Más de cien cheques. En concreto, 137. Esa es la pista que desde el verano siguen los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para identificar a los funcionarios y políticos que recibieron las 'mordidas' de la trama Púnica. Así se refleja en un informe que la Guardia Civil remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para que este ordenase a los bancos donde se cobraron que faciliten a los investigadores todos los detalles sobre quiénes cobraron estos medios de pago que fueron emitidos en su totalidad por Construcciones y Reformas de la Peña SL. Esta es una empresa identificada en el sumario como una sociedad 'pantalla' del presunto cabecilla de la trama David Marjaliza "para obtener liquidez y fondos con los que pagar contrapartidas por los tratos de favor recibidos" en aquellos ayuntamientos donde presuntamente se amañaron concursos públicos para adjudicar contratos a la multinacional Cofely-GDF Suez.
Todos los cheques investigados fueron cargados a dos cuentas de Construcciones y Reformas de la Peña SL, una empresa 'pantalla' utilizada por Marjaliza para conseguir "liquidez" para pagar sobornos
Según destaca el oficio de la UCO, enviado a la Audiencia Nacional el pasado mes de julio pero que hasta ahora había permanecido bajo secreto de sumario, dicha mercantil figuraba a nombre de un presunto testaferro del constructor y eran realmente éste y Ana María Ramírez, su secretaria y persona de máxima confianza, quienes tomaban las decisiones y administraban la misma. De hecho, los correos electrónicos y las llamadas de teléfonos intervenidos evidencian, en opinión de los investigadores, que Marjaliza y su cercana colaboradora eran los que "gestionaban las relaciones comerciales de Construcciones de la Peña con Cofely", la empresa de eficiencia energética que acaparaba millonarios concursos de consistorios de la Comunidad de Madrid y cuatro de cuyos directivos están imputados en la causa.
El oficio remitido por la Guardia Civil al juez Velasco detalla el mecanismo supuestamente utilizado para camuflar dichos pagos a través de esta constructora. Así, los agentes destacan que la multinacional solía subcontratar algunos trabajos de las adjudicaciones que recibía en los ayuntamientos a esta empresa tras 'trampear' con presupuestos falsos de otras compañías una concurrencia "ficticia", de tal modo que "fuese la mercantil 'controlada' por David Marjaliza la seleccionada para realizar estas obras". A continuación, ésta facturaba los trabajos que realizaba a "precios 'hinchados', incrementados artificialmente o, incluso, por trabajos inexistentes". De este modo, el amigo de Francisco Granados conseguía dinero para pagar las 'mordidas' en aquellos consistorios donde Cofely había conseguido contratos gracias a su mediación. Por ello, los investigadores han pedido al juez poner el foco en las cuentas de Construcciones de la Peña SL y, más en concreto, en dos de ellas en las que "se han hallado el cargo de diversos adeudos por el pago de cheques".
Doce entidades financieras
Los investigadores están convencidos de que "un seguimiento de los cheques pagados de las dos cuentas" puede permitir "conocer los beneficarios últimos de los mismos" y, por tanto, la identidad de los supuestos receptores de algunos de los sobornos pagados por la trama para hacerse con millonarios contratos públicos. Para ello, el oficio de la UCO detalla las doce entidades en las que se cobraron (el desaparecido Banesto, Santander, Banco Popular, Ibercaja, Sabadell, Bankinter, BBVA, Bankia, Unicaja Banco, Banco Castilla-La Mancha, la Caja Rural de Castilla-La Mancha y la Caja Rural de Albacete) así como sus números, referencia, importe y fecha de presentación, entre otros datos.
Los 137 cheques fueron cobrados a través de doce entidades financieras entre finales de 2012 y pocos días antes de que la Guardia Civil iniciase las detenciones en octubre de 2014
Los más antiguos se remontan a finales de 2012. En concreto, son dos cobrados a través de Banesto el 23 de noviembre y el 3 de diciembre por 4.259,20 y 3.000 euros, respectivamente. Sin embargo, el mayor número se reparte entre 2013 y, sobre todo, 2014, el año en el que se desmanteló la trama. De hecho, figura uno de 8.000 euros cobrado en la Caja Rural de Castilla-La Mancha el 24 de octubre de aquel año, sólo tres días antes de que la Guardia Civil comenzara a practicar las detenciones. Los importes, sin embargo, son muy variados. Muchos de ellos no llegan a los 1.000 euros e, incluso, hay uno de 81,32 euros cobrado en abril de 2014 en Bankia. Otros presentan importes de hasta cinco cifras. El mayor, un pagaré de 25.000 euros cobrado el 29 de marzo de 2014 en Ibercaja. La UCO y el juez quieren saber quiénes cobraron todos y cada uno de ellos porque están convencidos que algunos de los "destinatarios últimos de las salidas de[esos] fondos" están implicados en la trama.
