José Antonio Vidal, histórico inspector de la Policía Nacional en Sevilla, ha muerto este domingo tras una larga enfermedad. Se trata de una figura histórica en el cuerpo por su trayectoria como investigador en la corrupción. Su nombre se asocia a casos históricos como el de Juan Guerra, que puso el foco en las actividades del hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. También el ‘caso Ollero’, que se centró en el director general de Carreteras de la Junta de Andalucía o el mediático caso del crimen de Los Galindos en 1981.
Fue una figura pionera, ya que era el primer jefe de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados durante entre 1984 y 1996, siendo una figura inédita. Hasta ese momento, ya se había fogueado como investigador de homicidios, robos y estupefacientes. De 1996 a 2002 trabajó como asesor de seguridad del delegado del Gobierno en Andalucía, el popular José Torres Hurtado.
Fue esa época en la que Vidal tuvo que convivir con el terrorismo de ETA. Sevilla sufrió dos atentados en los que fueron asesinados el concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, (30 de enero de 1998), y el coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos (16 de octubre de 2000).
La sombra del ‘caso Guerra’
Según recoge 'Diario de Sevilla', por sus investigaciones contra la corrupción recibió numerosas presiones, que le llevaron según detalló en una entrevista a este medio a estudiar la carrera de Derecho por temor a quedarse sin trabajo. Sus pesquisas en el caso Guerra provocaron un pulso con Interior. “Quemaron pruebas, me expedientaron y me pincharon los teléfonos”, contó al diario local en 2019. El compañero de Vidal en el caso, el inspector de la Policía Judicial de Sevilla, Miguel Javato Márquez fue objeto de trasladado forzoso a Fuerteventura.
A vidal se le abrió expediente disciplinario. En noviembre de 1991 la Dirección General de la Policía anunció la intención de relevarle como inspector jefe del Grupo de Policía Judicial, aprovechando la ampliación de este grupo policial con motivo de la reorganización prevista para la Expo 92.
La intención de Interior confirmaba las presiones que había venido recibiendo Vidal y su equipo durante los casi 20 meses de investigación del ‘caso Juan Guerra’. Presiones orgánicas para una policía judicial que tenía una incómoda dualidad. Orgánicamente, dependía de la Dirección General de la Policía y, funcionalmente, de los jueces y fiscales.
Vidal, llegó a ser expedientado y estuvo en unas diligencias penales abiertas por el juez Ángel Márquez, quien era el instructor del ‘caso Juan Guerra’. Vidal vio cómo se abrieron incluso diligencias penales por un presunto delito de denegación de auxilio a la Justicia. Con el tiempo, estas diligencias fueron sobreseídas por la Junta de Jueces de Instrucción y de lo Penal, que calificó el expediente de Vidal como "medidas adoptadas contra los intereses personales y profesionales" de los policías.
El ‘caso Guerra’, destapado a través de un proyecto urbanístico en Barbate (Cádiz) como el hermano de Alfonso Guerra se había convertido en un conseguidor por cuyo despacho fluían favores y compromisos políticos muy lejos de la transparencia. El caso supuso un cisma en la cúpula del PSOE de Felipe González y su distanciamiento con los Guerra.
Uno de los periodistas que destapó aquella historia de inicio de 90, Pedro de Tena, definió como brillante el trabajo de Vidal contra una estructura inamovible que tardó en ver lo que ellos señalaban, José Antonio era "un policía brillante, inteligente y capaz” ha señalado el periodista.
Vidal, junto al fiscal Alfredo Flores y el juez Ángel Márquez consiguió crear un paradigma inédito en la democracia española. La necesidad de propiciar cuerpos de seguridad específicos para luchar contra la corrupción y la necesidad de airear los tejes y manejes de los despachos que, en el caso de Juan Guerra, convivieron con hasta tres delegados de Gobierno en Andalucía. Era el punto de partida, Guerra fue juzgado por malversación o estafa, en aquel entonces, ni siquiera estaba tipificado el tráfico de influencias. La edad de la inocencia comenzó a resquebrajarse con el trabajo de Vidal.
Un investigador persistente
De su proceder resulta evidente la capacidad de trabajo y ambición. Propuso tomar declaraciones a las cerca de 500 personas que pasaron por el despacho de Juan Guerra, en cuyo libro de visitas encontraron páginas arrancadas. Sus investigaciones sobre la actividad del hermano del vicepresidente evidenciaron la necesidad de legislar respecto al tráfico de influencias. En teoría, en aquel entonces, la labor de conseguidor del hermano de un vicepresidente no estaba penada.
Su huella contra la corrupción tiene otro nombre propio: el ‘caso Ollero’. Según digo el propio Vidal, se convirtió en el “el primer policía que incautó in fraganti un maletín con dinero en efectivo”, detalló a Diario de Sevilla, “detuvimos a Jorge Ollero cuando viajaba por carretera de Madrid a Sevilla con 22 millones de pesetas (132.222 euros). Se hablaba mucho de las comisiones a los partidos, pero nadie había cogido un maletín”.
El ‘caso Jorge Ollero’, que era hermano del director general de Carreteras de la Junta a fines de 1991, reveló la corrupción de las consejerías de Economía y Obras Públicas de la Junta por una supuesta financiación ilegal del PSOE, con el cobro de mordidas por la asignación de contratos. El 1992, Ollero dimitió como director general por razones "de carácter estrictamente personal".
Pero una década antes, Vidal ya había sido protagonista de otra investigación pertinaz por un quíntuple asesinato en el 'crimen de Los Galindos' que se atribuía a un tractorista de la zona por razones de ajustes de cuentas pasionales. Vidal reabrió el caso en 1891, seis años después, y propició la exhumación de los cinco asesinados para confirmar que el tractorista no solo no era culpable, sino que había sido una víctima más, quedando finalmente exculpado del asesinato, cuestión de justicias y bien hacer, descanse en paz.
