"Dijeron que eran del CNI y que necesitaban información de Venezuela". Con estas palabras, el que fuera jefe de los espías de Hugo Chávez, Carlos Luis Aguilera Borjas, relató en sede judicial la "extorsión" de la que habría sido víctima por parte de una red que le garantizó inmunidad ante la Justicia española, a cambio de dos millones de euros y de información confidencial de los vínculos de su país con el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.
El que fuera secretario privado de Chávez compareció por videoconferencia el pasado 6 de octubre en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que investiga a más de una decena de personas acusadas de extorsionar a exaltos cargos bolivarianos. El denunciante desgranó durante más de una hora a puerta cerrada la operativa de la trama que le vendió contactos al más alto nivel en la Administración española, según se desprende de su declaración íntegra a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Aguilera, que compareció el mismo día que los imputados, relató que todo comenzó cuando le contactó Rafael Isea, exministro y hombre de confianza de Hugo Chávez. Al encuentro no acudió el político, pero sí lo hicieron el lobista Martín Rodil, quien se presentó como colaborador de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y el banquero Ran Benahmu. "Me preguntaron si tenía algún tipo de problema y me manifestaron que sabían de dónde venía mi dinero" explicó ante la juez.
Los miembros de este clan -a quienes se les imputa organización criminal- le trasladaron que el Sepblac iba tras su rastro en el marco de las investigaciones abiertas entonces por presunto blanqueo con la millonaria fortuna que amasaba en Andorra. "Entendí que había una forma de presión hacia mi persona", declaró.
Contactos en la Policía y el Sepblac
No pasaron ni quince días de esta primera toma de contacto cuando comenzaron a aparecer informaciones en España que le vinculaban al escándalo del saqueo de la petrolera estatal, PDVSA, del que asegura no saber nada. Ello dio pie a una primera reunión, ya en Madrid, en la que le ofrecieron una gestión reputacional y los servicios del abogado José Aliste, conocido de José Manuel Villarejo y también imputado en la causa.
"Me dijeron que iban a hacer una búsqueda en los organismos de seguridad españoles, desde el Sepblac hasta la Policía, y que iban a evitar cualquier proceso legal hacia mi persona", manifestó. El también exguardaespaldas de Chávez dijo que "alardearon" de proteger a figuras cercanas al exdirigente como la que fuera su enfermera Claudia Patricia Díaz (acusada de blanqueo de capitales) o los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa. Este último incluso confirmó los hechos en su cita ante la juez apuntando a reuniones con el exdirector general Adjunto de la Policía, Eugenio Pino.
Poco tiempo después de generar la crisis y ofrecerle sus servicios le reclamaron, a cambio, "información sobre la situación de Venezuela". Aguilera -considerado pieza clave en el gobierno de Chávez- les respondió que su opinión sería "muy humilde" puesto que estos hechos se producen en 2015 y él dejó de dirigir los servicios de inteligencia de Venezuela en 2002. "Me reuní con ellos unas dos o tres veces y, de verdad, solo preguntaban por la situación de Venezuela", apostilló.
Yo sentí una extorsión desde el principio, porque me hablaron de darle solución a mi problema y de que el coste iba a ser de dos millones de euros
Con todo, la red, a la que Anticorrupción atribuye una estafa de 4 millones, también le pidió información de los vínculos de Podemos con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Él respondió que no tenía, dado que dejó de integrar el núcleo duro del gobierno hacía años, pero recurrió a Miguel Rodríguez Torres, mayor general del Ejército de Venezuela y también exdirector de la agencia de Inteligencia. "Me dijo que no tenía nada contra Podemos" apostilló.
Podemos y Monedero
La trama se interesó especialmente por Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la formación morada a quien 'El Pollo' Carvajal, exjefe de la Inteligencia chavista, señaló por presunta financiación irregular con fondos de PDVSA. "¿Pero (esas cuestiones) eran por una investigación policial en curso?", se interesó uno de los letrados, a lo que Aguilera respondió: "No. No era para nada una investigación formal".
Aguilera confirmó a preguntas de Anticorrupción que se sintió extorsionado y que, pese a que alguno de los imputados se hicieron pasar por miembros del CNI, pronto se dio cuenta de que los servicios que le vendieron "no llegaron a nada". A cambio, sin embargo, pagó 400.000 euros desde una de sus empresas, aunque el coste inicial se estipuló en dos millones. La Policía Judicial sostiene que el principal motivo de estos pagos se debía a su intención por recuperar dinero depositado en la banca portuguesa Espírito Santo.
No obstante, quiso aclarar que los servicios que le ofreció Aliste Martín estaban dentro de la legalidad. Entre ellos se encontraban agilizar la concesión del pasaporte o facilitar la apertura de cuentas en bancos españoles, teniendo en cuenta que tenía los fondos congelados por la investigación vigente en Banco de Madrid por posible blanqueo de capitales.
Los imputados niegan los hechos
Tras Aguilera, comparecieron un total de siete imputados en estas diligencias. Todos ellos desmintieron haber cometido irregularidad alguna y algunos se desligaron por completo de la red como es el caso de Alberto Galán. El exmilitar israelí, que fue el último en comparecer, dijo que conocía a Martín Rodil desde 2007 y que sus encuentros siempre fueron en sedes federales en Estados Unidos.
La UDEF debería tener un Nobel de física por inventar la máquina del tiempo, porque el dinero viaja hacia atrásDeclaración de Alberto Galán
Asimismo, también dijo que no se le puede vincular de ninguna forma con el pago que hizo Nervis Villalobos de seis millones a Martín Rodil porque dicha operación es de 2016 y Rodil le hizo el abono a él un año antes. "O estamos hablando de un delito retroactivo o alguien de la UDEF debería tener un Nobel de física por inventar la máquina del tiempo, porque el dinero viaja hacia atrás", expuso.
Antes de Galán comparecieron el abogado José Aliste; el policía municipal Daniel Renuncio (identificado como mediador de la red) y su esposa Concepción Valenzuela; David Barrigüete (inspector de la Policía que se presentaba a las víctimas como miembro del CNI) y su esposa Noelia Serrano, además del policía vasco jubilado José Manuel Betanzos. Este último negó haber recibido pagos de la trama y descartó que tuviera dinero en el extranjero.
De todos ellos Aliste fue el que más detalles de la red ofreció. El que fuera abogado de Javier Alvarado Ochoa confirmó la declaración judicial del político, cuyos audios avanzó este medio, y dijo que entregó a la cúpula policial de 2015 documentación crucial de puntos de pago a empresas españolas y de presuntos sobornos para colaborar con la Justicia.
"¿Usted sabe qué hizo en ese caso el director adjunto operativo de la Policía o qué hicieron las personas con esos casi 10.000 folios que dice usted que entregó el señor Alvarado?", le preguntó el actual letrado del venezolano. "Yo sé lo que hice yo. Yo analicé los documentos. Cuando los vi le dije a Alvarado si era consciente de lo que estaba entregando. El DAO (Eugenio Pino) dijo que él iba a transmitir a la Policía la documentación para que siguiesen las pautas que tenían que seguir. Denunciaba delitos que se habían cometido en Venezuela y cosas que también afectaban a España porque algunos de esos tenían operaciones o habían hecho cosas en España", expuso.
Los investigadores no pudieron contar con el testimonio de Martín Rodil, que no compareció, y tampoco con el de Luis Fernando Vuteff, empresario argentino yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma. Todos ellos están implicados en la trama que comenzó a investigarse en el marco de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por el saqueo de PDVSA. La Policía mantiene que la organización criminal canalizó a través de facturas ficticias "millones de euros" procedentes de dinero presuntamente ilícito de exaltos cargos del Gobierno de Chávez.
