La Seguridad Social pagó 11.945,6 millones en pensiones contributivas el pasado mes de marzo, 3.000 millones más que los 8.946,9 millones de marzo de 2018, unos meses antes de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy. En términos anuales la cuantía 'extra' se eleva hasta los 42.000 millones al tener los pensionistas un total de 14 pagas. Y en términos relativos es justo un tercio más de lo que se pagaba hace cinco años.

La mayor parte del gasto se lo llevan las pensiones de jubilación, el 73% del total (8.696 millones). La factura la completan los 1.996,8 millones de las pensiones de viudedad, los 163 millones que se destinan a orfandad, 1.058,8 millones por incapacidad permanente y otros 31 millones en favor de familiares, según los datos que proporciona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Si bien es cierto que la tendencia del gasto es creciente, en los cinco años anteriores, entre 2013 y 2018, la nómina de las pensiones subió menos. Tomando como base los meses de marzo (la nómina varía ligeramente entre meses por las bajas y altas que puedan producirse), se elevó la factura en cerca de 18.000 millones anuales (1.259 millones mensuales), con una subida relativa del 16% (frente al 33% del periodo 2018-2023).

El incremento en el número de pensionistas, que ya supera las 9 millones de personas, no justifica todo el alza en el gasto. En marzo de 2018 había 8,7 millones de pensionistas y este mes la cifra se sitúa en las 9,1 millones, un 4% más. Sin embargo, el fuerte crecimiento en el número de pensionistas, con la jubilación de los baby boomers, todavía no ha llegado. 4,2 millones de trabajadores están cerca de jubilarse, el doble que hace solo diez años. El resultado: 15 millones de pensionistas previstos en 2047.

Pensiones más altas

El mayor gasto también viene dado por las revalorizaciones que el Gobierno ha llevado a cabo, especialmente la última, al vincular las pensiones con el IPC del 2022, año de inflación récord (8,4%). Antes de cambiar las reglas con la primera parte de la reforma de las pensiones, el Gobierno revalorizó las pensiones con inflaciones previstas, no pasadas: un 1,6% en 2019, un 0,9% en 2020, un 0,9% en 2021, y un 2,5% en 2022.

En enero, cuando se llevó a cabo la revalorización anual del 8,5%, los jubilados vieron crecer sus nóminas de media en algo más de 100 euros por primera vez en la historia. La pensión media mensual por jubilación se disparó de los 1.260 euros en los que se localizaba en diciembre de 2022 a los 1.368 euros, 108 euros más. Y puesto que no hubo diferencias por tramos de cuantía, la pensión máxima superó por primera vez los 3.000 euros mensuales.

Además, los trabajadores que se jubilan entran con pensiones más elevadas, próximas ya al salario medio en España. En enero de este año la pensión media de estos nuevos jubilados en el Régimen General alcanzó los 1.765 euros, siendo ésta una pensión un 8,26% más alta que la de los que se jubilaron en enero del año pasado (1.523 euros). En febrero, último mes del que se conocen datos, la pensión media de los nuevos jubilados se mantuvo en los 1.624 euros.

A esto se suma también que la tasa de reemplazo de España (en qué grado el sistema de pensiones sustituye el salario que tenía la persona cuando aún era trabajador) es elevada, próxima al 80%, respecto a la media de la OCDE (62%). Todos estos factores aumentan progresivamente la factura y amenazan con desbordar el presupuesto.

Más deuda

La deuda de la Seguridad Social superó en noviembre por primera vez los 100.000 millones de euros, aproximadamente un 13% más que un año antes y un 200% más que en junio de 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia, según los datos publicados por el Banco de España (BdE). El déficit se sitúa en torno al 0,5%, pero a esta cifra habría que añadir las transferencias del Estado por los denominados "gastos impropios", que suponen alrededor de 20.000 millones. 

La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones, durante décadas. Sin embargo, en junio de 2017 el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró sin dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas. Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones.

Para hacer frente a esta situación y bajo su compromiso con Bruselas, el Gobierno ha diseñado una segunda parte de la reforma de pensiones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), BBVA Research, y Fedea, entre otros, no ven sostenible. La AIReF, institución que presidió José Luis Escrivá antes de ser ministro, estima que la reforma al completo elevará el déficit de la Seguridad Social en 1,1 puntos de PIB en 2050 y en un punto en 2070.

Los pronósticos de la AIReF parten de un escenario base en el que España alcanzará 50,3 millones de habitantes en 2050 y 52,1 millones en 2070, lo que irá acompañado de una transformación por edades, con el envejecimiento de las cohortes de población nacidas en los años 60 y mediados de los 70, las reducidas tasas de fecundidad de las últimas décadas y el aumento de la longevidad (la media de edad en España supera ya los 45 años).

Preguntado precisamente por este repunte del déficit que proyecta la AIReF, Escrivá ha defendido en estos días que el informe plantea varios escenarios, algunos de los cuales "se van a quedar y se están quedando desfasados" por los efectos de la reforma laboral y el crecimiento de la productividad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordó que la reforma se ha trabajado con Bruselas y aseguró que se ha convertido en "ejemplo" para otros países.

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