno en el citado documento.

Las sospechas apuntaban, precisamente, a que el listado estará formado en gran medida por empresas públicas, ministerios y otros organismos de carácter público. Destaca, por ejemplo, el caso de RTVE, que según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli ha conseguido hasta la fecha cerca de 120 millones de euros. Del sector privado se espera que figuren fundamentalmente entidades de gran tamaño.

El propio Gobierno detalla en sus informes que la mayoría de los fondos UE que se resuelven se quedan en la Administración Pública. Es decir, que el beneficiario final es una entidad local, una comunidad autónoma, un centro de I+D+i (universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos.

Luego el organismo público, en la mayoría de los casos, debe contratar a una empresa para que ejecute el proyecto. Sin embargo, la Comisión ha advertido de que en el reglamento, los beneficiarios finales son los organismos que reciben los fondos, no los contratistas o los subcontratistas, y aunque los Estados miembros deben recoger datos sobre estos últimos, no hay obligación de publicarlos.

En todo caso, la Comisión se reserva la posibilidad de pedir información adicional en sus auditorías, señaló el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. También el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, encargados de velar por los intereses financieros de la UE, podrían reclamar y supervisar dicha información. España está en el foco al ser el Estado miembro que más dinero a fondo perdido recibirá (alrededor de 80.000 millones de los que ya ha ingresado 37.000 millones).

El frente europeo

La oposición confía en Bruselas para dar al traste con la legislatura de Pedro Sánchez. Fuentes europeas apuntan a que la amnistía puede conllevar sanciones económicas que afectarían a los fondos europeos. En procesos similares se ha sancionado a los Ejecutivos de Polonia y Hungría. Por otra parte, sigue sobre la mesa la posibilidad de que el Parlamento Europeo inhabilite de empleo y sueldo a Carles Puigdemont si la presidenta Roberta Metsola atiende a los argumentos del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

El Ejecutivo no pasa por su mejor momento en las relaciones europeas, especialmente con el comisario de Justicia Didier Reynders, que tuvo que solicitar por escrito al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, más información sobre la ley de amnistía. El mismo Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el socialista Josep Borrell, ha cargado contra la amnistía en declaraciones públicas: "Me provoca bastantes preocupaciones".

Meses de retraso

Por si fueran poco las tensiones del Ejecutivo con Bruselas por el tema político del momento, la Comisión Europea ha enviado una carta al Gobierno ante el retraso que acumula en la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios. En el documento, firmado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, también se recuerda que "los Estados miembros tienen la obligación de publicar los 100 mayores receptores dos veces al año".

También se explica, tal y como ha informado este periódico, que "el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no establece una fecha límite para esas actualizaciones", pero la Comisión sugirió en febrero, cuando se aprobó la medida, "que esas actualizaciones coincidan con los informes semestrales de abril y octubre".

Antes de esta comunicación escrita, la Comisión Europea ya había enviado varias advertencias verbales a España y el resto de países 'incumplidores'. El pasado mes de julio, durante la reunión con los eurodiputados de las comisiones de Presupuestos y Asuntos Económicos, se preguntó por primera vez al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, por el retraso de España. "Nos estamos dirigiendo a los Estados miembros que todavía no han enviado la lista, pidiéndoles que proporcionen la información", aseguró.

En la primera semana de octubre, cuando se celebró otra reunión de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, Gentiloni y Dombrovskis informaron de nuevo de que se habían dirigido a esos Estados miembros para solicitarles que difundieran los listados, pero fueron más allá y marcaron una fecha límite: el 15 de octubre.

"En recientes reuniones con Estados miembros recordamos que el 15 de octubre es la fecha límite y si no se respeta emprenderemos acciones legales al respecto", dijo Gentiloni. "Estamos en contacto con los Estados miembros que aún no han publicado los 100 mayores beneficiarios y les estamos instando a que los publiquen sin demora y a más tardar el 15 de octubre", señaló también Dombrovskis.

En la resolución del Parlamento Europeo sobre la gestión del Presupuesto General de la UE en 2021, emitida en mayo y publicada en la página web de la Comisión el pasado 24 de agosto, la Eurocámara ya pidió al Ejecutivo comunitario que se tomaran las medidas oportunas para que todos los Estados miembros aplicaran adecuadamente la disposición.

Además, el pasado 31 de octubre la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y miembro del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de las Comisiones ECON-BUDG, Eva Poptcheva, envió una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para instarles a actuar. Fue entonces cuando la Comisión informó de que se había enviado una carta formal al Gobierno.

Poptcheva, impulsora de la medida de transparencia, explica que "el siguiente paso sería iniciar un procedimiento de infracción, el instrumento que tiene a su disposición la Comisión Europea para hacer valer las normas de la UE, y que daría lugar a multas o sanciones". Sin embargo, la eurodiputada aclara que se trata de un procedimiento largo y ve probable que España publique antes su lista.

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