La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado al magistrado que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, y ha ratificado el archivo de una de las líneas de investigación abiertas en esta causa, relativa al presunto desvío de dinero de la Caja de Solidaridad. Los magistrados acatan el argumento de la Fiscalía y concluyen en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, que no consta que se hayan distraído fondos de Podemos a dirigentes del partido.
Los magistrados ponen punto y final a la deriva de esta línea de investigación que ha archivado Escalonilla en varias ocasiones, la última de ellas el pasado 23 de julio. El juez explicó que no había indicios que hicieran pensar que el partido dirigido entonces por Pablo Iglesias hubiera cometido delito de administración desleal con una orden de pago de 50.000 euros a #404 Comunicación Popular, asociación ligada al entorno del dirigente de Podemos Rafa Mayoral.
Celia Cánovas, exsenadora del partido, recurrió el archivo decretado en verano por Escalonilla. A esta diligencia se adhirió Vox, que también litiga como acusación en el procedimiento, si bien la Fiscalía y el propio partido se opusieron al considerar que no habían cometido delito con este pago. Ahora la Audiencia de Madrid les da la razón y da por zanjadas estas pesquisas alegando que el abono a esta asociación no es irregular.
Donaciones no prohibidas
"No existe norma que prohíba la donación a la entidad “404”, como señala Podemos, cuando además -añade- que en su página web se puede comprobar que las actividades desarrolladas por la misma son las relacionadas en su acta fundacional y el local le sirve para desarrollar sus actividades (...). Es que ninguno de sus miembros ostenta cargo orgánico ni función directiva en el partido. En todo caso, no consta pago alguno a Rafael Mayoral conforme así lo declarara el denunciante", reza el auto.
Es materia que deberá resolver como cuestión interna del partido y no a través del Derecho Penal
Además, la Audiencia explica que es el propio partido el que tendría que regular las donaciones que, según la exsenadora, se realizaron sin control aparente. "Es materia que deberá resolver como cuestión interna del partido político mediante los mecanismos que, en su caso, contemplen sus estatutos y normas internas, y no a través del Derecho Penal", añaden. Frente a esta tesis se encuentra la de Cánovas que asegura que estas reservas fueron gestionadas por altos cargos para financiar "actividades sin control" del Consejo Ciudadano, lo que causaría un perjuicio a los militantes.
Con todo, no es la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncia sobre este asunto. En febrero del año pasado ya estudió los recursos al primer archivo decretado por el juez en octubre de 2020. El pronunciamiento entonces fue diferente ya que ahí consideraron que había indicios de la comisión de delito de administración desleal con el pago de 30.000 euros a esta asociación. Al respecto precisaron que era razonable pensar que había una "vinculación subjetiva encubierta" entre el movimiento y Podemos.
Dos archivos previos
De este modo devolvió la causa al Juzgado de Instrucción número 42 que reabrió las diligencias. No obstante Escalonilla dejó claro que esta investigación que volvía a asumir se iba a ceñir exclusivamente al estudio de la donación, cerrando la puerta a requerir todos los movimientos de la cuenta de Podemos en Triodos Bank desde donde salieron las transferencias. En julio del año pasado volvía a archivar estos hechos incluidos en el caso Neurona asegurando que el dinero abonado correspondía a la prestación de un servicio.
Este archivo se suma a otros muchos acordados a lo largo del procedimiento penal que arrancó en julio de 2020, tales como el supuesto desvío de fondos al Proyecto Impulsa, el contrato electoral que se firmó con la consultora ABD o la reforma de la nueva sede de Podemos. El foco de los investigadores se mantiene, pues, en el contrato que el partido firmó con la consultora mexicana Neurona para las elecciones de 2019 y que, según sostiene el denunciante inicial y las acusaciones, ocultaría un desvío de fondos públicos bajo el pretexto de trabajos electorales.
