Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de la UGT-Andalucía, ha declarado por fin hoy en la Audiencia de Sevilla en el juicio por el escándalo de las facturas falsas. Han pasado trece años hasta que la ex cúpula del sindicato UGT-A se ha sentado en el banquillo de los acusados citada como responsable civil subsidiaria por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas de más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.
Durante la vista, Fernández Sevilla sólo ha respondido a su defensa y al tribunal, negándose a responder a la Fiscalía Anticorrupción. El ex secretario general de UGT-A, ha asegurado que la culpa de todo el escándalo es de las "informaciones sesgadas de la prensa", frase que ha repetido en hasta tres ocasiones a lo largo de su declaración en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, donde ha sostenido que "no había nada oculto ni extraño".
El ex responsable del sindicato ha negado en rotundo el fraude y ha asegurado que todos los cursos de formación se han realizado e incluso recibieron "felicitaciones" por parte de la Administración: "Aquí no hay trampa ni cartón", ha asegurado con rotundidad el ex líder de UGT-A.
Ni bote ni rápel
Fernández Sevilla ha dicho que cuando salió en prensa esta palabra preguntó por el tema y le trasladaron que "no había nada de bote", que se trataba de "cuentas de enlace", con otros organismos internos, como las uniones provinciales y con empresas proveedoras. En cuanto al rápel, el otro mecanismo supuestamente fraudulento empleado por UGT-A, el acusado ha reconocido que se trataba de unos descuentos que ofrecían aquellos proveedores que tenían cierto volumen de negocio con la organización sindical, pero ha rechazado que fuese él quien negociara dicho descuento con los proveedores, puesto que según ha indicado "no era de su competencia", sino del área de Administración.
Fernández Sevilla, que se enfrenta a una petición de siete años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción, será el primero de los 15 acusados en declarar en este juicio, que se inició en el pasado mes de enero y que entra de esta forma en su recta final. Las declaraciones llegan después de que ya se hayan realizado todas la pruebas testificales y periciales, entre las que ha destacado precisamente la declaración del ex trabajador de la UGT-A Roberto Macías, que destapó todo y que fue condenado por revelación de secretos por la sustracción de información del sindicato, y quien ha ratificado ante el tribunal la existencia de una "facturación fraudulenta" que el sindicato iba encargando a los proveedores por determinados servicios que no se habían dado o que se habían realizado por un importe inferior, lo que generaba un bote que ha llegado a comparar con un "fondo de reptiles". Macías filtró a la prensa toda la información sobre este fraude, el famoso ‘bote’ y el fondo de reptiles, pero no denunció nada ante la Policía.
A preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, el ex empleado del sindicato confirmó dos de las modalidades que presuntamente el sindicato utilizaba para la realización de un fraude que se estima en más de 40 millones de euros y así ha explicado que en ocasiones se encargaba la realización de facturas ficticias a los proveedores y en otras ocasiones se correspondían con la prestación de un servicio pero "con un precio menor, se han inflado". Ese saldo que se generaba "se descuenta con albaranes de entrega o de bote y con eso se compraban bandeloras, camisetas, merchandising y todo lo necesario para la actividad sindical", ha detallado Roberto Macías, que ha afirmado que desde su punto de vista el sindicato "tiene todas las prácticas de una organización mafiosa".
A principio de abril declaró el interventor de la Junta de Andalucía que analizó las ayudas concedidas a UGT-A para que ejecutase cursos de formación para trabajadores y quien además de ratificar el informe en el que estableció que los gastos presentados por UGT-A no eran subvencionables, insistió en que el sindicato no realizó un "esfuerzo" para justificar en que se gastó el dinero que recibió de la Administración. De hecho, el perito precisó que las facturas que presentó la organización, la mayoría con "conceptos genéricos" que no concretaban los servicios prestados, "no eran aceptables y deberían haber sido rechazadas, con independencia de que el servicio se haya prestado o no".
La defensa lamenta que un caso civil sea ahora penal
La defensa de UGT Andalucía, encargada al letrado José María Calero, lamentaba que “una causa completamente administrativa se ha transformado en penal. Se ha criminalizado una cuestión estrictamente administrativa”, indicaba Calero, negando que el sindicato deba responder como responsable civil subsidiario y enarbolando para ello el “acuerdo de voluntades” firmado en 2022 entre UGT Andalucía y la Junta de Andalucía, para fraccionar los reintegros solicitados por la Administración andaluza al sindicato.
