El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al director general de Infraestructuras de Cataluña -la antigua GISA- Josep Antoni Rosell. El magistrado le ha prohibido salir del territorio nacional y la obligación de comparecer de forma mensual en el juzgado, según han informado fuentes jurídicas a Vozpópuli.
El magistrado ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que había solicitado el ingreso en prisión sin fianza para el director general de Infraestructures.cat. El de Rosell es el único caso donde el instructor no ha acordado la petición del Ministerio Fiscal.
Rosell, es un militante histórico de Convergencia, y una de las piezas claves en la investigación de las mordidas ya que es el director general de la empresa que controla las adjudicaciones de obra pública en Cataluña. Su implicación en esta causa de corrupción compromete al Govern ya que no sólo se estaría hablando de la financiación irregular del partido de Artur Mas sino de que un alto cargo del ejecutivo catalán habría participado en el sistema de las comisiones opacas, lo que abre la puerta a que con esa caja B se estuvieran sufragando gastos de la Generalitaten pleno proceso soberanista.
Los empresarios imputados, en libertad
Por otro lado, el juez Josep Bosch Mitjavila ha acordado este viernes la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer de forma mensual en el juzgado para el exconsejero delegado de la constructora Copisa, Xavier Tauler, investigado en el marco de la operación Petrum III. El magistrado ha decretado dichas medidas cautelares a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según ha podido saber Vozpópuli. Se da la circunstancia de que este empresario se encuentra imputado desde hace un año en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional por sus negocios con Jordi Pujol Jr, al que también habría pagado comisiones.
En la misma situación procesal que Tauler ha quedado el empresario Jordi Soler, directivo del Grupo Soler, que sí ha prestado declaración ante el juez y los fiscales del caso José Grinda y Fernando Bermejo. Uno de los expedientes que el juez investiga es la construcción de un centro cultural en Sant Fruitós del Bages (Barcelona) que el consistorio adjudicó en 2009, cuando estaba gobernado por CiU, y fue pagado con fondos del programa de reactivación económica conocido como "plan Zapatero".
El Ayuntamiento de Sant Fruitós del Bages fue uno de los registrados el pasado miércoles en la tercera fase de la operación "Petrum" y la Guardia Civil intervino en el consistorio el expediente económico relativo al proyecto de construcción del centro cultural investigado. Entre el listado de donaciones de empresas recibidas por la fundación Catdem, figura una cercana a 35.000 euros efectuada por el Grupo Soler, informa Efe.
Por otro lado, el juez instructor del 3 por ciento también ha dejado en libertad pero prohibiéndole salir del país y comparecer mensualmente en el juzgado al directivo Sergio Lerma, de la mercantil Oproler Madrid, quien se ha acogido este viernes a su derecho constitucional a no declarar en el juzgado de El Vendrell.
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