La Junta y el Gobierno retoman el pacto de Doñana y sobre todo la inversión de 1.400 millones de euros entre ambas administraciones. El pacto permaneció suspendido hasta la tarde de ayer cuando durante una reunión telemática el ejecutivo andaluz y el Gobierno alcanzaban un acuerdo. Ambas administraciones tenían la tarea de eliminar del decreto de simplificación los artículos 242 y 244 que incluían dos párrafos contenidos de manera literal en la proposición de ley de regadíos de Doñana y que derivó en la reacción de la ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera de suspender el acuerdo y cancelando las reuniones con agricultores, ayuntamientos y todos los agentes vinculados a Doñana.
La titular del Ministerio de Transición Ecológica, tiene previsto volver a reunirse con todos los que están vinculados a Doñana a finales de este mes. Para que esto se produzca, ha sido necesario consensuar una nueva redacción de ambos artículos. La Junta había sostenido que se trataba de una simple trasposición de la ley de montes andaluza a la normativa nacional, mientras que del Gobierno aseguraba que dejaba la puerta a la regularización de superficies forestales de especies de ciclo corto, especialmente eucaliptos, en terrenos agrícolas.
Los diez minutos
Eran muchas las voces discordantes, sobre todo por parte del PSOE andaluz, que acusaban a Moreno de “hacer trampas” incluyendo en el decreto de simplificación, nuevos artículos que perjudicaban a Doñana. Estas suspicacias no cesaron hasta que la ministra Ribera llamó al presidente de la Junta de Andalucía. Moreno le garantizó su disposición a reunirse para eliminar cualquier inconveniente que pudiera haber en el Gobierno central. “Diez minutos” fue el tiempo que Moreno aseguraba horas antes que necesitaba para corregir “lo que no les guste y modificarlo para que no haya problemas ni con Doñana, ni con el agua”.
No se sabe con exactitud si fueron diez minutos, como anunció el presidente, pero en la reunión de ayer, poco más necesitaron Sanz, Fernández-Pacheco y Morán en cerrar el acuerdo que, fuentes del Ejecutivo andaluz calificaron de “cordial y breve, ya que ha sido muy fácil llegar a un acuerdo”.
Este nuevo acuerdo se refuerza con que la entrada en vigor de la modificación acordada ayer, será retroactiva, es decir, estará plenamente vigente desde el 17 de este mes, es decir, la entrada en vigor del propio decreto. Se pone fin así a las suspicacias también planteadas por la oposición, especialmente el PSOE, que habían hecho llegar la posibilidad de que algunos agricultores ya habrían iniciado los trámites para regularizar la conversión de suelo forestal a agrícola. Este extremo fue desmentido por fuentes del Gobierno andaluz que confirmaron que, esas conversiones, en cualquier caso, deberían ser autorizadas por la Junta de Andalucía y a ésta no le había llegado solicitud alguna. En cualquiera de los casos, la extensión afectada apenas llega a las 70 hectáreas de acuerdo a las mismas fuentes.
El siguiente paso es la convalidación de esta nueva redacción de los dos artículos del decreto en una próxima reunión del Consejo de Gobierno. Parece que puede que se apruebe en la reunión del Consejo del próximo martes. Entonces se volvería a llevar al Parlamento para su convalidación en el pleno de dentro de quince días.
Todos los ojos en el final de mes
Todos los implicados en el caso Doñana, agentes forestales, agricultores, científicos… esperan ya la reunión con la ministra Ribera. Sobre todo, los 14 ayuntamientos que no han logrado ponerse de acuerdo para el reparto de los fondos y esperan que la reunión logre un reparto justo y equitativo de los 70 millones de euros destinados a este fin.
