Ciudadanos se abrió el 9 de agosto a transitar de la abstención al 'sí' en una eventual investidura de Mariano Rajoy, pero no está dispuesto a esperar "eternamente" al líder del PP, que ayer "aplazó una vez más su responsabilidad" (ni anunció fecha de investidura ni aceptó las seis condiciones anticorrupción de C's), sostienen fuentes de la dirección centrista. En concreto, precisan las mismas, el círculo de Albert Rivera trabaja en privado con una fecha límite para mantener la mano tendida a los populares: los próximos comicios vascos y gallegos, fijados el 25 de septiembre. Más allá de este plazo, si no hay sesión de investidura, la cúpula de C's, pese a su empeño por que la legislatura despegue, cree que "iremos lamentablemente a terceras elecciones", señalan tales fuentes. Serían, según el calendario que marca la ley, a finales de enero de 2017, aunque podrían llegar antes vía 'autodisolución' de las Cámaras.
De alcanzar el 25-S sin que Rajoy se haya sometido al examen de las Cortes, las fuentes citadas, cercanas a Rivera, aseguran que Ciudadanos se replantearía el paso dado el 9 de agosto y regresaría previsiblemente a su posición anterior: voto en contra en la primera llamada y "abstención técnica" en la segunda, innegociables. Un planteamiento que junto al 'no' del PSOE en ambas votaciones, como reafirma Pedro Sánchez, haría imposible a Rajoy superar la investidura y conduciría a las terceras generales en apenas un año. El propio jefe del Gobierno en funciones dijo ayer a puerta cerrada a sus compañeros del Comité Ejecutivo del PP que no descartasen un nuevo emplazamiento a las urnas.
Rajoy dijo ayer a puerta cerrada a sus compañeros del Comité Ejecutivo del PP que no descartasen ir de nuevo a las urnas
Las fuentes de la dirección naranja niegan que C's esté reculando en el ultimátum lanzado la pasada semana a Rajoy para fijar la fecha de investidura y aceptar sus seis condiciones anticorrupción. A la espera del encuentro que Rajoy y Rivera protagonizan este jueves en el Congreso (el cuarto desde el pasado 26 de junio), en la formación centrista no creen que haya que romper el canal de comunicación abierto con el PP para desbloquear la situación porque entienden que "todavía no hay nada que romper, no hemos iniciado ninguna negociación". El partido de Rivera mantiene que su equipo de negociación sólo se sentará con el de los populares una vez que Rajoy fije fecha de investidura y acepte las seis medidas anticorrupción, algo que la dirección naranja espera saber este jueves, sobre todo por las urgencias económicas (aprobación del techo de gasto, paso previo a los PGE, y remisión a Bruselas). Los PGE de 2017 deben ser enviados a la Comisión Europea antes del próximo 15 de octubre.
"El señor Rivera no se va a sentar a negociar. Se va a sentar con el señor Rajoy para que le diga si firma el documento propuesto por Ciudadanos y si pone fecha a la investidura", aclaró ayer el vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas, sobre la cita de este jueves entre ambos líderes. El presidente del PP había afirmado horas antes que su Comité Ejecutivo no había sido convocado para aceptar o no las "condiciones" de Ciudadanos, sino para autorizar a la dirección nacional del partido a "iniciar una negociación" con los de Rivera en busca de un acuerdo de investidura.
El hecho de que la cúpula de C's se dé como plazo hasta el 25-S para seguir con su actual predisposición al acuerdo guardaría relación con el desenlace de los comicios vascos. Si el PNV necesita algún gesto del PP para permanecer en el Gobierno autonómico, los populares podrían aprovechar esta situación para arrastrar a los peneuvistas desde el 'no' (que sostienen ahora) a la abstención en una eventual investidura o incluso a un voto favorable. Ciudadanos, en cambio, ha insistido en que no aceptará un pacto entre populares y nacionalistas.
Los precedentes de la Mesa del Congreso
Cabe recordar que fue precisamente el voto en blanco de los nacionalistas en segunda vuelta (de PNV, antigua Convergència, Bildu, ERC y CC) el que permitió que la candidata popular a la Presidencia del Congreso, Ana Pastor, apoyada por C's, se impusiera en julio al socialista Patxi López, quien contó con el apoyo de Podemos y las mareas. Además, dos diputados de PNV y siete de CDC (que esperaba tener grupo propio gracias a los populares, algo que se truncó tras una declaración separatista del Parlamento catalán) votaron en secreto a favor de una Mesa del Congreso controlada por el centro-derecha (PP y C's).
Con todo, a Rajoy tampoco le salen las cuentas para ser investido con el apoyo de los cinco diputados del PNV, por mucho que el PP vendiera este respaldo nacionalista como ajeno, nunca buscado ni pactado, e incluso C's comulgara con ello. Al líder de los populares, sumando el escaño de CC, le faltaría todavía un diputado para llegar a los 176 de la mayoría absoluta. En otra combinación posible, la de la abstención de los cinco peneuvistas, previo 'sí' asegurado de Ciudadanos, Rajoy necesitaría en segunda vuelta seis abstenciones más (esta llamada requiere más 'síes' que 'noes'). Pero ni el PSOE de Pedro Sánchez ni la antigua Convergència se replantean ahora mismo abandonar su 'no'. Ni por asomo.
EL MECANISMO DE 'AUTODISOLUCIÓN' DE LAS CORTES
Desde hace semanas, en Moncloa ya trabajan con la hipótesis de un escenario condenado a terceras generales, momento en que el Gobierno popular en funciones podría impulsar una "autodisolución" de las Cortes -antes de que lo haga el Rey- para ir cuanto antes a las urnas y no alargar más la situación de interinidad del Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, lo apuntó el pasado 31 de julio en una entrevista en 'Abc'. Si finalmente no hay investidura, en medio del "vacío constitucional" al respecto, "bastaría con una declaración del Parlamento, que es el soberano, diciendo que no hay nadie que forme Gobierno y que, en ese momento, quedan disueltas las Cortes. O lo que es más probable, que empiezan a correr los dos meses para que se disuelva el Legislativo", declaró Margallo. Los PGE, por tanto, serían prorrogados.
El jefe de la diplomacia del país citó el precedente que se usó tras el 'tamayazo' en 2003 para disolver la Asamblea de Madrid y volver a convocar elecciones autonómicas. Aquel episodio contó con el aval de un informe del Consejo de Estado, según el cual, si no hay un aspirante a la investidura, "la respuesta del Derecho no puede consistir, sin intolerable desdoro para la función del jurista, en propiciar la celebración de una votación de investidura de resultado negativo previsto (y hasta cierto) con el único fin de escenificar el cumplimiento de la letra de la norma".
