Las subidas de tipos que va a empezar a realizar el Banco Central Europeo (BCE) el 21 de julio anticipan un otoño caliente para el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberá afrontar cambios en su política fiscal. La Comisión Europea ya ha advertido a España sobre su elevada deuda, pero de momento el aviso se ha acompañado de la decisión de prorrogar la suspensión de las reglas fiscales en 2023 y de un perfil tolerante en el control de las reformas del Plan de Recuperación. Hasta ahora, sólo ha señalado la necesidad de que la reforma de las pensiones que las liga al IPC sea sostenible, pero ha hecho la vista gorda y asegura que sólo la revisará dentro de un año. Y, en plena crisis por el alza de precios de la energía y la guerra en Ucrania, no ha recordado que además de la reforma fiscal acordada para el año que viene, este año también había subidas de impuestos verdes como el diésel comprometidas.
Sin embargo, España es especialmente vulnerable a las tensiones financieras y la nueva política del BCE, en un escenario en el que el propio BCE, la OCDE y el Banco de España ya prevén que la crisis inflacionaria se va a extender más de lo previsto. Desde que el FMI presentara sus previsiones el 19 de abril y la Comisión Europea hiciera lo propio con el Semestre Europeo y el Paquete de Primavera a mediados de mayo, las perspectivas sobre la inflación han empeorado.
La primera alza de tipos el 21 de julio situará el precio del dinero en el 0,25%. La segunda llegará en septiembre, y se estima que sea de hasta el 0,75%. A partir de ese momento, según cómo evolucione la inflación, se producirán nuevas subidas en un intento de situarse cerca del 2% que ha estipulado el BCE.
Será entonces cuando, en un entorno de riesgo de turbulencias financieras en los mercados internacionales, los expertos que ha consultado Vozpópuli anticipan que la Comisión Europea elevará las exigencias. Así lo apunta Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha admitido, en una entrevista con El País el 15 de mayo, que con la suspensión de las reglas fiscales, por ahora no se abrirán procedimientos de déficit excesivo a los países que tienen más desequilibrios en sus cuentas públicas, pero ha enfatizado que por ahora: "Volveremos a evaluar esta situación en otoño y en primavera del año que viene", ha advertido.
En otoño, el Gobierno de Sánchez prevé estar tramitando los Presupuestos de 2023, unas Cuentas para un año electoral que debe negociar con unos socios que cada vez apoyan menos proyectos. De momento, ya se ha comprometido con Podemos a rebajar el IVA de los productos de higiene femenina.
A principios de noviembre, la Comisión Europea presentará sus previsiones de otoño, mes que además servirá de referencia para la revalorización de las pensiones. En concreto, el IPC medio anual medido entre los meses de noviembre y diciembre del año anterior, del 6,5%.
"La evolución de la política monetaria es de particular importancia para los países con deuda elevada", reflexionaba el comisario de Economía, el socialdemócrata Paolo Gentiloni, el 12 de febrero, antes de la invasión de Ucrania, en una entrevista en eldiario.es. "De todos modos, siempre debemos recordar dos cosas. En primer lugar, que todavía estamos, en términos generales, en un entorno de tipos reales negativos en Europa. Y, en segundo, que la política del BCE sobre decisiones monetarias está orientada a la gradualidad, [...]. Y esto, creo, es tranquilizador, dado que los gobiernos de los países más endeudados tienen muy clara la necesidad de ir reduciendo esta deuda. Ha existido la posibilidad de gastar lo que había que gastar durante un cierto período durante la crisis, pero ya no estamos en esta situación. Tenemos que hacer que el apoyo a nuestra economía sea mucho más selectivo y específico, porque no podemos aumentar más nuestra deuda”.
Gentiloni y Dombrovskis siguen de cerca la reforma de las pensiones. Según ha podido saber Vozpópuli, el conservador Dombrovskis ha trasladado en reuniones que la Comisión Europea está "muy preocupada" con la reforma, que ve "insostenible". En concreto, el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la piedra angular que debería hacer sostenible una reforma que liga las pensiones con el IPC. Esta fórmula, que además se pactó con los sindicatos a espaldas de CEOE, puede no ser del agrado de Bruselas, pero lo único que exige a los Estados miembros es que ofrezcan un mecanismo, un cálculo, que la haga sostenible. Pero no se da el caso.
Pero de momento, de manera oficial, la Comisión sólo ha advertido de que el crecimiento y la moderación del gasto dependen del gasto en pensiones y de forma implícita ha situado el gasto extra en pensiones en algo más de 11.000 millones en 2023, con una inflación media que calcula que se sitúe en España en 2022 en el 6,3%, dos décimas por encima de lo que proyecta el Gobierno español.
Y, al ser interpelados por la sostenibilidad, los comisarios se han remitido a que se analizará cuando toque. ¿Y cuándo será? Aquí la Comisión se ha plegado a la estrategia de José Luis Escrivá y en lugar de escrutarla ahora mismo, con el resto de reformas del segundo tramo del Plan de Recuperación, aprobadas hasta el pasado 31 de diciembre, lo hará justo dentro de un año. Entonces, en la antesala de las elecciones generales, el Gobierno tendrá poco margen para aplicar ajustes.
En este contexto, en el Programa de Estabilidad que remitió a Bruselas el 29 de abril, el Gobierno plantea que no realizará subidas de impuestos hasta 2025 y ni siquiera menciona el riesgo de una subida de tipos. Prevé un tipo de interés del bono a diez años al 1% cuando ya está al 2,5%.
Sin embargo, las previsiones de finales de abril se ha quedado cortas y las subidas de tipos ya están aquí. La vicepresidenta primera y ministra para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está poniendo el foco en la financiación. España coloca ya deuda al precio más alto desde 2014 y el Tesoro está acelerando emisiones antes de la subida de tipos.
Calviño ha subrayado este viernes que "hay que aprovechar el crecimiento económico fuerte que tenemos en España para seguir reduciendo déficit y deuda, para que los mercados internacionales estén tranquilos y sigan confiando en España y para que tengamos una buena posición para los próximos años".
Cuidado con la adenda del Plan de Recuperación
Calviño va a presentar finalmente en la segunda mitad del año una adenda al Plan de Recuperación que incluya nuevas reformas e inversiones que se van a financiar con cargo a la asignación definitiva de transferencias, las transferencias adicionales que puedan venir por el proyecto de reglamento REPowerEU lanzado por la guerra en Ucrania y los préstamos. La vicepresidenta ha mostrado este jueves en el Congreso preocupación con el impacto que puede tener en la deuda pública: "A nadie se le escapa que los préstamos implican un aumento de la deuda pública. Por eso, los créditos del Plan de Recuperación deberían destinarse de forma prioritaria a instrumentos financieros para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la coherencia con los fondos estructurales".
En este sentido, ha subrayado que las nuevas reformas e inversiones van a concentrarse en el refuerzo de la autonomía estratégica como demandan las instituciones europeas.
Para asegurar que estos recursos adicionales se destinan a aquellas áreas de mayor interés desde el punto de vista estratégico, el Gobierno estudia la creación de un fondo de inversiones para las comunidades autónomas que pueda financiarse con los créditos del Plan de Recuperación, ha anunciado.
