La causa abierta contra Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional coge vuelo con el foco puesto en la investigación policial y el futuro interrogatorio de los imputados. Con sus últimos pronunciamientos, la Sala de lo Penal ha avalado las líneas maestras del magistrado instructor y ha allanado el camino para impulsar las pesquisas abiertas por terrorismo.
De esta forma, el magistrado Manuel García Castellón ha conseguido luz verde no solo para continuar con la causa, sino también para mantener el delito por la que se abrió en 2019. Ello supone un duro revés para la Fiscalía, que considera que los hechos más graves impulsados por Tsunami serían constitutivos de desórdenes públicos graves.
En su último pronunciamiento la Sala avala, además, todas las diligencias acordadas el pasado 26 de enero. En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Sección Tercera tumba el recurso interpuesto por Josep Lluís Alay, mano derecha de Carles Puigdemont, y confirma la decisión del juez de investigar más detalles sobre la convocatoria de las protestas más violentas del movimiento, así como a todo lo relativo a la muerte del turista francés durante las protestas de El Prat.
Citación de imputados y de Otegi
Además de todo ello, también se ratifica la citación de todos los imputados en noviembre, a excepción de Carles Puigdemont y del diputado de ERC Rubén Wagensberg, a quienes se les investigará en el Tribunal Supremo por delito de terrorismo. Fuentes jurídicas consultadas por este medio precisan que se acordarán dichas citaciones, pero no a corto plazo.
Junto con los imputados, el instructor del caso Tsunami también acordó escuchar como testigo a Arnaldo Otegi. El magistrado quiere preguntar al líder de EH Bildu por su presunta participación en una reunión en Ginebra en la que se habría planificado la aparición de Tsunami Democràtic. Ello supondría la vuelta del dirigente abertzale al mismo órgano judicial que le condenó por el caso Bateragune.
El magistrado ha conseguido tres avales clave en su causa por parte de la Sala de lo Penal: el envío al Supremo de la parte que afecta a Puigdemont, el mantenimiento del delito de terrorismo y pesquisas como las encaminadas a investigar si Tsunami trató de actuar contra la comitiva del Rey Felipe VI
Cabe recordar que, pese a llevar más de tres años de instrucción, el magistrado todavía no ha interrogado a ningún imputado puesto que las citaciones se acordaron en noviembre y las mismas estaban recurridas ante la instancia superior. Desde que arrancaran las pesquisas hasta el año pasado la Guardia Civil dirigió esta investigación bajo secreto de sumario mientras los indicios apuntaban a Puigdemont y otros líderes independentistas, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
De hecho, el procedimiento quedó durante meses varado tras las recusaciones de algunos imputados al magistrado, pero las mismas han ido desestimándose tanto por el instructor como por la Sala de lo Penal. Los imputados pidieron apartarle alegando falta de imparcialidad por pronunciarse sobre la ley de amnistía en un foro, pero los magistrados denegaron la solicitud explicando, además, que no podía prosperar por un defecto de forma.
Impulso a la causa de Tsunami Democràtic
El magistrado ha conseguido tres avales determinantes que legitiman su criterio de actuación frente al de la Fiscalía, si bien el primer respaldo a su actuación se la dio el Tribunal Supremo. El magistrado, atendiendo a lo solicitado por Dignidad y Justicia, derivó al alto tribunal la parte de las pesquisa que afectaban a Carles Puigdemont y Wagensberg.
En su exposición razonada plasmó los indicios contra ambos aforados pese al criterio de la Fiscalía (tanto de la Audiencia Nacional como del Supremo) que se opuso a ello. La Sala de lo Penal acordó, por unanimidad, abrir causa contra Puigdemont por su "rol de liderazgo" y los "sólidos indicios" que le implican en el nacimiento de Tsunami y en la monitorización de sus acciones.
Tras este pronunciamiento, la Audiencia Nacional avaló su criterio el 14 de marzo: desestimó el recurso de la mano derecha de Alay -defendido también por el letrado Gonzalo Boye- y acogió el criterio del alto tribunal.
El segundo gran respaldo se produjo el 18 de marzo, cuando respaldó la investigación por delito de terrorismo. Se trata de una arista que hizo que ministros del Gobierno le señalaran e incluso le acusaran de prevaricar para frustrar la negociación de la investidura de Pedro Sánchez y consiguiente amnistía de Puigdemont y otros líderes independentistas.
Sin embargo, la realidad es que el juez acordó las citaciones tras adherir un informe determinante de la Guardia Civil que, aunque no hacía mención expresa del delito de terrorismo, apuntaba por primera vez de forma expresa a la presunta implicación de Puigdemont, su mano derecha, la 'número dos' de ERC y otros responsables del movimiento.
Pendientes de la amnistía
Con su decisión, la Sala evitó que la causa se fuera a los juzgados de Cataluña. Se trató de un nuevo revés a la Fiscalía que pedía investigar los hechos por desórdenes públicos graves y así enviarlos a los juzgados ordinarios. Los magistrados cerraron la puerta a este escenario y negaron también que las diligencias fueran prospectivas.
El tercero de los avales de la Sala se conoció la semana pasada y se ha vuelto a ratificar hace unos día, al validar las diligencias de investigación acordadas en enero. Entre ellas destacan los requerimientos efectuados a la Guarda Civil para que investigue si las protestas de Tsunami en la jornada de reflexión previa a las elecciones de noviembre de 2019 contaban con la autorización necesaria.
Del mismo modo también se requirió al Centro de Coordinación de Operaciones del Aeropuerto de Barcelona para que informen de la asistencia médica prestada al turista francés que falleció por ataque al corazón la jornada de las protestas. El juez también solicitó a Aena el parte completo de la jornada del bloqueo de El Prat así como los informes policiales de los cortes de la AP-7.
En última instancia ordenó a la Guardia Civil investigar e identificar al usuario Xuxu Rondonaire a tenor de las conversaciones interceptadas a este usuario que departió con el empresario imputado Josep Campmajó "sobre los preparativos de seguridad de una comitiva real". Los investigadores sospechan que detrás de este alias se esconde un policía ya que también filtró información confidencial relativa a los movimientos del magistrado del procés, Pablo Llarena.
