Un apicultor castellanomanchego ha de rellenar un formulario de cinco páginas anexando nueve documentos, cinco de ellos por triplicado, para introducir mejoras en su producción de miel. Un ganadero catalán ha de atenerse a lo dispuesto en un Decreto sobre tratamiento de purines, gallinaza y demás excrementos de animales. Un agricultor valenciano ha de cumplimentar una solicitud de ocho páginas, detallando 39 características de su explotación, para que sea considerada prioritaria.
Son ejemplos de la burocracia agropecuaria en soporte informático que ahoga al mundo rural con disposiciones procedentes de Bruselas, de Madrid y de los gobiernos autonómicos e inspiradas en una agenda 2030 que puede arrastrar al labrador a la disyuntiva caricaturesca de ser destripaterrones o tecnoagricultor, con horizonte de agroinfluencer.
Las exigencias administrativas para que granjas y cultivos cumplan objetivos de sostenibilidad ambiental tienen efecto diferente sobre una explotación empresarial de centenares de hectáreas que sobre un pequeño propietario.
Eso late, junto a la competencia desleal de las importaciones, en la rebelión del campo que ha estallado en Europa y perdura en España donde los autónomos, que son mayoría, temen como una plaga al Cuaderno Digital de Explotación Agrícola, una herramienta electrónica de “seguimiento de las prácticas de agricultores y ganaderos” que va a ser obligatoria a partir del próximo julio.
El Real Decreto regulador de ese cuaderno advierte de la exigencia de que “su llevanza se articule por medios electrónicos, excluyendo la posibilidad de utilizar el soporte papel” y con el objetivo de “respetar el principio de no causar un perjuicio al medioambiente”.
Como en el Cuaderno Digital hay que consignar algo tan vasto como los datos generales de cultivo de cada parcela, la Generalitat de Cataluña ha necesitado 31 páginas para explicar su uso en una guía que, entre otras cosas, describe toda la información que el titular de la explotación ha de volcar sobre su actividad, desde la huella de carbono a la entrada/salida de fertilizantes, origen del agua de riego, abono con estiércol, biodiversidad genética de los cultivos, consumo energético… y así hasta 154 prácticas relacionadas con la labor agrícola.
Concentración de agricultores de ASAJA Guadalajara el 14 de febrero.
El mismo gobierno independentista catalán, muy prolijo en la burocratización del sector agropecuario, ha alumbrado un Decreto de 113 páginas regulando la fertilización del suelo y el destino de los excrementos del ganado, para evitar la contaminación por nitratos. Es una norma legal que recoge, por ejemplo los estándares de nitrógeno en las deyecciones de vacas, cerdos, ovejas, gallinas o conejos.
La política agraria comunitaria y española pone especial énfasis en la utilización de productos fitosanitarios que desde 2012 está reglada por un Real Decreto de 45 páginas que se ocupan desde los cultivos hortícolas a la edafología, desde la mecanización agraria a la fitotecnia.
Sobre las labores de fertilización dentro de parámetros sostenibles la administración catalana tiene intervención exhaustiva, proporcionando a los responsables de granjas y cultivos un `libro de gestión´ de fertilizantes granja-suelo y otro de granja-tierra, dos documentos Excel con media docena de pestañas cada uno y múltiples casillas para anotar detalles sobre abono y fertilización.
La omnipresencia del papeleo es notoria en el resto de comunidades autónomas, como en Castilla-La Mancha, donde su Consejería de Agricultura tiene publicadas 18 normas, avisos y reglamentos para la reconversión del viñedo y otras tantas sobre ordenación agroalimentaria general.
Ese despliegue normativo contempla que para mejorar la producción y comercialización de la miel, un apicultor de esa región tenga que solicitar ayuda con un formulario de cinco páginas de requisitos, acompañado de un anexo con otros cuatro documentos justificativos. Así podrá recibir asesoramiento para invertir en la cría de abejas para repoblar colmenas en la UE o en la racionalización de la trashumancia. Y si en vez de colmenas tiene cerdos, puede obtener ayuda para almacenar carne de porcino cumplimentando otro exhaustivo documento oficial también de cinco páginas.
La extensión de la burocracia agropecuaria impulsada desde Bruselas de la mano de la agenda 2030 no podía ser ajena el simbolismo feminista de las políticas institucionales. De ello es una muestra también Castilla-La Mancha, cuyo gobierno se ha dotado de un Estatuto de las Mujeres Rurales, con rango de ley, algo que hizo anteriormente el País Vasco con su Estatuto de las Mujeres Agricultoras.
Se trata de leyes autonómicas más declarativas que ejecutivas, que trasladan al mundo de las cosechas y los establos los mensajes de visibilidad e inclusión habituales en el mundo urbano. La región castellanomanchega parece haberse tomado en serio esa legislación específica, con unas evaluaciones anuales que recogen actividades limitadas a talleres y seminarios con más presencia de funcionarias que de campesinas.
En las tractoradas de estos días abundan las referencias, más negativas que positivas, a la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, causante del nuevo perfil técnico-administrativo-informático al que se ven abocados quienes se dedican a la agricultura y la ganadería.
La política agraria europea es tan exigente en sus objetivos como en su ejecución. Bien lo saben quienes viven de la producción agroganadera, cuya actividad se desenvuelve en otro bosque normativo: la PAC para 2023-2027 está regulada por 24 reglamentos de ámbito comunitario, a los que en España se añaden 25 Reales Decretos y, por ejemplo, en el caso de Andalucía se suman otras 25 normas de su gobierno autonómico.
Esas 74 normas que rigen para un andaluz que siembra y cosecha dan lugar al papeleo de gestiones concretas, como aportar por duplicado 21 documentos acreditativos, entre otros de la condición de agricultor profesional, para que un terreno se califique como explotación agraria prioritaria.
Eso mismo se consigue en la Comunidad Valenciana afrontando un formulario exhaustivo de datos personales de cuatro páginas, más un anexo descriptivo de la explotación de otras cuatro y consignando los datos sobre 39 características de la explotación. Mirando el Diario Oficial de Galicia del 20/03/2023, las 72 páginas de una Orden de la Consellería del Medio Rural dan una idea precisa de la selva de trámites, como la aportación de fotografías georreferenciadas, en las que debe adentrarse el profesional agroganadero que se acoja a las ayudas oficiales al desarrollo rural.
El ya citado Cuaderno Digital de Explotación Agrícola ha nacido a la sombra de los fondos Nex Generation que, para el sector agropecuario de España, se ha concretado en el llamado PERTE Agroalimentario, un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica al que el programa electoral del PSOE atribuía capacidad inversora de 54.000 millones en el mundo rural, pero cuya previsión según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es de 323 millones, que se suman a los 600 millones ya licitados y adjudicados.
Aunque también está prevista una mejora del plan de regadíos por importe de 1.331,6 millones de euros, la realidad es que el impacto sobre el PIB de las inversiones de fondos europeos en el sector agropecuario es imperceptible.
Ni siquiera lo tiene en cuenta el último informe de Ejecución del Plan de Recuperación, donde el alto porcentaje de inversiones en `Agenda urbana y rural´ puede llevar a confusión, ya que dicha agenda se refiere a redes de alta velocidad, kit digital y redes de banda ancha en entorno urbano y rural.
yameacordare758
Increíble... no cabe un tonto más en la Europa de los mansos blanquitos. ¿ Y nos quejamos de que la aspiración de nuestra juventud sea el ser futbolista, youtubero o influencer ? Nos quedan dos telediarios como especie en este planeta.