Vaya por delante nuestra satisfacción por el hecho de que los bancos españoles hayan superado el examen del BCE, antes de que éste organismo asuma la inspección y supervisión de los mismos. Con todas las reservas y cautelas acerca de la eficacia de las pruebas realizadas, visto lo sucedido en ocasiones anteriores, es importante subrayar que nuestras entidades de crédito están formalmente en condiciones de ejercer el papel capital que les corresponde para hacer verosímil la recuperación económica de la que tanto se habla y tan poco se percibe. Si, además, dentro de ese grupo de bancos se encuentran los saneados con dinero público, existen razones añadidas para exigir la implicación activa del Gobierno en la tarea, para que los contribuyentes y el conjunto de la sociedad puedan palpar cuanto antes los frutos del ingente esfuerzo realizado.
Desde mayo de 2012, en que de forma un tanto imprudente se precipitó la crisis de Bankia, una parte significativa del sistema crediticio, el correspondiente a las cajas de ahorro, ha sido objeto del rescate que firmó éste Gobierno en julio de ese año, cuyas exigencias excedían con mucho a las del objeto del mismo. El famoso MOU era en realidad una versión diferente a la de los rescates sufridos por otros países periféricos, pero con principios y exigencias análogos a aquéllos. Ello es tan cierto que las tutelas y controles de las autoridades exteriores no han desaparecido del todo, aunque cabe pensar que la rigidez de los mismos se irá atenuando en la medida en que la banca española vaya recuperando la normalidad en la tarea de atender la por ahora débil demanda crediticia, sin caer en los dislates del pasado que tan alto coste han tenido.
La asunción de las competencias supervisoras por parte del Banco Central Europeo no debe hacer olvidar la exigencia de responsabilidades pendientes a las autoridades del Banco de España y de la CNMV por lo sucedido. Tampoco se puede bajar la guardia a la hora de exigir un relato transparente y ordenado de lo que el Gobierno, a través del FROB, ha venido haciendo con las entidades nacionalizadas. En ese relato interesa conocer cuáles son los proyectos de gestión de las mismas al servicio de la recuperación, algo que, en éste momento, parece más importante que plantear desinversiones escasamente productivas o radicalmente ruinosas para las arcas públicas. En este capítulo, aunque no haya sido objeto de examen alguno, no debemos olvidar la situación de la Sareb, donde están alojados bastante más de 100.000 millones de activos procedentes de las entidades rescatadas, que también caen sobre las espaldas de los contribuyentes. En años sucesivos se conocerá el alcance de la actuación de la Sareb: solo cabe esperar que los españoles no tengamos ocasión de avergonzarnos de nuevo con episodios de corrupción como los que estos días, casi todos los días, nos tienen sin aliento.
Qué piensa hacer el Gobierno con los bancos públicos
España no vive dentro de una campana de cristal y, por tanto, su deteriorada economía no es inmune a los vientos recesivos que circulan por la eurozona. Porque lo sabemos, no vamos a pedir peras al olmo, lo cual no es óbice para recordar que también sabemos de los sacrificios humanos –desde los miles de empleados despedidos a los preferentistas engañados- y los esfuerzos materiales dedicados a la reestructuración del sistema crediticio así como de las promesas, hasta ahora fallidas, del presidente del Gobierno y de su ministro de Economía sobre el coste cero del proceso para los españoles. Por desgracia, las pérdidas acumuladas son ya muy significativas y forman parte del catálogo de incumplimientos que tanto indigna a los ciudadanos. Por eso, una vez cubierto satisfactoriamente el trámite exigido por el BCE, creemos de particular interés conocer de primera mano qué espera nuestro Gobierno de los bancos españoles y qué piensa hacer con la gestión de aquellos que son propiedad pública.
Los bancos españoles están en orden de revista incluso para afrontar situaciones adversas. Eso es lo que se nos dice, y lo creemos. Actúese pues, en consecuencia, y constatemos cuanto antes mejor que han superado el estigma, según De Guindos, y que están en disposición de mover el carro de una economía, la española, que, a tenor de los discursos gubernamentales, es un caso de éxito sin parangón dentro del triste panorama económico de la eurozona. ¿Todo bien, entonces? Pues no se hable más: a financiar el crecimiento.
