Las grandes operadores de telecomunicaciones temen que les toque también asumir los costes de la llamada Ley Sinde, la normativa que promovió la ministra de Cultura en línea con los intereses del lobby que representa a las sociedades de gestión de derechos (SGAE,Egeda...), productoras y discográficas, para luchar contra la piratería en Internet (la ley permite el cierre de las páginas web que faciliten sin permiso la descarga de archivos protegidos por derechos de autor).

Esta Ley ya está aprobada, y tuvo el respaldo tanto del PP como del PSOE, pero ahora el sector teleco está pendiente de la Memoria de Análisis de Impacto normativo del Reglamento que podría tener luz verde el próximo consejo de ministros, según los datos que maneja el sector pese a no ser un tema de urgencia. Este reglamento dará los detalles de quién y cómo se financia la polémica Ley Sinde y los sistemas de corte. Vía presupuestos generales, operadores de telecomunicaciones, fórmulas mixtas…

Ganaron la primera batalla (no ser los vigilantes del sistema, como se había planteado al inicio, y estar alertas de que no se produjeran las descargas). Pero ahora, se quejan, con reparos de ser citados, de que la administración les podría cargar con otro coste más, un coste al que ya denominan 'carga Sinde'.

Son pequeñas tasas y cargas que las operadoras de telecomunicaciones están asumiendo una a una, como la ampliación del coste del servicio universal (en Finlandia corre a cargo de los presupuestos generales y en Malta es un sistema mixto), la conservación de los datos, la localización de las llamadas, la tasa de financiación del Cine (unos 30 millones de euros)…

En cambio, hay determinadas obligaciones por las que no pasan, como es la tasa de la financiación de RTVE (0,9% de los ingresos). El asunto está impugnado en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y en el Tribunal Supremo en España. Mientras avanzan ambos procesos, los operadores están pagando sus recibos; la liquidación es trimestral y se canaliza a través de la CMT. En 2010, esta tasa acendió a 243 millones de euros, según datos de la CMT.

Además de la Ley Sinde, el sector sigue pendiente de la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, donde España debe trasponer directivas europeas relativas al roaming, portabilidad, etc…