La inflación continúa su escalada, y así seguirá previsiblemente durante la primera etapa del año, más aún si la crisis de Ucrania llega a mayores. Esto afectará directamente al gasto que asumirá la Seguridad Social en pensiones en 2023 pues, tras la reforma de José Luis Escrivá, estas se ligarán al IPC del año anterior (entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022), abarcando los meses en los que los precios han experimentado sus mayores incrementos.
El panel que elabora Funcas, que agrupa las estimaciones de una veintena de organismos económicos, daba a conocer esta semana sus previsiones para el año, y uno de los datos más sorprendentes era, precisamente, el de la inflación. Los expertos han aumentado en 1,1 puntos porcentuales su previsión (respecto a la avanzada en noviembre) hasta una inflación media prevista del 3,5% para este año (por encima del 3,1% de 2021, la más alta en diez años).
Los expertos también aumentan seis décimas la inflación subyacente (que excluye el efecto de los precios de la energía y los alimentos frescos) hasta el 2% de media anual este año, lo que supondrá 1,2 puntos más que la de 2021. Y eso que la mayoría de los panelistas confía en que los precios energéticos y de materias primas desciendan tras la primavera.
Consecuentemente, el impacto que esta inflación tendrá en las pensiones será mayor. Se prevé que esta mayor tasa prevista por los analistas suponga un sobrecoste en la factura de las pensiones de 2023 de unos 6.300 millones, según la economista senior de Funcas, Mª Jesús Fernández. De hecho, en 2022, la factura de las pensiones ya aumentará en 6.500 millones por la suma de la revalorización en base al IPC y la 'paguilla' de 2021, la última en concederse tras indexarlas al IPC real, y no a una estimación previa.
De esta forma, al tener que compensar este año también la pérdida de poder adquisitivo de 2021, se espera un deterioro en el déficit. Pero en cualquier caso, el gran efecto de la inflación en las pensiones llegará en 2023, al que habrá que sumar otros condicionantes. Así ocurre con elementos que se consolidan en el sistema, como la última paguilla que ha aprobado el Gobierno. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha querido poner en valor esta paga compensatoria por la desviación de precios de 2021 y la revalorización para este año, que cifra en 6.500 millones.
Pues bien, este coste consolida y se disparará hasta los 28.585 millones si se tiene en cuenta el impacto completo en los próximos años para los pensionistas que se benefician de él, frente a los escasos 20.000 millones que distintos organismos han calculado que recaudará en una década la subida de cotizaciones que ha lanzado para tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema. Se trata de un alza de 0,6 puntos, de los que 0,5 puntos recaen sobre las empresas que el Gobierno pactó con los sindicatos a espaldas de CEOE que en principio se extenderá entre 2023 y 2032.
El impacto del alza de cotizaciones
En un principio desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones. Pues bien, Pedro Sánchez acaba de rebajar el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas.
El coste total futuro de la subida de este año, de 28.585 millones de euros, según cálculos de LoRIS, se desglosa en un coste consolidado de la paguilla de 11.347 millones frente a los 2.600 millones que admite el Gobierno para este año, 9.000 millones más. En lo que respecta a la subida de las pensiones, esta consultora estima que tendrá un impacto total de 17.277 millones frente a los 3.900 que asume el Ejecutivo este ejercicio, casi 14.000 millones más.
Otro de los condicionantes que pueden inflar aún más el coste para las arcas públicas es el inicio de la jubilación de los babyboomers. Precisamente uno de los factores que más puede tensionar el sistema y que trata de contener la subida de cotizaciones o Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Los primeros planes de Escrivá en julio pasaban por cargar la subida en los nacidos entre 1957 y 1977, lo que tuvo que reconsiderar. Algunas de las primeras cohortes ya han empezado a jubilarse, pero la mayoría de esta generación de 13,3 millones de personas va a empezar a hacerlo en 2023.
Los babyboomers empiezan a jubilarse
Desde Funcas no tienen datos aún sobre cuántos se jubilarán en 2023 para calcular el impacto, pero reconocen que según las proyecciones de población del INE, "el número de personas que entran en la edad de 65 años en 2023 experimenta un crecimiento importante, el mayor de los últimos años", aunque esa cifra no es directamente trasladable al número en que crecerán los pensionistas.
Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, también reconoce a Vozpópuli que el impacto de los babyboomers comenzará a crecer este mismo año, pues ya han empezado a jubilarse esa generación (que abarca de los 56 a los 76 años), por lo que el impacto en la factura de las pensiones del aumento de los beneficiarios será "creciente".
Además, los economistas destacan que el contexto internacional se ha deteriorado en los últimos meses, sobre todo, fuera de la UE. El conflicto en Ucrania amenaza con disparar los precios del gas que Rusia suministra al centro de Europa, impactando en el petróleo y en la electricidad, lo que podría hacer repuntar aún más la inflación. En este sentido, anticipan un giro en los tipos de interés por la subida de la inflación y la vuelta de cada vez más países al nivel de actividad previo a la pandemia.
La reforma de las pensiones, en tela de juicio
Varios organismos se han mostrado escépticos con la sostenibilidad de las pensiones tras la reforma de Escrivá, que hará crecer el gasto y, previsiblemente, no tanto los ingresos. Por ejemplo, BBVA la contempla incluso como un riesgo para la economía española, pues "aumenta el déficit futuro del sistema de pensiones, traspasándolo al Estado, y reduce la equidad intergeneracional". Para Doménech esto "es una amenaza para la estabilidad presupuestaria si no se compensa con otro tipo de medidas, bien a través del gasto o de los ingresos".
En esta línea, S&P ha planteado que la reforma de las pensiones le parece “insuficiente” para la sostenibilidad del sistema, ya que deroga la de 2013 y no propone cambios que lo compensen, lo que a su juicio retrasa las medidas estructurales necesarias y cuando el desafío es irreversible. “La edad media de los cotizantes no dejará de subir y es mejor hacer las reformas de las pensiones con antelación”, ha dicho.
El FMI también ha puesto en tela de juicio la reforma de las pensiones, sumándose a las dudas manifestadas por otros organismos como el Banco de España y la OCDE. Ha advertido de que "persiste la inquietud sobre la sostenibilidad" del sistema "en caso de que no se implementen medidas adicionales".
Sin embargo, desde la posición contraria, el ministro ha enfatizado que, de haberse aplicado la fórmula del Gobierno del PP en 2013 y que ahora ha quedado derogada, las pensiones sólo hubieran subido un 0,25% este año y, desde 2017, habrían acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 7,5%.
