Los diputados de la CUP, Mireia Vehí y Albert Botran, corren el riesgo ser sancionados si finalmente cumplen con la promesa de no asistir a algunas sesiones parlamentarias. La formación antisistema catalana ha asegurado que sus diputados están dispuestos a renunciar a su labor en el Congreso por otros quehaceres.
De hecho, serán pocas las veces que acudan a la Cámara Baja, según ha asegurado Botran, para encargarse de asuntos como el Debate sobre el Estado de la Nación, los Presupuestos o aquellos referentes a Cataluña. Con estas premisas, la CUP pisará pocas veces este hemiciclo, pese a cobrar cada uno de los dos diputados más de 5.000 euros al mes, tras la subida del sueldo del 2%.
El reglamento de la Cámara Baja estipula sanciones para este tipo de comportamientos. "El Diputado podrá ser privado, por acuerdo de la Mesa, de alguno o de todos los derechos" siempre y cuando "de forma reiterada o notoria dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las Comisiones". Requisitos que cumplirían los antisistema.
De esta forma, las posibles sanciones por las ausencias tendrían que ser acordadas por Meritxell Batet (PSOE), presidenta del Congreso; Alfonso Rodríguez (PSOE), vicepresidente primero; Ana Pastor (PP), vicepresidenta segunda; Gloria Elizo (Podemos), vicepresidenta tercera; Ignacio Gil Lázaro (Vox), vicepresidente cuarto; Gerardo Pisarello (En Comú), secretario primero; Sofía Hernanz (PSOE), secretaria segunda; Javier Sánchez Serna (Podemos), secretario tercero; y Adolfo Suárez Illana (PP), secretario cuarto.
Sin renuncias a otros dispendios
Entre las sanciones se encontraría su veto a formar parte de al menos una Comisión parlamentaria y ejercer las facultades y desempeñar las funciones que este Reglamento les atribuye. Por estar en la Comisión se percibe un plus de 1.131 euros en concepto de "gastos de representación", que son acumulables al sueldo de diputado, portavoz o presidente de un grupo parlamentario, pero no así si se percibe un sueldo en otra comisión.
Estas cantidades monetarias podrían ser objeto de la sanción, según estipula el reglamento del Congreso. De esta forma, podrían perder asignaciones económicas, ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos indispensables para el cumplimiento de su función.
La CUP tampoco ha renunciado a percibir los 3.000 euros para taxis, el móvil e iPad, los viajes con medios públicos por territorio nacional, así como la gratuidad de aparcamientos en estaciones de tren o aeropuertos, como otros dispendios, como el seguro en caso de accidente.
