Si en el Gobierno circulan todo tipo de versiones sobre los primeros pasos que dará Mariano Rajoy en el supuesto de que el bloque soberanista sume el día 27 la mayoría absoluta y Artur Mas se atreva a llevar al Parlament su declaración unilateral de independencia, en la Generalitat y en las filas de Convergencia se manejan también numerosas especulaciones. En este clima de incertidumbre, un alto dirigente nacionalista se atrevió a preguntar el pasado 25 de agosto en privado al ministro de Asuntos Exteriores qué pensaba hacer el Gabinete para frenar el proceso soberanista si dentro de tres semanas nace en la Cámara autonómica una aritmética suficiente para llevarlo adelante. ¿Vais a enviarnos los tanques?, le preguntó con ironía este veterano parlamentario de Convergencia. “No, la papeleta la va a resolver el Constitucional”, le espetó enigmáticamente José Manuel García-Margallo.
¿Asfixiar la secesión llevando a Cataluña a la quiebra? Hay ministros a los que no les desagrada la idea
El ministro avisó a este importante miembro de Convergencia con acceso directo al presidente de la Generalitat, que el Gobierno trabajaba en un importante rearme de la autoridad del Tribunal Constitucional para que pueda responder de forma efectiva a un desafío tan grave como el que se le está planteando al Estado desde Cataluña. “El recado lo tuvimos, pero nunca creímos que Rajoy fuera a llegar tan lejos”, aseguran fuentes nacionalistas conocedoras de este encuentro.
La sorpresa en Convergencia no proviene solo del contenido de la reforma –es la primera vez que se le da al Constitucional la posibilidad de dejar fuera de juego a un presidente autonómico– sino de los tiempos y del procedimiento empleados por el Gobierno para anunciarla. Lo hizo cuando la canciller alemana, Ángela Merkel, se retrataba junto a Rajoy en Berlín en contra del proceso soberanista, algo a lo que Moncloa quería dar la oportuna relevancia, y utilizó para ello al grupo parlamentario popular, como si el asunto tuviera una relevancia secundaria.
El PSOE, al lado de Convergencia
La vía exprés elegida para este rearme del Constitucional, la proposición de ley, es la única que garantiza al Gobierno que la reforma pueda entrar en vigor antes de las elecciones catalanas, pues sortea las consultas al Poder Judicial y al Consejo de Estado y, sobre todo, una ardua negociación con el PSOE que, muy posiblemente, hubiera acabado en un hondo desencuentro. Según fuentes del PP, al final el ruido ha devenido en una mera pataleta, debido a la protesta de la oposición en su conjunto por haber sido orillada en un lance legislativo de tanto calado. “No todo son desventajas”, se admite en fuentes gubernamentales. “La situación ha colocado a Pedro Sánchez junto a las posiciones que defienden los independentistas catalanes, algo que tendrá que explicar muy bien a su electorado”. Y todo ello, con el líder socialista de viaje en Chile, enterándose vía móvil de cuanto acontece en la madrileña Carrera de San Jerónimo.
La iniciativa de que el Constitucional sea, al final, la institución que le resuelva al Gobierno el marrón en caso de que Artur Mas prosiga después del 27-S su huida hacia delante, no ha sido bien recibida por todo el Gobierno. Algunos ministros no entenderían la falta de una respuesta firme del Ejecutivo frente al reto secesionista, sobre todo a dos meses y medio de unas elecciones generales en las que la respuesta que Rajoy dé a esta afrenta puede tener una influencia determinante en su resultado.
El Gobierno ha renunciado a negociar la reforma del Constitucional con el PSOE porque sabe que no habría acuerdo
Es cierto que la proposición de ley registrada en la Cámara Baja deja al Gabinete un amplio margen de actuación, tanto como la nueva ley de Seguridad Nacional, que permite el control de una comunidad autónoma en casos excepcionales, o la propia Constitución a través de su artículo 155. Pero también hay medios más sutiles para colocar a Mas en su sitio, como, por ejemplo, recurrir a la ejecución de la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado, más de la mitad de los 50.000 millones largos acumulados desde los ejercicios en los que esta comunidad estaba gestionada por el tripartito formado por el PSC, Esquerra e Iniciativa bajo la presidencia de José Montilla.
¿Asfixiar la independencia llevando a la administración catalana a la quiebra? Serio problema, como dice la canción, aunque hay ministros a los que les agrada la fórmula.
