La letrada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha sostenido este lunes en las cuestiones previas del juicio del caso Nóos en Palma de Mallorca que "los intereses de esta acusación popular es que la ley sea igual para todos". López Negrete ha respondido así a los argumentos esgrimidos por la defensa de Cristina de Borbón y Grecia, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la abogada del Estado, Dolores Ripoll, que han defendido férreamente y al unísono la falta de legimitación de esta acusación popular para sentar en el banquillo a la hermana del Rey por ser presuntamente cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarín.
En este sentido, su abogada ha subrayado que la acusación popular está recogida en el artículo 125 de la Constitución. Además, Virginia López Negrete ha señalado que la agencia tributaria no tiene "el monopolio" a la hora de ejercer la acusación en los delitos contra la Hacienda Pública ya que se trata de un "delito pluriofensivo porque los impuestos los pagamos todos los españoles". "Lo que la Infanta pudo defraudar en 2007 y 2008 nos afecta a todos", subrayó la letrada ante el tribunal.
Manos Limpias solicita ocho años de cárcel para la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública
Asimismo, Manos Limpias ha recalcado que pese a la vehemente defensa que la abogada Dolores Ripoll, ha realizado este lunes de la inocencia de la hija del Rey Juan Carlos I "la Abogacía del Estado nunca ha solicitado el sobreseimiento de la causa para la infanta".
Por otro lado, López Negrete ha manifestado que "no solo el juez instructor sino también la Audiencia de Baleares han dicho que la acusación popular tiene derecho y legitimidad para pedir las responsabilidades y todo lo que ello conlleva".
La abogada de Manos Limpias ha finalizado su intervención señalando que "si la Infanta no va a juicio, perderá el derecho a defenderse en un juicio justo por lo que quedaría estigmatizada socialmente". Esta acusación solicita ocho años de prisión para la infanta por ser cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por su marido Iñaki Urdangarín al defraudar al fisco 337.138 euros a través de la empresa Aizoon en los años 2007 y 2008.
