El teniente coronel imputado en el 'caso Cuarteles', Carlos Alonso Rodríguez, ha negado cualquier implicación en el presunto amaño con las reformas de acuartelamientos del Instituto Armado que se investiga en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera jefe de la Comandancia de Ávila ha delegado cualquier responsabilidad en su subordinado, aunque ha defendido que se actuó siempre conforme a la ley.
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio confirman a Vozpópuli que el alto mando de la Guardia Civil ha mantenido la línea defendida en el escrito que remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que investiga supuestas irregularidades en las obras de más de una docena de cuarteles de la Guardia Civil.
El imputado solo ha respondido a las preguntas de su letrado y de la fiscal al frente del caso, aunque se ha desvinculado en todo momento de cualquier relación con los hechos. De esta forma reafirma lo plasmado en su último escrito en el que apeló a "su falta de conocimiento y participación en los hechos denunciados".
Reformas de los cuarteles bajo sospecha
La causa que ahora se investiga en Plaza Castilla arrancó en los juzgados de Ávila. Una denuncia anónima dio pie a una investigación que destapó contratos de reforma de cuarteles que se habrían fraccionado para no superar el límite legal y que se concedieron a Ángel Ramón Tejera de León. Se trata de uno de los empresarios que aparece salpicado en la causa del 'tito Berni'.
Las primeras diligencias practicadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila propiciaron la imputación de este empresario, cuyas mercantiles se beneficiaron de los contratos, de un ayudante suyo y la de Carlos Alonso, en el momento de los hechos jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila. Así pues la de este miércoles es la segunda comparecencia en sede judicial del teniente coronel que, en su primera cita ante la Justicia, ya se desligó de cualquier irregularidad.
Trece comandancias
Cabe destacar que la línea abierta por Asuntos Internos derivó en una investigación de calado al detectarse irregularidades en contratos de trece comandancias (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, LA Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid). Según el informe judicial, éstos se adjudicaron a las empresas de 'Mon' y se abultó la facturación hasta el punto de que los contratos superaron los 3,3 millones de euros.
Los agentes advirtieron de lo inusual de otorgar estas obras a un empresario canario y no a empresas locales de Ávila. Por ello se encargó un primer peritaje que se elaboró en 2019 y en el que se advirtió que los trabajos de pintura y de impermeabilización en muchos de los acuartelamientos no se terminaron de realizar mientras que en otros casos directamente ni se comenzaron.
Preguntado por estos asuntos, el teniente coronel ha apuntado ante la magistrada María Isabel Durántez que estas cuestiones las controlaba un subordinado y, por tanto, él no estaba al corriente de este tipo de contrataciones. Con todo, en su comparecencia anterior sostuvo que estos trabajos se adjudicaron a las empresas de Tejera de León por orden directa del teniente general Pedro Vázquez Jarava.
Peritaje de los cuarteles
Precisamente, su irrupción en este procedimiento hizo que el juzgado de Ávila que investigaba los hechos se inhibiera en favor de Madrid, teniendo en cuenta que el teniente general desempeñaba en el momento de los hechos en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en la capital.
Así pues la instructora recurrió a la Agencia Tributaria para rastrear las firmas de los imputados, mientras que, en paralelo, impulsó un peritaje global del presunto pufo que se ha encargado a Patrimonio del Estado. Se trata de una diligencia determinante para el devenir del procedimiento y que ha estado parada durante meses tras la negativa del Ministerio del Interior a efectuar el encargo.
Con todo, la magistrada ya informó a los imputados en que iba a transformar esta investigación penal en un procedimiento ante tribunal de jurado. El motivo del cambio, solicitado por la Fiscalía, reside en que se les imputa delito de cohecho, además de malversación de caudales públicos y falsedad continuada en documento oficial.
Precisamente, así lo trasladó la juez a las partes el pasado mes de julio, tras acceder a interrogar al teniente coronel imputado. En su providencia, que avanzó este medio, la magistrada citó a todos los imputados junto con sus abogados para este 20 de septiembre, con el fin de informarles de los delitos que se le imputan y de que los hechos los juzgará un jurado popular.
