España

Alvaro García Ortiz, el primer fiscal general imputado en la historia de la democracia

De fiscalizar el 'caso Prestige' a vivir en lo más bajo de la cúspide del Ministerio Público: el primer Fiscal General imputado

  • García Ortiz, el fiscal general del Estado -

Álvaro García Ortiz (1967) es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, e ingresó en la Carrera Fiscal en 1998, desde entonces, ha escalado en la jerarquía hasta llegar a lo más alto. Antes de convertirse en Fiscal General del Estado, fue mano derecha de su antecesora, Dolores Delgado, quien antes de ocupar ese cargo fue ministra de Justicia de Pedro Sánchez. La figura de García Ortiz ha estado envuelta de multitud de polémicas desde su nombramiento, hasta la actualidad, con acusaciones de revelación de secretos en un contexto partidista a fin de combatir una de las rivales políticas del líder del Ejecutivo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Poco después de comenzar su carrera en el Ministerio Público, García Oriz ejerció como Fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca de 2000 a 2002. Ese mismo año fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela. En Octubre de 2004 fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma de Galicia. Más tarde, en 2007 y hasta 2021 ocupó el cargo de Fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo, Ordenación del Territorio e Incendios Forestales, a nivel provincial y autonómico.

En abril de 2018 fue el candidato más votado en las elecciones a vocal del Consejo Fiscal, cargo que ocupó hasta marzo de 2020. Un año más tarde fue promocionado a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Fue mano de derecha de su predecesora, Dolores Delgado, quien además fuera ministra de Justicia de Pedro Sánchez, y tras su salida de la Fiscalía General de Estado, nombró a García Ortiz como su sucesor. Álvaro García Ortiz es, en palabras del propio presidente del Gobierno y líder de los socialistas, tal y como se referió el pasado lunes durante el balance del año tras el último Consejo de Ministros de 2024, "su" Fiscal General de Estado.

Primer fiscal en ser imputado

Nombrado para su puesto el 1 de agosto de 2022, llegó rodeado de controversia por diferentes motivos. El primero, su nombramiento, impulsado por Dolores Delgado después de su salida por motivos de salud, se dio después de que García Ortiz fuera ascendido en 2020 a fiscal de Sala y le designara como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, convirtiéndose en el trampolín para alcanzar lo más alto del Ministerio Público, algo que finalmente llegaría tan sólo dos años más tarde. En su historial incluye el haber formado parte del equipo de acusación en el 'caso Prestige' como fiscal de medioambiente en Galicia.

Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz

Pero la principal polémica que afecta a García Ortiz es por haberse convertido en el primer fiscal general del Estado en ser imputado por un presunto delito de revelación de secretos, después de, presuntamente, hacer pública información y datos confidenciales de Alberto Gómez Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien, a su vez, está acusado de fraude fiscal.

Esta causa empieza a ahogar al Fiscal General de Estado, y es que el magistrado del Tribunal Supremo que lleva el caso de García Ortiz, Ángel Hurtado, ha citado en calidad de testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, y deberán declarar el próximo 16 de enero. En un auto notificado este mismo jueves, el instructor cita también como testigos a los responsables de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y de la Fiscalía General del Estado para el próximo 21 de enero. El magistrado instructor se dispone a citar a García Ortiz en breve, en cuanto tome declaración a los fiscales mencionados, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.

Y es que todo se remonta al último Debate del Estado de la Región de Madrid, cuando tras conocerse las acusaciones de fraude fiscal a las que se enfrentaba la pareja de la presidenta madrileña, Juan Lobato, líder de los socialistas de la Comunidad de Madrid, hizo pública una nueva versión que desmontaban la que defendían los populares. Su intervención en el pleno estuvo sustentada de documentación a la que varios medios habían tenido acceso y habían publicado esa misma mañana. Extrañado por esa información publicada, Gómez Amador puso el foco en una posible filtración desde la Fiscalía al Partido Socialista y posteriormente a varios medios próximos al Gobierno.

Álvaro García Ortiz saluda a Pedro Sánchez.

Finalmente, Álvaro García Ortiz fue denunciado por un presunto delito de revelación de secretos, siendo la pareja de Ayuso la ficha clave, pero habiendo otros entes detrás, como el Colegio de Abogados de Madrid. Y la última de las informaciones, que también ha generado polémica, ha sido la eliminación de los mensajes del teléfono del Fiscal General, ya que los agentes encargados de la revisión de la mensajería aseguraron haber encontrado "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, días clave para la presunta filtración que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Enfrentándose a una condena de varios años de inhabilitación en caso de ser considerado culpable, el fiscal general no muestra preocupación alguna por lo hechos y acusaciones que le rodean. Tranquilidad también en el Ejecutivo, donde varios de los ministros han señalado su plena confianza en el Fiscal General del Estado, incluyendo el propio presidente del Gobierno, quien el pasado lunes, volvió a depositar total confianza en "su" fiscal después incluso de conocer que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos ha pedido a la UCO los "números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas" que se incautaron en el registro del despacho del jefe del Ministerio Público.

Avisos desde el Tribunal Supremo

No puede olvidarse tampoco la tan cuestionada política de nombramientos de García Ortiz, con varias revocaciones por parte del Tribunal Supremo. Entre ellos se incluye el de su predecesora, Dolores Delgado, que fue ascendida a la categoría de fiscal de Sala, generando acusaciones de "desviación de poder" y tensiones con el Consejo Fiscal. Con este órgano vive en un constante clima de tensión, ya que éste le acusa de favorecer a la Unión Progresista de Fiscales además de haber impedido que se pronunciara sobre la Amnistía.

El más mediático de estos choques fue con los fiscales del 'Procés', quienes se opusieron a su orden de amnistiar a los líderes independentistas de todos los delitos. Aquellos fiscales contrarios al criterio del líder del Ministerio Público fueron apartados después de que la cúpula fiscal avalara por un pequeño margen el criterio de Álvaro García Ortiz. Asímismo, previo a la materialización de la Amnistía, la número 2 de la Fiscalía, desobedeciendo a la cúpula fiscal, pidió no investigar por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, lo que generó críticas internas que muchos atribuyeron al propio García Ortiz.

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