La Guardia Civil ha detenido a 32 personas e investiga a otras 21 en España en el marco de una macroperación internacional contra el fraude alimentario, que afectaba especialmente a productos como el aceite de oliva virgen extra (AOVE) y los vinos con denominación de origen protegida (DOP).

La macroperación OPSON XIII está conformada por 12 operaciones individuales durante las que los agentes han realizado más de 3.000 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional, en los que se ha detectado hasta 2.200 infracciones administrativas.

Los investigados habrían cometido presuntos delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública.

Concretamente, la operación ha estado centrada en alimentos y bebidas alcohólicas falsificados (o de calidad inferior), cadenas de suministro de alimentos ilegales, fraudes alimentarios, seguridad alimentaria y adulteración motivada económicamente.

En total se han incautado 22.000 toneladas de productos ilícitos y 850.000 litros de bebidas, en su mayoría alcohólicas. Además, se han retirado del mercado bienes valorados en más de 91 millones de euros.

Los investigadores notaron una tendencia continua en la venta de alimentos caducados que se encontraban en empresas de eliminación de residuos. Los investigados borraban y volvían a imprimir las fechas de vencimiento y adjuntan las nuevas etiquetas reintroduciendo los productos caducados en la cadena de suministro.

Las principales operaciones en España se llevaron a cabo en Madrid, La Rioja, Sevilla, Valencia y Málaga.

En Madrid se logró la inmovilización y posterior destrucción de 642 garrafas de cinco litros de aceite, 104 jamones y 207 quesos, operación que comportó la detención de una persona, mientras que otras cuatro están siendo investigadas.

Comercializaban desde una nave en la localidad madrileña de Valdemoro aceite de mezclas de semillas, haciéndolo pasar por AOVE y aceite suave, jamones curados por ibéricos y quesos sin poder acreditar su trazabilidad.

En La Rioja, se incautaron unos 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite, y fueron detenidas cuatro personas propietarias de una conservera de Alfaro que elaboraba las conservas con atún de menor calidad que el que figuraba en el etiquetado, así como con aceite de girasol u orujo cuando figuraba como aceite de oliva, logrando poner en venta los productos a precios muy inferiores a la competencia.

Las inspecciones realizadas en establecimientos dedicados a la elaboración y distribución de productos pesqueros congelados en Sevilla sorprendió a los trabajadores de una empresa reetiquetando palets de lomos de bacalao congelado cuya fecha de caducidad había expirado.

Concretamente, se inmovilizaron 45.320 kilogramos de productos ultra congelados a los que se había modificado su etiquetado.

Además, se desarticuló un grupo criminal dedicado a la distribución de AOVE adulterado con otras clases de aceite (girasol, semilla, aceite lampante), hechos por los que fueron detenidas 11 personas y se incautaron 20.000 litros de falso aceite.

Por lo que respecta a Valencia, se investigó una empresa de encurtidos que ponía a la venta productos no aptos para el consumo por la adicción de colorantes y conservantes no acordes con la normativa reguladora en la materia. En las instalaciones de la empresa se inmovilizaron 80.000 kilogramos de producto, gran parte del cual estaba almacenado y envasado, listo para su venta y consumo.

Por último, en Málaga se procedió a la detención de 8 personas, desmantelando una organización criminal con 1.800 kilogramos de productos alimentarios como embutidos, jamón, salmón, pizzas y huevos refrigerados y congelados mal conservados, sin etiquetar o caducados.

Los detenidos les quitaban la etiqueta de caducidad o bien se la borraban para distribuirlos posteriormente a sus clientes.

La acción específica de la operación, de nivel europeo, ha sido liderada por la Guardia Civil, pero se ha coordinado con autoridades europeas como Euipo y Europol.

A nivel europeo, los cuerpos policiales de los 29 países participantes han emitido 104 órdenes de detención, llevando a cabo hasta 184 órdenes de registro. Además, un total de 278 personas han sido denunciadas y se ha logrado desarticular 11 organizaciones delictivas.

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