"En absoluto estamos acusando de corrupción al Partido Popular, pero le reclamamos la máxima transparencia". Esta es la declaración de intenciones que ha hecho el presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Javier Cortés, a la hora de reclamar a los populares información sobre los contratos adjudicados en Andalucía a un empresario de drones, implicado en el "caso Tito Berni", como ha calificado al también conocido como 'caso Mediador'. La formación de Santiago Abascal pretende conocer si existen más contratos, al margen de los dos ya conocidos hasta ahora.
Hasta ahora, ha recordado Cortés, lo que se conocen son dos adjudicaciones de estas aeronaves. Una corresponde a la Consejería de Presidencia el 15 de abril de 2021 "por más de 7.000 euros", ha concretado el parlamentario andaluz, y otra por "más de 6.000 euros" al Ayuntamiento de Carmona, también gobernado por el PP, el 8 de noviembre del mismo año. La empresa adjudicataria es Asesoramiento y Servicios de Drones S.L.
Cortés ha descrito al empresario José Santiago Suárez, también conocido como "José drones" –en palabras del diputado de Vox– como "el principal empresario de la trama" que lideraba el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido en el sumario que instruye el Juzgado de Instrucción 4 de Tenerife como "tito Berni".
El primero de los dos contratos hasta ahora conocidos en Andalucía, logrados por el mencionado empresario, cuyo apodo exacto dentro de la trama es 'Pepe el drones' lo consiguió "en la Consejería de Presidencia liderada por el señor Bendodo", ha precisado Cortés para referirse al exconsejero y exportavoz de la Junta, actual senador y coordinador nacional del PP.
La segunda adjudicación se produjo con el popular Juan Ávila en la alcaldía de Carmona. Se trata del hombre respaldado en su día por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para intentar liderar el PP de Sevilla. Finalmente se hizo con la presidencia la 'casadista' Virginia Pérez, actualmente defenestrada por Moreno Bonilla. A día de hoy preside el partido un hombre de su confianza, tras el último congreso celebrado
El también coordinador provincial de Vox en Sevilla ha citado también a la comunidad autónoma de La Rioja, en manos del PSOE, como lugar donde se produjeron adjudicaciones de servicios de drones al citado empresario.
Como ya informó Vozpópuli el pasado 1 de marzo Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. también recibió tres contratos del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, aliado de Compromís en el Ejecutivo local. Fueron las concejalías de Policía y Bomberos (dirigidas por los socialistas) las que contrataron la compra de drones, baterías y hélices en tres contratos, uno de 14.025 euros para comprar dos drones, otro de 2.299 euros, y un tercero de 1.161 euros.
El 28 de febrero este medio de comunicación informaba acerca de que el Gobierno valenciano que preside Ximo Puig adjudicó un contrato menor a otra empresa de José Santiago Suárez por valor de 11.218 euros para la adquisición de un dron hexacóptero que tenía como destino la Agencia Valenciana de Seguridad Respuesta de las Emergencias.
Petición en un momento de buenas relaciones parlamentarias entre Vox y PP
La petición de Vox al PP andaluz llega justo en un momento en el que ambos partidos caminan de la mano en dos importantes iniciativas parlamentarias, suscritas conjuntamente. La primera, en orden cronológico, afecta a la petición para la reapertura en el Parlamento de la comisión de la Faffe. Se trata de la fundación creada por el PSOE en la Junta de Andalucía donde se gastaron fondos públicos en prostíbulos.
Además, dicho ente isntrumental, luego absorbido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se convirtió en un nido de 'enchufismo' que investiga un juez de Sevilla. Entre los contratos sobre los que se indaga está el de la mujer de Juan Espadas, líder del PSOE andaluz y ex consejero de gobiernos autonómicos, además de viceconsejero.
La segunda iniciativa conjunta de PP y Vox es la reciente Proposición de Ley (PL) registrada la pasada semana para la reordemación de una serie de suelos en la corona norte del parque nacional de Doñana, con el fin de pasar a ser de regadío.
Ambas formaciones pretenden que pasen a ser de regadío más de 1.000 hectáreas. Allí hay 650 familias "afectadas" como regantes de fresas. La propuesta, a pesar de que se deja claro que no se pretende emplear un acuífero existente (sólo aguas superficiales) cuenta con el rechazo frontal expresado por el secretario de Estado de Medio Ambiente. Habla de "atropello" y anuncia acciones ante el Constitucional.
