La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un duro informe al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, donde se opone a que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sea excarcelado en el marco de la operación Lezo.
En el escrito, redactado por los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez, se explica el alto riesgo de fuga existente y las altas posibilidades de reiteración delictiva y obstrucción de pruebas si el ex dirigente del PP queda en libertad.
En ese sentido, los acusadores públicos ponen de manifiestos todas las maniobras llevadas a cabo por González y sus hermanos Pablo e Isabel para tratar de averiguar por qué el ex presidente madrileño estaba siendo investigado por la Justicia. Los fiscales explican que en su declaración ante el magistrado Velasco el propio Ignacio González reconoció que había "contactado con algún alto cargo de la Policía Nacional para conocer cómo estaban algunas cosas y si tenían algún informe que les afectase".
De la misma manera, los miembros de Anticorrupción subrayan que el pasado 6 de marzo los tres hermanos González mantuvieron una reunión donde mostraron interés por saber quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía con el objeto de averiguar quién era la persona que dirigía la investigación que le había "chivado" previamente el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. “Los seguimientos policiales a Pablo González y las llamadas interceptadas confirmarían, que dos días después de esa cita, Pablo González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad”, recalca el Ministerio Público.
La Fiscalía subraya que los investigados “ampliaron su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de la carrera judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía para lograr la impunidad de sus acciones”.
