La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitaba criticar a su predecesor, Cristóbal Montoro, una costumbre que se entendía que descansaba en el sentido de Estado y que ha roto este jueves. En un tuit, la ahora vicepresidenta primera ha cargado contra Montoro, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya tumbado parte de su hachazo en el Impuesto sobre Sociedades por Decreto de diciembre de 2016.
"La enésima sentencia del Tribunal Constitucional que anula una medida fiscal aprobada por el anterior Gobierno del PP. Una mala gestión que terminaremos pagando todos los contribuyentes", sentencia Montero.
El problema añadido de esta crítica es que el PSOE votó a favor en el Congreso de este Real Decreto-ley, en lo que fue un apoyo determinante para que saliera adelante la norma, y además votó en contra de que se tramitara como proyecto de ley, precisamente para que la oposición no pudiera meter enmiendas. Asunto de Estado dada la importancia de la medida para el sostenimiento de las arcas públicas en aquel momento.
De hecho, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, hoy magistrado del TC, se ha abstenido en esta sentencia precisamente porque votó a favor del Real Decreto-ley en el Congreso.
Esto lo dice la vicepresidenta a la semana siguiente de vivir su particular viacrucis con el intento de convalidación de tres Reales Decretos-leyes en el Senado y cuando el TC ha tumbado éste precisamente por hacerse la subida fiscal en un Real Decreto-ley. La misma fórmula que ha usado Montero para aprobar ahora numerosas medidas fiscales.
Se trata además la de Montoro de una importante subida del Impuesto sobre Sociedades a grandes empresas de la que Montero parece ahora desmarcarse.
El coste del varapalo del TC se perfila muy elevado para las arcas públicas -e imputable en 2024-, pero el TC ha vuelto a utilizar su polémica limitación del efecto de la sentencia, como ya hizo con la plusvalía municipal, para tratar de reducir el impacto a Hacienda todo lo posible.
