La Audiencia Nacional ha autorizado que Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes' y uno de los protagonistas de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, salga de prisión temporalmente para colaborar con la ONG Solidarios, aunque ha dejado claro que esta medida “no puede convertirse en un tercer grado encubierto”. La decisión fue tomada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que permitirá a Pérez realizar actividades fuera del centro penitenciario, aunque deberá regresar a pernoctar en la cárcel cada noche, manteniéndose así en segundo grado.

En una resolución emitida por el magistrado José Luis Castro, se ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen de segundo grado de Pérez. Esta decisión abre la puerta a futuros permisos de salida, siempre y cuando el condenado cumpla con los requisitos legales. El juez subraya que la participación en actividades de esta ONG podría contribuir a la reintegración social del exdirigente de Gürtel, ayudándole a “consolidar su perspectiva sobre el delito y sus consecuencias” y a obtener “una visión más completa sobre la realidad penitenciaria”, lo que podría suponer un paso hacia una eventual reinserción.

Desde febrero de 2017, 'El Bigotes' cumple una condena que incluye delitos de malversación, cohecho, falsificación en documento público, asociación ilícita y tráfico de influencias. Fue en 2018 cuando se dictó la sentencia que lo llevó a prisión, tras ser juzgado por su implicación en la red Gürtel. Su última condena llegó este año, tras un juicio en el que se le imputaron delitos vinculados a contratos públicos adjudicados a Orange Market, una de las empresas implicadas en el caso. Durante el proceso judicial, Pérez reconoció los hechos, lo que derivó en una condena de 2 años y 3 meses de prisión.

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha destacado en su auto que, aunque Pérez admite su implicación en los delitos, tiende a minimizar su responsabilidad directa y a culpar a su entorno, justificando los delitos como consecuencia de su “estilo de vida y del mundo en que se desenvolvía”. Este diagnóstico se basa en un informe psicológico realizado en abril de 2024. A pesar de ello, el magistrado ha señalado como positivo que Pérez ha estado realizando pagos parciales para saldar la responsabilidad civil asociada a su condena, lo cual considera una muestra de su intención de reparar el daño causado.

Por último, el juez ha rechazado de momento una solicitud de la defensa de Pérez, que había pedido que el cumplimiento de esta medida se realizara en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, aduciendo que esta solicitud está aún “en trámite y pendiente de aprobación”. En este sentido, el magistrado ha reiterado que la medida de flexibilización otorgada a Pérez está lejos de representar un tercer grado, insistiendo en que su cumplimiento continuará bajo supervisión estricta.

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