"Por fin están dando pasos, pero falta mucho que concretar", es la frase que ha llegado a Vozpópuli tras la reunión en La Moncloa con la cúpula del Gobierno. La voz, en verdad, de uno de los agentes del sector inmobiliario que fueron convocados por el presidente Pedro Sánchez.

"Hay que compensar al sector privado, alguien tendrá que poner en el mercado las viviendas que plantea la Ley", afirman desde una de las principales compañías representadas en la reunión, de la que participaron tanto la Asociación de Promotores Constructores de España como la Confederación Nacional de la Construcción. La Asociación de Gestoras de Vivienda ha salido a aclarar no haber participado de la reunión.

Los participantes aluden al objetivo de elevar la cuota de vivienda social al 20% en las zonas "tensionadas" antes de 2040, lo que precisaría al menos de 625.000 nuevas viviendas, atendiendo a estimaciones preliminares e informales del sector, que evita lanzar cualquier cifra oficial. El volumen podría acabar excediendo el millón de unidades, de acuerdo a la horquilla de los primeros cálculos, aunque todos coinciden en el diagnóstico de impulsar el parque público como la mejor solución de fondo al problema de la vivienda.

El presidente ha anunciado ya 184.000, si bien solo 68.000 están activadas (en desarrollo o ya habitadas, a través de los mecanismos enteramente públicos). Y es que la gran mayoría responde a lo prometido al inicio de la Legislatura que acaba: el objetivo para el conjunto ha pasado a ser 2026/2027, a expensas de importantes acuerdos de colaboración público privada.

"Hay que ver el retorno que se ofrece, se tiene que concretar eso para ver la viabilidad de los proyectos, que pueden ser interesantes por la seguridad de lo público-privado pero sujeto a unos mínimos de rentabilidad", apuntan desde una de las grandes empresas privadas de promoción. "Respecto a la rentabilidad que se pide para una inversión de bajo riesgo hay referencias como lo que pagan hoy en días los bonos soberanos a 10 años de España, Alemania o EEUU, que no tienen riesgo prácticamente".

"Las compañías promotoras en España no tienen capacidad para asumir la deuda de 100.000 viviendas cada cinco años -unos 25.000 millones- aunque las condiciones de financiación fuesen muy buenas. Por tanto hace falta o bien tener a los inversores para que aporten el capital, o si el Estado va a ser el titular de esas viviendas que se dote de los fondos necesarios para su construcción", señala uno de los principales ejecutivos del inmobiliario patrio.

Guiños a promotores y bancos....pero no a los fondos

Otra es la opinión generalizada respecto a los controles de precio -que cada CC.AA. podrá aplicar o no- y la posibilidad de imponer reservas para vivienda protegida sobre nuevas promociones que podrá implementar cada comunidad y/o ayuntamiento. "Los promotores tendrán derecho a ser compensados", apuntan igualmente fuentes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Gobierno ya ha empezado a dar pasos en su nueva 'operación ladrillo', que también incluye a la banca. El más mediático ha sido el anuncio del presidente de una línea de avales para la compra de vivienda por parte de jóvenes, que beneficiaría a unos 50.000 menores de 35 años.

"Se trata de una medida que el Banco Santander puso sobre la mesa y con la que ganarán los bancos y los promotores, porque elevará presión de la demanda sobre la oferta; parece que desde el Gobierno apuntan a tender puentes con ese segmento que puede ser más proclive a su nueva política", inciden fuentes del sector, que diferencian entre exclusivos tenedores de vivienda, y promotoras y constructoras. Y es que el Gobierno negocia con la banca y los promotores más medidas, que penden de concreción.

"El PSOE sabe de vivienda, lo sabemos. Creemos que se ha aplazado parte del problema al próximo gobierno por la presión electoral de Unidas Podemos", señala una de las fuentes consultadas. La mejor prueba tras esa tesis es la desindexación de los alquileres de la inflación recogida por la nueva Ley a petición de Podemos: el ala socialista se plantea retomarla en el próximo Gobierno, consciente de su importancia para los planes de negocio de los promotores de vivienda asequible.

Donde más distancia sigue existiendo es con los tenedores privados de vivienda en alquiler -fondos de inversión y, sobre todo, caseros particulares-, a quienes no se ha invitado a la reunión de este lunes

Donde más distancia sigue existiendo es con los tenedores privados de vivienda -fondos de inversión que controlan empresas de pisos en alquiler y, sobre todo, caseros particulares-, a quienes no se ha invitado a la reunión de este lunes.

Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan, de nuevo, al peso que ha ejercido el grupo de Ione Belarra para impedir cualquier acuerdo con los grandes propietarios, como el relativo a la cesión de unas 30.000 viviendas por parte de los fondos de inversión contemplada en el plan del PSOE que tomaría menos tiempo para ampliar el parque público.

Otras fuentes esgrimen también la distancia entre lo planteado por los fondos -una cesión de 25 años con un descuento del 20% frente al mercado- frente a la intención del Ejecutivo -50 años con rebaja a la mitad o más-, además de la cuestión formal de competencias entre Estado y comunidades. Desde el ala socialista se ha reconocido la incapacidad de alcanzar un acuerdo en la materia esta legislatura, pero no se descarta un reinicio de las conversaciones bajo el nuevo Gobierno tras los comicios.

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