El ‘caso Gürtel’ ha tenido dos instructores desde 2009: Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial, y Pablo Ruz. Este último ocupa de forma provisional la plaza que le corresponde como titular a Miguel Carmona, desde hace cinco años sentado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de los jueces se renueva a la vuelta de las vacaciones, el próximo 24 de septiembre, y la duda es si Carmona, a su regreso al juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, mantendrá a Ruz como juez de refuerzo para que continúe con el mismo trabajo que hasta ahora, elogiado en amplios medios judiciales por su seriedad y su meticulosidad.
El titular del juzgado donde trabaja Pablo Ruz desde 2009 quiere abrir un concurso para que otros jueces tengan la oportunidad de tomar el relevo en la instrucción final del 'caso Gürtel'
En la Audiencia Nacional se sospecha desde hace tiempo que el Gobierno va a interferir en esta operación de relevo, actitud que explica que su presidente, Ángel Juanes, se haya dirigido al Consejo del Poder Judicial para que apoye por anticipado la continuidad de Ruz como magistrado de apoyo en la instrucción de la trama Gürtel. El Consejo tiene pendiente dar su respuesta, pero quien se ha retratado desde el minuto cero es el propio Miguel Carmona al advertir que la permanencia o no de Ruz debe seguir un procedimiento pautado que incluye, en primer lugar, la convocatoria de un concurso público por el que los jueces que quieran también acceder al Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia tengan su oportunidad.
El 'examen' toma como principal referencia el puesto en el escalafón judicial dentro de un colectivo compuesto por 5.000 profesionales. Carmona, juez titular, ocupa, por ejemplo, el número 228, mientras que Ruz se sitúa en el 3.437. Este escalafón se publica con periodicidad anual y para su elaboración se tienen en cuenta la antigüedad, la experiencia acumulada o la especialización, entre otros criterios. La decisión sobre quien será el juez de apoyo de Carmona la tendrá, en su caso, la Comisión permanente del Consejo, en la que se sientan cinco magistrados: su presidente, Gonzalo Moliner, Almudena Lastra, Margarita Robles, Manuel Almenar y Antonio Dorado. Si la cosa se complica y el pulso entre la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial se acelera, la decisión de esta Comisión podría ser recurrida y llegar, al final, al plenario del órgano de los jueces, en el que quedarían retratados todos los vocales.
La palabra sobre el destino de Ruz la tendrá la Comisión Permanente del CGPJ, aunque la decisión final podría llegar al plenario
Fuentes parlamentarias informan de que en la foto final podrá reflejarse en septiembre si el Gobierno, a través de sus terminales en el Consejo, ha influido o no en el destino que finalmente se le dé al juez Ruz. Si se le aleja de la instrucción que ha ocupado su trabajo desde hace cuatro años, el ruido político será mayúsculo y el discurso del PP sobre la firmeza con la que el Gobierno ha rechazado el chantaje de Bárcenas, entonado por el propio Mariano Rajoy, quedaría en entredicho. Cuando el pasado domingo se conoció el cruce de sms entre el presidente y el extesorero, se comprobó que la exigencia de éste último de cambiar al fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, y a las dos fiscales del ‘caso Gürtel’, Concepción Sabadell y Myriam Gloria, no han llegado a prosperar. Esta ha sido una de las principales líneas de defensa del Gobierno.
El Gobierno se juega su credibilidad después de no haber regalado a Bárcenas el cese de los fiscales que se ocupan del caso del extesorero
Carmona, al que todas las fuentes consideran reacio a aceptar tal cual la continuidad de Ruz para que corone el recorrido judicial del escándalo, ha esgrimido como argumento para justificar su ortodoxia que, de no aplicarse el procedimiento con la correspondiente convocatoria del concurso, podría anularse la instrucción. “Entonces sí que tendríamos que salir todos corriendo y escondernos debajo de mil metros de tierra”, exclamó este miércoles en Sevilla.
