Los altos índices de ocupación ilegal de vivienda en Barcelona y su área metropolitana han llevado a Cataluña a convertirse en la comunidad autónoma con más casos en todo el país y sitúan ahora a Barcelona como “epicentro de un nuevo perfil” de ‘okupa’, según concluye el análisis sobre la vivienda y los efectos de la ocupación ilegal realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
Esta entidad indica que Cataluña lidera “las cifras estatales por ocupación de vivienda desde al año 2015”. El estudio señala que entre 2015 y 2022 las denuncias por este delito han aumentado más de un 77% en la comunidad autónoma. En cifras absolutas, este porcentaje “se traduce en 7.005 casos de ocupación ilegal registrados el año pasado frente a los 3.950 de siete años antes".
Añade que este contexto de crecimiento ha dado pie, además, a la aparición de nuevos modelos y perfiles de ‘okupas’ que “no están en situación de vulnerabilidad". Uno de los casos que respondería a este nuevo modelo de ocupación ilegal, según apunta el estudio, es el de algunos de los inquilinos de Casa Orsola, en el Eixample de Barcelona: “arrendatarios demandados por la propiedad por permanecer en la vivienda pese a haber concluido su contrato, con ingresos estables y que no acreditan vulnerabilidad”.
“Tal y como se ha visto recientemente, casos como el de Casa Orsola en la ciudad de Barcelona, donde varios inquilinos no vulnerables han rechazado el fin de sus contratos de arrendamiento y permanecen en las viviendas, demuestran que los altos niveles de ocupación ilegal en la capital catalana han dado pie a que personas no necesitadas aprovechen este contexto”, manifestó Jesús Sánchez Lambás, portavoz y vicepresidente del Instituto Coordenadas.
En esta misma línea se expresaba hace unas semanas la abogada especializada en este tipo de casos María José Tarancón, quien señalaba que “la única finalidad de estas ocupaciones en alza es beneficiarse de alquileres por debajo del mercado cuando no son para nada vulnerables”.
Lamentaba que estos perfiles, que los abogados expertos en este delito definen como ‘okupas acomodados’, “se aprovechan de la sensibilidad social que han logrado generar quienes sí son vulnerables, y además cuentan con el apoyo de los sindicatos de inquilinos, que no distinguen entre vulnerables o no”.
El análisis del Instituto Coordenadas apunta también a las normativas autonómicas desarrolladas en Cataluña. Dice que en febrero de 2022, el Parlament aprobó la conocida como ‘ley catalana antidesahucios’ (Ley 1/2022) –actualmente recurrida en el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central–, que incorporaba la obligación de los grandes propietarios de ofrecer un alquiler a precios por debajo de mercado a ‘okupas’ sin título habilitante sobre el inmueble.
“Por otro lado, y habiéndose observado que este tipo de iniciativas legislativas pueden llegar a favorecer la actividad delincuencial que tanto afecta a Cataluña, el propio parlamento ha impulsado, apenas un año después de la ley antidesahucios, medidas que permitirán a los ayuntamientos catalanes instar el desalojo de inmuebles ilegalmente ocupados cuando generen alteraciones en la convivencia vecinal, y siempre y cuando pertenezcan a grandes tenedores de vivienda que no hayan emprendido las correspondientes medidas para el desalojo del inmueble”, expone el Instituto Coordenadas,
