Cuando las evidencias sobre el fracaso educativo español son clamorosas y el Gobierno, singularmente su ministro de Educación, ha propuesto contener la hemorragia mediante la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, resulta llamativo que los grupos parlamentarios no hayan logrado un acuerdo sólido para que la séptima reforma escolar de la Transición nazca con la fortaleza y el sentido de la permanencia que sería deseable en una materia como ésta, tan castigada por el sectarismo ideológico y la heterogeneidad de los planes educativos del Estado de las Autonomías. El debate y la votación en el pleno del Congreso de los Diputados han sido ilustrativos, a la par que descorazonadores, de las profundas divisiones existentes al respecto, hasta el punto de negar el pan y la sal a un intento de reforma que, sin duda mejorable, debería haber obligado al Parlamento a un ejercicio de entendimiento, para evitar el suma y sigue de las reformas educativas que se han mostrado incapaces de dar respuesta a las necesidades del mundo escolar. Para no perder la costumbre, ya se anuncia la abolición de la LOMCE cuando otros lleguen al poder.
Para quienes hacemos este diario, la constitución y desarrollo de una sociedad de hombres libres no es posible sin una educación fundamentada en los valores del conocimiento, la exigencia y la tolerancia, tres puntos que ya se contenían en los tratados de los filósofos griegos. El cultivo del espíritu y la disciplina siempre han sido divisa de quienes han pretendido la mejora de las condiciones sociales y el progreso de las naciones. Por eso, la Educación, con mayúscula, se convirtió en uno de los motores de las democracias contemporáneas. En el caso español, siempre hubo educadores y grupos sociales incorporados a esas corrientes de interés en pro del perfeccionamiento y desarrollo educativos. Sin embargo, nuestro Estado contemporáneo, salvo experiencias fugaces, se ha mostrado perfectamente incapaz de lograr esos objetivos. Históricamente, las políticas educativas eran de corto alcance y casi siempre fundadas en la confianza de que otras instituciones, privadas o religiosas, atenderían las necesidades en la materia.
En el camino serpenteante de la educación española desembocamos en una Constitución, la de 1978, que es un canto a la confusión en cuestiones educativas: su artículo 27 sobre el derecho de educación habla de los poderes públicos, ambigüedad que permite que asunto tan vital no figure en la lista de competencias del Estado ni de las comunidades autónomas. Quedó en un limbo que ha permitido cualquier cosa. De entrada, el Estado de la Transición renunció a crear su propia red de centros educativos, algo que hubiera sido la mejor garantía para ejecutar los planes de estudio sin discriminación alguna en todo el territorio nacional. Y esa abdicación del Estado fue en beneficio de los colegios privados y de los nacionalistas en aquellas comunidades autónomas con lengua y cultura propias, que han logrado convertirlas en únicas y exclusivas. De hecho, la expansión de la enseñanza concertada se produjo durante los gobiernos socialistas de Felipe González, que, en cambio, sí se ocuparon de iniciar experimentos educativos cuyos resultados a la vista están. Conviene puntualizar, por ello, que la autoridad de los socialistas y de quienes les hacen coro para poner en solfa la LOMCE es más bien escasa, lo que no supone comulgar con todos sus preceptos.
En plena tormenta parlamentaria,resulta obligado resaltar aquellos aspectos de la Ley que parecen adecuados para poner las bases de un modelo educativo que ojalá sea capaz de superar la postración del sistema. En primer lugar, la recuperación de la autonomía y la autoridad de los centros educativos y de los profesores, una reclamación mayoritaria de la comunidad educativa hasta ahora desatendida por los diferentes gobiernos. Aplauso merece también la simplificación y racionalización de la carrera escolar o el currículo, con el fin de despojarlo de todos los materiales inservibles acumulados por las reformas anteriores, restaurando otros, de carácter básico, que nunca debieron perderse. En esta dirección, es acertado el recurso a las evaluaciones periódicas de los escolares, las antiguas reválidas, tan denostadas por algunos, que siempre fueron una garantía de exigencia y esfuerzo para profesores y alumnos. Sin olvidar el intento de situar al castellano como lengua vehicular, propósito que parece nefando a los nacionalistas, que han negado su apoyo a la Ley.
La percepción positiva del intento legislativo, no impide, sin embargo, reconocer que el Gobierno y su partido no han demostrado la inteligencia suficiente para sumar apoyos a su mayoría absoluta y, sobre todo, que han sido demasiado condescendientes con las exigencias de la Iglesia católica en cuanto a la asignatura de religión, particularmente si tenemos en cuenta que la enseñanza concertada está prácticamente en sus manos. Es la servidumbre que, como se ha dicho, impone el hecho de que el Estado no disponga de una red propia de centros acreditada y potente. También caben dudas razonables acerca de las posibilidades reales de implantación de los cambios, teniendo en cuenta las distribuciones competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas y las capacidades de financiación en estos tiempos de escasez. La educación de calidad requiere inversiones y no recortes. Con todos sus claroscuros, vale la pena otorgar un margen de confianza a la Ley Wert, aunque sólo sea por su pretensión de superar la confusión y la perversión de valores imperante, producto en parte de contraponer democracia a exigencia y rigor, lo que ha perjudicado la formación de varias generaciones de españoles, con especial daño para los hijos de los económicamente débiles.
Por último, parece adecuado terminar este comentario recordando a la “tropa” que, con el PSOE a la cabeza, con tanto ardor combate la disciplina y al buen gobierno en las aulas, las palabras de un socialista de la talla de Indalecio Prieto cuando dijo aquello de que “algunos confunden la democracia con la mala crianza”. Verdaderamente premonitorias del momento que vivimos.
