La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un total de 107 personas implicadas en el conocido como caso Emperador y cuyo cabecilla era el empresario chino Gao Ping. El Ministerio Público solicita para él un total de 47 años de prisión y multa de 77,52 millones de euros por liderar esta macroorganización internacional dedicada al blanqueo de grandes cantidades de dinero. En concreto le atribuye delito continuado de falsedad, organización criminal, cohecho, detención ilegal, blanqueo de capitales, amenazas y seis delitos contra la Hacienda Pública, según confirman fuentes fiscales a Vozpópuli.
En julio de 2020 el magistrado José Luis Calama Teixeira procesó a un total de 105 personas por su pertenencia a esta red desarticulada en 2012 en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada). El magistrado expuso entonces que la organización criminal (en la que también se vieron salpicados agentes de la Policía) generó unos "descomunales montantes económicos" mediante la introducción de grandes cantidades de mercancías, procedentes en su mayoría de China. Las naves sirvieron a su vez de base para centralizar el dinero recogido y desviarlo al extranjero en grandes remesas.
Para ello utilizaron diferentes vías, siendo una de ellas el transporte físico del dinero. Se estima que la cantidad transportada en cada uno de los envíos tanto por vía aérea como terrestre oscilaba entre los 4 y 5 millones de euros, tal y como confesaron dos miembros en esta red. Con todo, también se sirvieron de gestoras de transferencias situadas en España. Los agentes implicados realizaron remesas de dinero en grandes cantidades aunque fraccionadas para no exceder el límite de 3.000 euros.
El magistrado ha advertido recientemente de la complejidad de este procedimiento que se ha instruido durante un total de 11 años y cuyo sumario está compuesto por más de 42.000 folios. Prueba de ello es que la trama estaba claramente jerarquizada y se dedicaba de forma profesional y muy especializada al blanqueo de capitales y fraude fiscal. Algunos de sus integrantes se centraron en captar empresarios dedicados al por mayor que generaban mucha liquidez. El objetivo era que facilitaran en mano grandes sumas de metálico a otros miembros de la red criminal que reintegraban los fondos en paraísos fiscales.
60,4 millones del contrabando
Al respecto la Fiscalía explica en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, que existía una operativa para introducir mercancía de contrabando que no declaraban una vez era vendida. Entre las modalidades que emplearon se encuentra la de declararla por importe muy inferior al real o en ocasiones de solo un 10% o bien declarar directamente una mercancía diferente. Anticorrupción concluye que todos los implicados en la trama Emperador utilizaron hasta un total de 224 cuentas bancarias en las que movieron grandes cantidades de dinero.
De hecho, calculan que el monto total que ingresaron en efectivo entre 2009 y 2012 asciende a 60,4 millones de euros procedentes del contrabando. De dicha cuantía casi 37 millones de euros fueron enviados al extranjero. Además, explica que las empresas implicadas en la red que tenían su epicentro en Cobo Calleja llevaron una doble contabilidad y tenía a sus trabajadores de manera ilegal. Parte del dinero metálico obtenido con las actividades de la trama se requisó en los registros de octubre de 2012. En dicha actuación, la Policía Judicial intervino una cantidad aproximada de 8 millones de euros.
Estructuras de la organización
La organización tenía ramificaciones en otros países como Portugal, Francia, Italia, República Checa y Hungría, lugares donde se han detectado transportes de dinero desde España por parte de la red que lideró Gao Ping. De él concluyó el magistrado instructor que era el máximo líder y que se apoyó de testaferros (especialmente en su mano derecha Lin Wei) para mover el dinero. Todos los integrantes de la organización criminal, entre los que se incluyen su mujer y su cuñado, le profesaban una "obediencia absoluta", tal y como aseguró el juez en su auto de procesamiento.
En un segundo nivel se encontraban cuatro acusados además del entorno familiar de Ping. Este núcleo se dedicaba exclusivamente a conseguir los beneficios de la red. Para ello lograron penetrar en algunos entes de la Administración Pública, como el Ayuntamiento de Fuenlabrada, o en estratos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Algunos de los funcionarios, como ocurrió con una empleada de la Delegación del Gobierno de Zamora, recibió regalos y hasta 10.000 euros el día de su boda a cambio de que agilizara los trámites de documentación de extranjería.
Además Anticorrupción asegura que la organización empleó la fuerza física para proteger el dinero que obtenía en España así como para asegurar el que mandaban a China. Por ello dentro de la red existía un grupo dedicado exclusivamente a cobrar préstamos mediante la violencia. Además, la organización se apoyó también en gestores y asesores fiscales que dieron "apariencia de licitud" al dinero negro que movían. Al respecto el Ministerio Público destaca que el español Rafael Pallardó era el responsable de planificar todos los envíos a China fuera de los cauces legales.
En la libreta intervenida a uno de los acusados figuraban anotaciones sobre el dinero que Pallardó envió a China. Solo entre febrero de 2011 y diciembre de 2012 figuran unas remesas por importe total de 14 millones de euros. Las comisiones que cobró por dicha labor fueron de 180.000 euros. Algunas de dichas cuantías también fueron a parar a banco de Andorra.
