El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha comunicado a la Audiencia Nacional que llevará su implicación en el caso Gürtel ante la Justicia Europea. El exlíder del PP valenciano, que se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en los contratos con empresas de la red, asegura que ha sido víctima de "juicios paralelos" y que se ha actuado contra él sin pruebas que fundamenten su acusación.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Camps traslada que va a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según razona su defensa, se le ha privado de garantías y se le tachado de culpable antes de sentarse en el banquillo de los acusados. Unos hechos que, según dice, chocan de pleno con lo recogido en la Directiva 343/2016 del Parlamento Europeo sobre la presunción de inocencia de todos los ciudadanos comunitarios.
El expresidente valenciano se refiere expresamente a la investigación que se ha seguido en la pieza quinta de la trama Gürtel. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reabrió estas pesquisas en septiembre de 2018 para investigar si el político valenciano dio las órdenes de adjudicar a Orange Market el contrato para instalar el stand de la Comunidad Valenciana en la feria de Fitur de 2009. Tras cerca de un año de diligencias, el magistrado José de la Mata abrió juicio oral contra él por un posible delito de prevaricación administrativa.
El stand de Fitur
El magistrado expuso en su auto que Camps (para quien Anticorrupción pide dos años y medio de prisión) habría actuado al margen de la ley ya que se ignoraron los cauces ordinarios de licitación. El instructor se apoyó en las declaraciones de algunos de sus subordinados entonces y del testimonio de Álvaro Pérez, 'el Bigotes'. El que fuera responsable de Orange Market, que ha venido confesando ante la Justicia las ilegalidades de la Gürtel, dijo que era una adjudicación pactada de antemano por los fuertes vínculos con el PP valenciano.
La defensa de Camps rebate a la Fiscalía y denuncia que se le lleva al banquillo sin pruebas de calado. Según alega, nunca fue llamado a declarar en los diez años que duró la instrucción y tampoco ha sido condenado en ninguna de las piezas que integran esta gran causa de corrupción. En lo que respecta a las confesiones de los principales cabecillas de la red, argumenta que sus testimonios carecen de validez porque se contradicen con lo manifestado años antes. A modo de ejemplo recogió una declaración del Bigotes de septiembre de 2018 según la cual del expresidente valenciano no recibió tratos de favor, sino "indiferencia".
"No son revelaciones directas ni tampoco indicios sino que, a partir de las mismas, la Fiscalía realizó conjeturas a las que se le atribuyó el efecto directo y denostador de incorporar a Don Francisco Camps directamente en el procedimiento en la condición de investigado. Declaraciones que, por tanto, no se sometieron a contradicción; ni en el juicio en el que se prestaron ni en el presente. Esto impide defenderse de aquellas acusaciones a las que han dado categoría de verdad absoluta. Y, a su vez, siendo de éstas de las que nacen las conjeturas creadas respecto a Don Francisco, de facto, el derecho de defensa queda mutilado", reza el escrito remitido el pasado 28 de diciembre.
Los subordinados
Además, recoge dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (sobre adjudicaciones a Orange Market y el conocido como caso de los trajes) en los que Camps no formó parte. Del mismo modo también se apoya en el papel que jugó Salvadora Ibars, la entonces Directora General de Promoción Institucional. Según los investigadores, ella fue la que dio la orden de contratar con las empresas de Correa sin dar opciones a que las entidades expositoras cuestionaran nada del proceso y sin tener competencias para controlar la licitación.
La defensa de Camps, por contra, asegura que ella misma negó haber recibido órdenes en el marco de los juicios seguidos ante el TSJ valenciano y en la instrucción de este caso. "Camps de la Generalitat nunca. Pero es que quiero dejarlo claro desde el primer momento. Yo nunca he tenido una relación ni personal ni profesional con él. Nunca es nunca", dijo Ibars en sede judicial el 29 de enero de 2019. Un testimonio que recoge ahora la defensa del político valenciano para asegurar que es una prueba de descargo "evidente, aplastante y esclarecedora".
Como último punto de esta supuesta vulneración de derechos apela a su participación en uno de los juicios de la Gürtel. Según explica, no debería haber comparecido como testigo en la vista por la financiación del PP valenciano ya que es la misma en la que Correa, 'el Bigotes' y otros empresarios de la red admitieron el amaño de los contratos y facilitaron su posterior imputación. Por eso alega ahora que tendría que haberse evitado esta citación o haber comparecido con abogado para evitar incriminarse. "Se produjo, por tanto, con absoluta limitación y vulneración de sus derechos fundamentales", reza el escrito.
Camps ya anunció en rueda de prensa en noviembre, tras archivarse la causa por la Fórmula 1, que acudiría a la Justicia europea. Su calvario judicial comenzó hace más de una década y tuvo su punto álgido con el juicio de los trajes (2012) del que salió absuelto. Por el camino también se han archivado otras pesquisas como la que se siguió en la Audiencia Provincial de Valencia por la visita del Papa. No obstante, ahora volverá al banquillo por esta contratación de la trama Gürtel. La red de Correa, por su parte, sí suma múltiples condenas (algunas de ellas en firme) que vendrían a reconocer los amaños millonarios de la trama y la caja B del PP.
