El juez del caso Nóos, José Castro, duda de que buena parte de su instrucción llegue a dilucidarse en el banquillo de los acusados. El magistrado teme que parte de su instrucción será archivada, según ha trasladado a fuentes de su entorno que interpretan que el magistrado ha comenzado a plasmar esa perspectiva en sus últimos escritos judiciales.
El juez habla en su último auto de un "eventual" juicio para el que deja algunas cuestiones clave, entre ellas, "la afirmación de que la Casa de Su Majestad el Rey estaba al tanto de las actividades de don Iñaki Urdangarin", sostiene el magistrado en uno de sus escritos finales enviado a las partes en las últimas horas. Castro deja a lo que describe como "superior criterio de la Ilustrísima Audiencia Provincial" el dirimir esa cuestión pero se refiere a él como "un eventual tribunal sentenciador".
La Audiencia Provincial no ha comenzado todavía a analizar la situación en que quedan los imputados porque Castro debía resolver los recursos pendientes antes de dar traslado de la causa al tribunal encargado de juzgar los hechos. Castro asegura en su auto que esos hechos serán sometidos a juicio sólo "si la Audiencia lo permite".
El magistrado ha aprovechado su último escrito para defender su actuación y defenderse de algunas de las críticas que ha recibido a lo largo de los años de instrucción:
- Defensa del sentido de su investigación: El fiscal acusó a Castro de tener una conclusión predeterminada antes de comenzar su instrucción. Castro niega esa tesis una vez más y afirma literalmente que "sus pretensiones ni por asomo tratan de sustituir a los escritos de acusación ni, por supuesto, osar a inducir una hipotética sentencia condenatoria".
- Defensa de la imputación de la infanta: Resulta llamativo el hecho de que en un auto en el que simplemente rechaza los recursos de cuatro de los imputados, Castro se refiera a la reciente doctrina del tribunal que debe decidir el futuro judicial de la infanta, la Audiencia Provincial de Palma. En un auto con fecha 25 de junio de 2014, el juez asegura que "basta con la existencia de una apariencia delictiva y que la imputación no se asiente en un absoluto vacío. De hecho, la Audiencia Provincial sólo admite el archivo de la instrucción "por unas carencias tales que conviertan en irracional la continuación del procedimiento penal".
- Defensa de los trámites practicados: El magistrado defiende las pruebas solicitadas con una alusión al hecho de que "ninguno de los recurrentes considere incompleta la labor instructora del Juzgado ni recabe que sea ampliada. Se han planteado cuantas diligencias de investigación se han estimado necesarias", remata el magistrado en defensa de su labor.
- Defensa ante Hacienda: El magistrado al que se ha reprochado no acatar el dictamen de Hacienda que apostaba por exculpar a la hermana del rey, responde: "dejando claro el indudable respeto que los informes de este Organismo (Hacienda) merecen, no es lo mismo valorar su criterio sobre la comisión de un delito del que la Hacienda Pública pueda sentirse perjudicada que pretender dar incuestionable validez a su criterio sobre quiénes serían o no sus autores" y concluye advirtiendo al fisco de que "ninguno de sus informes relativos a todos estos extremos son vinculantes para los Tribunales de Justicia y menos aquellos que pudieran predeterminar penalmente a unos responsables con exclusión de otros".
El calendario sigue ahora corriendo. Desestimados los recursos de reforma, ahora será la Audiencia Provincial la que resuelva los recursos de reforma antes de dictar la apertura de juicio oral, algo que sucederá, previsiblemente, en el año 2015.
