La polémica por el espionaje de Pegasus en España ha traspasado fronteras y este miércoles ha suscitado un acalorado debate entre una quincena de eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo, según informa la agencia EFE. Pese al choque entre diputados de ERC, JxCat o Bildu y PP, Ciudadanos o Vox, Bruselas descarta por el momento abrir una investigación de los sucedido. Los socialistas han pedido que no se use el hemiciclo europeo para tratar debates nacionales.
Mientras en Bruselas el asunto pasa desapercibido, en España la polémica continúa causando un cruce constante de declaraciones y peticiones de dimisión. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido en defensa de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, así como de la propia institución ante las acusaciones "sin pruebas" a cuenta del espionaje con el programa Pegasus.
Al mismo tiempo, dirigentes socialistas han instado este miércoles a esperar a la investigación del CNI por los espionajes políticos con el software Pegasus, mientras Podemos reclama que se asuman responsabilidades políticas "lo antes posible" y el PP se abona a la teoría de que este caso puede hacer descarrilar la legislatura.
Sin embargo, los dirigentes europeos achacan la responsabilidad a las autoridades españolas y descartan intervenir. "Todos coincidimos en que unos pinchazos ilegales no son de recibo. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Es un crimen que tiene que ser sancionado", ha señalado el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, que representó al Ejecutivo comunitario en el debate.
Sin embargo, Hahn insistió en que "la Comisión Europea no es el mejor lugar para investigar casos individuales" porque corresponde a "las autoridades examinar minuciosamente" lo ocurrido y "restablecer la confianza de los ciudadanos".
"Pegasus se utiliza sin control por regímenes autoritarios y también por democracias que espían a periodistas, abogados, disidentes políticos y ciudadanos ordinarios", afirmó el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuyo teléfono móvil, según el laboratorio canadiense Citizen Lab, no fue infectado, pero sí los de personas de su entorno, como su mujer o su abogado.
La eurodiputada de ERC Diana Riba recordó que fue "espiada por Pegasus siendo eurodiputada" y que, "por lo tanto, los que estáis en esta sala -dijo- sois también víctimas colaterales de este espionaje".
"Se han vulnerado mis y vuestros derechos políticos y se ha comprometido la integridad e independencia de esta Cámara", afirmó Riba.
Espionaje independentistas
Su compañero de partido Jordi Solé, también afectado directamente según Citizen Lab, insinuó que el Gobierno español quiere "diluir" el caso de espionaje a los independentistas catalanes con la revelación de que los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han sido infectados.
"No debemos tolerar el espionaje político en la UE. No hay espiados de primera y de segunda", dijo Solé. El eurodiputado del PSOE Ibán García recogió el guante y coincidió en que no hay dos categorías de espiados, pero sí "acusaciones muy graves que afectan a derechos fundamentales" y pidió "explicaciones y pruebas concluyentes de quienes han sido espiados, cómo, cuándo y quién está detrás de ese espionaje".
"No tenemos que ceder a la tentación de capitalizar para nuestros asuntos locales un debate que afecta a la espina dorsal de la democracia en Europa", advirtió. El también eurodiputado de JxCAT Toni Comín, espiado también directamente, preguntó a PSOE, PP y Ciudadanos por qué han apoyado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para aclarar cómo se está utilizando Pegasus y, en cambio, no lo han hecho en el Congreso de los Diputados.
"¿Qué uso hizo usted de Pegasus cuando era ministro del Interior?", interpeló Comín a Juan Ignacio Zoido, del PP, que intervino justo después que él en el pleno. "Gracias a este 'software' se han desmantelado ataques yihadistas", defendió por su parte Zoido, que aseguró que esta tecnología no es "ni esencialmente buena ni mala, todo depende del propósito de su uso y quién la emplea".
El exministro apuntó que "a nadie debería sorprender que se hayan podido hacer escuchas a personas condenadas por delitos de sedición", una idea compartida por su compañera de partido Dolors Montserrat.
Por contra, Pernando Barrena (EH Bildu) señaló que "Pegasus es solamente la punta del iceberg" y recordó que su grupo en la Eurocámara, la Izquierda Europea, lleva tiempo reclamando "una prohibición general de las tecnologías de vigilancia de masas".
"Ante estos hechos que cambian las reglas de la democracia, ¿cómo va a sentirse protegido cualquier ciudadano europeo? Lo que queda claro es que, al final, quien disponga del suficiente dinero y poder puede saltarse los derechos fundamentales", lamentó por su parte Sira Rego (IU).
Debate sin pruebas
Tanto Jordi Cañas (Ciudadanos) como Jorge Buxadé (Vox) coincidieron en criticar que se esté debatiendo "sin pruebas" sobre estos supuestos casos de espionaje.
Buxadé fue más allá e interpeló a quienes tildó de "separatistas, golpistas fugados y a condenados por pertenencia a bandas terroristas" para asegurar que "poco les han espiado y poco les han perseguido".
“Es paradójico que quienes robaron los datos personales de siete millones de catalanes para organizar un referéndum ilegal denuncien el robo de los suyos al Gobierno español sin pruebas", incidió Cañas.
“Las cuestiones políticas, y un conflicto de soberanía se resuelven con política. Cuando en vez de abrir un debate, reconocer al otro, negociar y buscar acuerdos se opta por el 'a por ellos' pasan estas cosas”, opinó por su parte Izaskun Bilbao (PNV).
