"¿Pero no tienen un código ético?" Es una de las preguntas que la Fiscalía Anticorrupción ha lanzado esta semana durante los interrogatorios a Juan Carlos Rebollo, actual director de Riesgos y Aseguramiento Interno de Iberdrola, y Pablo Insunza, director del Departamento de Administración, ambos investigados por su papel en la presunta trama de facturas falsas pagadas al comisario Villarejo. Los dos directivos han inaugurado la ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional que termina la próxima semana con la intervención de José Luis San Pedro, exnúmero dos de la eléctrica.
Según fuentes consultadas por Vozpópuli, los fiscales preguntaron a Insunza por este asunto a raíz de su papel en el control de las facturas tanto nacionales como internacionales. El directivo explicó que su labor se limita a comprobar el presupuesto, pero que no tiene que verificar los proveedores. También ha negado que detectase cualquier tipo de irregularidad, y que de haberlo hecho, lo habría comunicado. Durante las declaraciones, el juez y los fiscales también pusieron grabaciones a los interrogados para 'ayudarles' a recordar datos que alegaron haber olvidado.
El interés por el código ético no resulta baladí habida cuenta de que la propia Iberdrola hizo referencia al mismo cuando comunicó los resultados del 'forensic' elaborado por PwC, que no encontró ninguna irregularidad y sobre el que también se preguntó durante los interrogatorios.
En concreto, la compañía aseguró a la CNMV que no se había detectado ninguna práctica que atentase contra "los sistemas de control interno, ni del código ético ni de cualesquiera otras normas o procedimientos" y limitaba los daños al ámbito "reputacional". Desde el punto de vista económico, el impacto por ahora es nulo: la capitalización de la compañía, de unos 70.000 millones, está en máximos del último año y las últimas cuentas declaradas, de enero a septiembre, arrojan un beneficio neto de 2.681 millones de euros, un 4,7% más.
Ambos directivos sostuvieron una declaración similar ante el magistrado y el Ministerio Público, que también llegó a plantear la posibilidad de que existiese un pacto para proteger al presidente Ignacio Sánchez Galán, como adelantó La Información y ha confirmado este diario. Rebollo e Insunza defienden que el presidente no estaba al tanto de las contrataciones del comisario pese a que su nombre figura en un presunto informe preparado por el excontroller José Antonio del Olmo.
Este informe apunta que Galán y otros directivos como Fernando Becker (antes presidente de Iberdrola), el exdirector de Seguridad Antonio Asenjo y el director general y actual número dos Francisco Martínez Córcoles, estaban al tanto de las contrataciones del comisario, que Olmo tachó de "actividades anómalas".
El informe de Olmo, clave del caso
Ese escrito, que Olmo ha ratificado ante el juez en sus declaraciones como testigo, no consta en los registros internos de Iberdrola, según reveló la propia compañía tras hacer una investigación interna. El excontroller de la eléctrica también ha trasladado al juez que el informe fue validado por un notario en 2004, que lo ha mantenido hasta ahora bajo custodia. El notario es Luis Ramallo, exdiputado del PP y amigo de Marcos Peña, antecesor de Asenjo en el cargo y con quien estaba fuertemente enemistado, como admitió el propio Asenjo durante su declaración ante el juez.
El informe en cuestión pone de manifiesto una presunta trama de facturas falsas que Iberdrola habría utilizado para camuflar pagos al comisario Villarejo. Estos encargos incluían el espionaje a políticos, sindicalistas, empresarios como Florentino Pérez e incluso a los propios empleados de la compañía. Olmo aseguró que los directivos de la compañía le presionaron en su momento para que negase el contenido del documento, algo que ellos niegan. Tras las declaraciones de Rebollo e Insunza, el siguiente en prestar declaración será José Luis San Pedro, exnúmero dos de Iberdrola, el próximo 10 de noviembre.
