Sigue el lío en Junts por el 'Caso Casol'. Los de Carles Puigdemont presentaron este martes, como avanzó el Periódico de Catalunya, una querella contra las tres autoras del informe encargado por el Parlament que indagó sobre el posible de acoso dentro de los posconvergentes a su exdiputada posconvergente Cristina Casol, que se encontraba como diputada no adscrita antes de la disolución de la cámara catalana por el 12-M. A raíz de las denuncias de Casol a la Oficina de Igualdad del Parlament por discriminación de género, Junts la desautorizó y la echó del partido. El caso revuelve la entrañas parlamentarias puesto que la actual secretaria primera de la Diputación Permanente, Aurora Madaula, afín al ala de Laura Borràs como Casol, también alzó la voz contra el "machismo" existente en el partido y solicitó al comité de garantías en enero activar el protocolo contra el acoso.
Casol criticó en noviembre que la habían discriminado pero el Parlament archivó el caso al no encontrar pruebas. El informe en cuestión especificaba que no había hechos probados pero ratificaba que había existido tensión en Junts por el "ambiente de trabajo" con "machismo arraigado" y "fuertemente patriarcal". Ahora, en plena campaña y cuando Carles Puigdemont toma el timón sin oposición interna, con un eslogan para los comicios catalanas que recalca el proyecto personalista, Junts se ha querellado contra la empresa externa que realizó esas conclusiones por, han explicitado, ser sesgadas y tener afirmaciones "gravemente ofensivas".
El partido asegura en su denuncia que se trata de injurias formuladas sin que se hayan podido defender, algo que vulnera sus derechos y acusa a las autoras de "negligencia" y de actuar con una clara intención política para perjudicarles. El grupo lleva desde finales de enero meditando si emprendía medidas legales por difamación tanto a Casol como a Madaula. El caso puso en entredicho el protocolo antiacoso vigente en el Parlament e incluso la presidenta del Parlament, también de Junts, Anna Erra, propuso su suspensión para revisarlo pero no obtuvo el apoyo suficiente. Erra defendió en enero que el procedimiento establecido y en vigor desde 2021 tenía detalles a mejorar.
Arrels Advocats defendió a 12 CDR en 2020
Entre las expertas denunciadas se encuentra la abogada Laura Rodríguez, del bufete de abogados Arrels Advocats. Rodríguez es jurista laboralista especializada en género y técnico en desarrollar planes de Igualdad para las empresas. El bufete ya ha pedido el amparo del Colegio de Abogados de Barcelona para "el libre ejercicio de su profesión" tras recibir la notificación de la querella que afecta tanto a su empleada como a dos psicólogas, que deberán declarar el próximo 12 de abril en el Juzgado de Instrucción 29 de la ciudad condal. Según han denunciado, exigen respeto profesional a la labora realizada por las profesionales en su labor de análisis, detección y erradicación de actitudes machistas.
En este bufete también está el abogado penalista Eduardo Cáliz, quien trabajó para a Alerta Solidària como abogado de los 12 CDR que se encadenaron en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en modo de protesta. El juicio se celebró en 2020 y la Fiscalía pedía dos años y medio de prisión por bloquear la actividad del órgano. Finalmente quedaron absueltos. Cáliz también ha salido en defensa de su compañera de bufete y ha declarado que es una querella "absolutamente delirante" y que es "intolerable atacar a abogadas que dan la cara y trabajan para la erradicación de la violencia machista".
Críticas desde ERC
ERC ha mostrado su apoyo a Casol. La que había sido vicepresidenta primera del Parlament y diputada de ERC, Alba Vergés, ha criticado que Junts haya presentado la querella por "cuestionar a las profesionales y su trabajo en el protocolo del Parlament es, o bien no entender la herramienta del protocolo o peor, querer deslegitimarla. Da un mensaje de banalización de las violencias machistas que no podemos aceptar en modo alguno. Grave error". Por su partte, la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña, Tania Verge, ha expresado que es muy grave que Junts intente desacreditar el protocolo contra el acoso de la cámara catalana.
