La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para los órganos judiciales de los 70 partidos que deben ajustarse a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes del 1 de julio. Esta reestructuración implica la sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos colegiados. Con esta nueva estructura, se crearán 80 nuevas plazas y se establecerán nuevos puestos de jefatura con un complemento salarial. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública asumirá una inversión de más de 3,5 millones de euros anuales para llevar a cabo estos cambios.
Reorganización del sistema judicial andaluz
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado el esfuerzo y diálogo mantenido durante meses con los sindicatos de Justicia. Aunque no se logró un acuerdo, la Consejería ha aprobado la RPT necesaria para cumplir con el calendario estipulado por la ley estatal. En Andalucía, esto implica adecuar las plantillas del 82,3% de los partidos judiciales. La norma exige que para el 1 de julio todos los partidos judiciales con Juzgados Mixtos y órganos especializados en Violencia sobre la Mujer estén adaptados. En Andalucía, esto afecta a 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan alrededor de 9.000 funcionarios.
El proceso de adaptación continuará el 1 de octubre con tres partidos judiciales más: Marbella, Torremolinos y Fuengirola, todos ellos en la provincia de Málaga. Antes de final de año, se adaptarán los 12 partidos restantes, correspondientes a las ocho capitales de provincia, además de Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María (en Cádiz) y Motril (Granada). La adaptación a la ley no solo mantendrá el número de plazas y derechos económicos del personal, sino que en los 70 partidos judiciales que se adaptarán en la primera fase se crearán 80 nuevas plazas. De estas, 60 son de nueva creación y 20 pasarán a ser estructurales, pues hasta ahora estaban ocupadas por personal de refuerzo.
El esfuerzo económico que implica esta reestructuración asciende a 3,5 millones de euros anuales. Además, la Junta de Andalucía deberá adecuar las infraestructuras judiciales a la nueva estructura de los tribunales de instancia y las oficinas judiciales. Este esfuerzo económico lo está asumiendo la Junta en solitario, ya que, según ha recordado el consejero, el Ministerio de Justicia no ha asignado "ni un euro" para que las comunidades con competencias de Justicia transferidas puedan implementar esta ley.
¿Cómo afectará la nueva estructura?
La creación de nuevos puestos de jefatura con un complemento salarial es uno de los cambios más significativos. Estos nuevos puestos buscan mejorar la eficiencia y el funcionamiento de los tribunales de instancia, que reemplazarán a los juzgados unipersonales. Además, se espera que la nueva organización optimice el trabajo de los funcionarios y mejore la calidad del servicio judicial. La Junta de Andalucía ha insistido en que esta reestructuración no supondrá una merma en el número de plazas ni en los derechos económicos del personal. La Junta de Andalucía ha subrayado la importancia de esta reestructuración para cumplir con los plazos establecidos por la ley estatal.
A pesar de las dificultades para alcanzar un acuerdo con los sindicatos, el consejero de Justicia ha expresado su agradecimiento por el trabajo y el diálogo mantenido durante los meses de negociación. La aprobación de la RPT es un paso crucial para adaptar el sistema judicial andaluz a las nuevas exigencias legales y mejorar la eficiencia del servicio público de justicia en la comunidad. En resumen, la Junta de Andalucía ha aprobado una importante reestructuración de su sistema judicial, que incluye la creación de nuevas plazas y puestos de jefatura. Este cambio busca mejorar la eficiencia y el funcionamiento de los tribunales de instancia, asegurando que el sistema judicial andaluz cumpla con las nuevas exigencias legales. Con una inversión significativa y la adaptación de infraestructuras, la Junta de Andalucía está comprometida con la mejora del servicio público de justicia en la comunidad.
