La figura anglosajona del "whistleblowder" (relevador de secretos) no está regulada en España, una carencia que Ciudadanos se ha propuesto resolver dentro de su apuesta por la regeneración democrática. El primer paso en firme lo dará en las Cortes de Castilla y León, donde la formación de Albert Rivera tiene previsto presentar en breve una iniciativa al respecto. Desde C's consideran que los empleados públicos no gozan de suficiente protección a la hora de lanzarse a denunciar irregularidades en la Administración. De hecho, en los últimos años se han sucedido episodios de ceses y cambios de destino de funcionarios honrados que dieron la voz de alarma en sonados casos de corrupción.
A la espera de realizar una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios y con el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, la delegación de Ciudadanos en Castilla y León, con Luis Fuentes al frente, ya baraja algunas propuestas técnicas para ser incluidas en la redacción de dicha iniciativa parlamentaria. El objetivo es la creación de un "sistema de garantías al que puedan acogerse los empleados públicos que destapen irregularidades en la Administración", apuntan. En conversación con Vozpópuli, el secretario regional de Comunicación y cabeza de lista al Congreso por Salamanca, Pablo Yáñez, ha desvelado a este diario algunas de esas ideas que sondea su partido y que serán expuestas a las demás fuerzas políticas en las próximas semanas. De estos trabajos se está encargando el diputado Manuel Mitadiel.
De momento, Yáñez señala que un punto fuerte de la iniciativa podría ser involucrar a la Inspección General de la Junta de Castilla y León, en teoría un órgano de independencia política, en la salvaguarda de los funcionarios que filtrasen anomalías en la gestión pública. "El miedo a las represalias no pueda funcionar como cómplice de aquellos comportamientos y aquellas actuaciones que en el seno de la Administración pervierten el sentido de servicio a la ciudadanía que debiera caracterizarla", recalcan desde Ciudadanos.
El responsable de Comunicación subraya que la Inspección se encargaría de corroborar durante un determinado plazo de tiempo si el funcionario-revelador sufre algún tipo de venganza, velando así por sus condiciones laborales. Además, el portavoz de C's detalla que habría que valorar también si el whistleblowder puede seguir ejerciendo en el mismo destino tras destapar un escándalo.
"Nadie mejor que los propios funcionarios para detectar irregularidades en la Administración", sostiene Yáñez
Otra opción, revela Yáñez, sería la creación de un organismo de protección dentro de la Administración autonómica, si bien insiste en que desean escuchar las propuestas de los demás grupos en este sentido. "El camino hay que dibujarlo", agrega. El dirigente de C's destaca que su formación no plantea esta cuestión para ir contra el Gobierno regional, en manos del PP, sino todo lo contrario. Ciudadanos, que facilitó la investidura de Herrera tras la firma de un acuerdo de 31 puntos (el documento no incluye esta protección al empleado-filtrador), no pretende "arrastrar" a la Junta a esta actuación, sino "implicarla, que sea la que encabece dicha iniciativa que hemos puesto sobre la mesa", sostiene Yáñez.
"El primer interesado en que las anomalías salgan a la luz debe ser el propio Gobierno de Castilla y León", declara el portavoz de C's. En su opinión, "nadie mejor que los propios funcionarios, que trabajan en la Administración, para detectar y denunciar las irregularidades que allí se producen". Eso sí, el secretario de Comunicación resalta que ello requiere que esos empleados públicos tengan un mayor respaldo laboral en el aspecto normativo. De este modo, C's contempla también la posibilidad de una modificación de la Ley de Función Pública.
"En el fondo, son personas que están viendo cómo se comete una infracción y que al día siguiente, si lo denuncian, tienen que ir a trabajar con el mismo jefe o los mismos supervisores", ilustra Yáñez. Este dirigente indica que en los últimos meses han recibido sucesivas cartas y quejas de particulares reclamando ayuda y soluciones políticas al respecto.
De la trama Púnica al 'caso Cooperación'
El papel jugado por whistleblowders en recientes casos de corrupción ha sido determinante a la hora de dar con la raíz del escándalo. Por ejemplo, el caso Púnica, la trama de corrupción que estalló al PP con epicentro en Valdemoro, ha avanzado a buen ritmo gracias a que tras las primeras detenciones, realizadas el 27 de octubre del año paso, hubo un aluvión de revelaciones a la Guardia Civil por parte de funcionarios municipales.
En la lista de deshollinadores de otros casos mediáticos se hallan José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda que denunció Gürtel; Ana Garrido, la extrabajadora del Consistorio de Boadilla del Monte que hizo lo propio sobre la misma trama; el comisario de Policía Judicial José García Losada, cesado cuando investigaba los papeles de Bárcenas; Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat valenciana que se negó a firmar pagos al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin; los tres funcionarios (Carmen Dolz, Sergio Aguado y Teresa Clemente) que plantaron cara al exconsejero valenciano Rafael Blasco en el caso Cooperación; o la exjefa adjunta de la oficina técnica de la Agencia Tributaria Dolores Linares, que se opuso a anular una multa de Hacienda a la cementera mexicana Cemex.
El Gobierno se limita a la normativa de "acoso laboral"
Un antecedente parlamentario sobre este asunto se halla en una pregunta escrita que la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, dirigió al Gobierno en julio del año pasado. La exlíder magenta planteó al Ejecutivo si piensa "regular en nuestro país la figura del 'whistleblower' para proteger a los empleados públicos que destapan abusos y corrupción dentro de la administración pública". En su exposición de motivos, Díez aludió a que Estados Unidos, por ejemplo, ampara al empleado público que se atreve a formular este tipo de denuncias. Este país, añadió, también establece el imperativo legal de investigar los casos denunciados.
Por otro lado, en el Reino Unido, apuntó la diputada magenta, la Ley de Declaración de Interés Público, de 1998, proporciona "un marco de protección jurídica para las personas que divulguen información sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles delitos de los cargos políticos"
Además, Díez subrayó que en Europa sólo Reino Unido, Luxemburgo, Rumania y Eslovenia poseen una cobertura legislativa "avanzada" en esta materia. Mientras que España se encuentra entre los siete países de la UE que no cuentan aquí "con ningún tipo de legislación".
En su respuesta, tramitada el pasado febrero, el Gobierno se limitó a recordar la normativa ya existente sobre "acoso laboral" y aludió a un informe del Ministerio de Justicia para la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -este miércoles fue aprobada en el Senado-, que estudiaba posibles mejoras en materia de protección de los denunciantes, "con el objeto de proteger la confidencialidad de las denuncias efectuadas para determinados delitos". Sin embargo, finalmente, esto no se ha plasmado en el texto definitivo. El Ejecutivo sigue eludiendo una regulación de la figura del whistleblowder en la Función Pública.
