El Togado Militar Central número 2 de Madrid, encara la recta final de la instrucción del caso de la base de Cerro Muriano por la muerte de un soldado sevillano y un cabo cordobés durante unas maniobras el pasado mes de diciembre. El alto tribunal, toma hoy declaración desde las 11:00 a ocho militares, cuatro de ellos aforados, para conocer el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos con la puesta en marcha del Programa Básico de Instrucción que se saldó con dos muertes y varios ingresados.

Por el momento, sólo ha trascendido lo que Luis Romero, uno de los abogados de la defensa ha relatado a los medios.
El abogado de la familia del soldado sevillano fallecido, ha asegurado que un teniente coronel ha confirmado que hizo unos ejercicios similares en el mismo lugar en junio de 2022, "pero entonces le llegaba el agua a la rodilla a los militares", con lo que las condiciones eran muy distintas a las del pasado diciembre, cuando se produjeron las dos muertes.

En esos ejercicios de junio, según el letrado, "se hicieron pruebas de estanqueidad de las mochilas", y controles de salud de los soldados para comprobar que podían realizar el ejercicio, además de establecerse medidas de seguridad", pero en diciembre pasado, el capitán investigado "dijo que me suda la polla (sic) y que todos para dentro".

Con las declaraciones previstas esta semana el togado terminará la instrucción previa del caso que quedará a falta del auto de procesamiento en el que el Tribunal Militar Central determinará a la vista de las declaraciones a quién procesa finalmente y con qué cargos. Además de las declaraciones de hoy, el miércoles, desde las 9.00 horas, está prevista la declaración de cuatro altos mandos aforados, concretamente dos coroneles, un teniente coronel y un comandante, que formaban parte de la cadena de mando de la Brigada Guzmán el Bueno X, con base en Cerro Muriano.
Se tratan de los altos mandos que ejercían responsabilidades en la base cordobesa cuando se aprobó y se puso en marcha el Programa Básico de Instrucción sobre el que se basaron las maniobras mortales. Uno de ellos, ha solicitado que le defienda un abogado del estado. Sobre las diez de la mañana del próximo jueves finalizarán las declaraciones, cuando preste testimonio el sargento investigado que era el responsable de la instalación de la cuerda que debía servir de guía para cruzar el lago con las adecuadas medidas de seguridad.

Los testigos ya han declarado

Antes que los ocho militares, cuatro de ellos aforados, han venido declarando testigos del fatal suceso que se produjo el pasado 21 de diciembre de 2023 en la base cordobesa y que se saldó con la muerte de un soldado y de un cabo.
Durante toda la fase de instrucción ante el juez militar de Madrid, tanto militares que participaron en las maniobras, como peritos e investigadores de la Guardia Civil constaron que los ejercicios de realizaron con escasas medidas de seguridad. En un informe de los Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) elaborado tras la inspección del lago de la base de Cerro Muriano (Córdoba) ha puesto de manifiesto que las medidas de seguridad de las maniobras mortales no eran suficientes. Además, el informe apunta que las maniobras acuáticas en las que fallecieron los dos militares "carecía de las necesarias medidas de seguridad", principalmente en cuanto a la falta de ambulancia, personal sanitario y la "cuerda" que supuestamente servía de "línea de vida".
Por otro lado, los testigos que han declarado ante el juez instructor, tanto militares como peritos, han señalado que solo había "instrucciones generales en relación con las maniobras", pero "no concretas" sobre el cruce del lago. Han añadido en su declaración que "solo había una única ambulancia operativa" y que los encargados de la logística de las maniobras "no recibieron esa mañana" del suceso "ni el día anterior" ninguna "llamada ni información" por parte del capitán encargado de los ejercicios.

Posible delito contra la eficacia en el servicio

Según informes y declaraciones de testigos, a priori, parece que los investigados podrían haber incurrido en un delito contra la eficacia del servicio, que se produce cuando el militar incumple sus deberes fundamentales causando "grave daño en los medios o recursos de las Fuerzas Armadas o en las personas, o riesgo para el servicio o para la seguridad de una fuerza, unidad o establecimiento de las Fuerzas Armadas". 

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