El líder del PP, Pablo Casado, ha reiterado su oferta de un plan B jurídico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como alternativa a gobernar "por decreto" y ha propuesto aprobarlo antes del fin del actual estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo.
El PP, a través de sus vicesecretarios de Comunicación y de Política Social, Pablo Montesinos y Ana Pastor, respectivamente, ha criticado este miércoles que el jefe del Ejecutivo anunciase este martes su intención de no prorrogar el actual estado de alarma sin dar una alternativa.
El decaimiento del estado de alarma implica el fin del toque de queda o de la limitación al derecho de reunión y deja en manos de los jueces las restricciones de movilidad que decreten las autonomías, que tienen capacidad de regular aforos y cerrar actividades, pero no de limitar derechos fundamentales.
Casado ha defendido el plan B de su partido y ha afeado en un mensaje a través de Twitter que Sánchez, "tras 100.000 muertos", siga rechazando su ley contra pandemias.
"Prefiere gobernar por decreto y derivar su responsabilidad en las autonomías", ha denunciado el líder de la oposición, que como alternativa "para salvar vidas sin arruinar empleos" propone el plan B del PP que el Congreso rechazó el pasado mes de noviembre.
El texto del PP pretendía, con regulación ordinaria, permitir el control de los enfermos obligando al aislamiento, limitar entradas en zonas afectadas y controlar el movimiento y el derecho de reunión.
Entonces la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, defendió la necesidad de un término medio frente al estado de alarma, ante el que el PP se abstuvo al entender que tenía una duración excesiva, de seis meses.
El plan del PP
El texto del PP pretendía, con regulación ordinaria, permitir el control de los enfermos obligando al aislamiento, limitar entradas y salidas en zonas afectadas o amenazadas y controlar el movimiento y el derecho de reunión, obteniendo una validación judicial en 24 horas.
Los populares sólo obtuvieron el apoyo del PNV, Foro, Coalición Canaria y UPN, mientras que el resto del Congreso, incluidos PSOE, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos, votó en contra.
Los grupos que rechazaron la norma consideraron que suponía limitar derechos fundamentales sin las suficientes garantías jurídicas.
